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PRECARIZACIÓN LABORAL

Trabajadoras de Desarrollo Social exigen un freno a los despidos ilegales en Tucumán

Trabajadoras y trabajadores del Instituto Goretti y de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DiNAyF) de Tucumán se movilizaron en rechazo a los despidos y exigiendo el pase a planta permanente de muchos empleados precarizados que tienen hasta 7 años de antigüedad

Miércoles 18 de noviembre | 12:53

Trabajan bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Gabriel Yedlin (PJ/Frente de Todos), de quien depende directamente la secretaria del área Lorena Málaga. Les informaron que ya no les renovarían el contrato inventándole casusas por “incumplimiento sanitario”, en otras palabras, las acusan de haber llevado el COVID al instituto. Exigen la continuidad laboral y el pase a planta de todos los precarizados, pero la directora de la institución Cecilia González, que asumió este año su cargo, se negó a recibir a los representantes del gremio que le solicitaron una reunión.

Luego de 8 meses de pandemia y medidas de aislamiento social, la crisis social y económica golpea fuerte sobre la clase trabajadora. La idea de estabilidad laboral que se asocia a ser “empleado estatal” contrasta con la enorme cantidad de denuncias que se vienen expresando desde marzo: precarización, deudas y atrasos salariales, aprietes, inestabilidad y pésimas condiciones de higiene y seguridad. Esta vez el escándalo lo detonó la noticia del nombramiento de decenas de nuevos cargos que ingresaron directamente a la planta transitoria o permanente de la cartera, pasando por encima de muchos trabajadores que llevan años con los expedientes archivados.

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No son las primeras durante la pandemia, aprovechándose de contratos basura, la prohibición de los despidos de Alberto Fernández no reguló al propio estado. “Denunciamos y repudiamos las irregularidades del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán que, en plena crisis mundial a causa del COVID 19, no solo despide trabajadorxs mientras designa a familiares de funcionarios sino que, además, incumple su propia reglamentación al no efectivizar los pases a planta de cientos de compañerxs que ya cumplen con la antigüedad necesaria, algo que nos corresponde por ley”. Son quienes se movilizaron esta mañana cortando la Av. Benjamín Aráoz, con el acompañamiento de un sector de ATE que responde a Jorge Flores, un desprendimiento de la conducción actualmente enfrentado al secretario general Marcelo Sánchez. Durante todos estos meses, las conducciones sindicales brillaron por su ausencia.

Por su parte, el Instituto Roca concentra un buen número de incorporaciones a partir de la creación del Centro de Admisión y Derivación, surgido de la reforma el código procesal penal. Los trabajadores denunciaron que este nuevo personal no solo ingresó directamente a planta, sino que además con categorías mayores a quienes vienen haciendo la misma función hace 7 años con contratos precarios. Realizaron asambleas y exigieron a la Asociación de Trabajadores Estatales el llamado a un paro de actividades, que fue suspendido ante la imposición de una conciliación obligatoria. Mediante un acta, el Ministerio se comprometió a una equiparación salarial y a sacar de los cajones los expedientes archivados. Sin embargo, no tienen una fecha cierta y se mantienen en estado de alerta y movilización.

No son los únicos sectores. La precarización, el maltrato laboral y el clientelismo político atraviesan todo el Ministerio de Desarrollo Social de principio a fin. El “plan estratégico 2020” incluyó un discurso que puso como objetivos “reconstituir el tejido social”, “cuidar en primer lugar a los sectores sociales con menores oportunidades” y “garantizar derechos”. Pero parece que esto no incluye a los que sostienen con su trabajo las labores del ministerio.

En Izquierda Diario fuimos dando cuenta de todas las denuncias que comenzaron en marzo, cuando pusieron en evidencia la hipocresía del slogan #CuidemosALosQueCuidan denunciando deudas del 2019, exigiendo la continuidad laboral y desenmascarando el negocio de las fundaciones que tercerizan –precarizando aún más-.

En abril se sumaron al reclamo las trabajadoras del Observatorio de la Mujer visibilizando la desfinanciación del programa, cuando ya se vislumbraba el impacto de las medidas de ASPO en relación a la violencia de género y los femicidios. Muchas de estas trabajadoras terminaron renunciando, cansadas de los maltratos. En mayo con los mismos reclamos se alzaron las Cocinas Comunitarias, Comedores Infantiles y los Centros de Cuidado y Nutrición Infantil.

De junio a agosto ya se volvieron una urgencia los reclamos ante las pésimas condiciones de higiene y seguridad de los institutos, llegando a la expresión máxima de la desidia con el brote de COVID y la ausencia total de protocolos en la Casa Cuna y el Hogar Eva Perón.

Los reclamos al gobierno y las patronales comienza a extenderse en la provincia. Las caravanas docentes, de la salud, del Plan Fines, municipales del Este y del Sur, y también en el ámbito privado como los trabajadores del Citrus, los choferes de la línea de colectivos, empleados de comercio y call center. Se suman a la pelea de los sectores mas golpeados que también luchan por un pedazo de tierra para vivir. Mientras el gobierno nacional acaba de cerrar un presupuesto hecho a la medida de las exigencias del FMI, la organización democrática desde las bases y la unidad de los trabajadores para imponer medidas de lucha a las conducciones sindicales se pone a la orden del día.







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