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Red Internacional

Derecho a la vivienda.Tierra para vivir: un reclamo que los gobiernos reprimen mientras hacen campaña electoral

Mientras en campaña electoral el gobierno anuncia la entrega de casas, no solo la cantidad que entrega es mínima con respecto al déficit habitacional que llega a más de 3 millones de viviendas, sino que al recorrer el país vemos que la respuesta real, y sin grietas, viene siendo el desalojo y la represión a quienes luchan por tierra para vivir.

Juana Galarraga@Juana_Galarraga

Gloria PagésHermana de desaparecidos | CeProDH | @Gloria_Pages

Viernes 10 de septiembre | 23:18

El 17 de agosto, en plena campaña electoral, Alberto Fernández, junto a Cristina Fernández y el ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, entregaron “la casa número 20 mil desde el inicio de su gestión”, en la Isla Maciel. En el marco de la presentación del “Plan Hábitat Integral”, aseguraron que la vivienda es una prioridad para su gobierno y prometieron entregar un total de 100 mil viviendas para fin de año.

“No puede ser que en pleno Siglo XXI los argentinos tengan que penar por un techo”, dijo el 15 de julio, en la inauguración de una planta depuradora de Aysa en Guernica. Cinco días después, el 20 de julio, se cumplió un año de la toma de tierras en Guernica y nueve meses de la represión que ordenó el gobernador Axel Kicillof y que comandó Sergio Berni.

El 24 de junio, Fernández dijo que su deseo es hacer felices a los argentinos, en un acto de presentación de un plan de viviendas para mayores de 60 años, del que según denuncian trabajadores del PAMI, todavía no hay ni noticias.

El 20 de julio la periodista de este diario, Celeste Vázquez, hizo un repaso por los reclamos de tierra para vivir que atravesaban todo el país. Mostró cómo la respuesta de los gobiernos, nacional y provinciales, como en Guernica, sigue siendo la represión. Para esto no hay grieta: gobierne el Frente de Todos o Juntos/Cambiemos.

Lejos de los actos de campaña las luchas continuaron. El 3 de agosto las familias del Barrio La Sexta de Rosario fueron desalojadas por la policía santafesina. Denuncian que el desalojo está al servicio del lobby inmobiliario. El gobierno municipal, a cargo del radical Pablo Javkin, y el gobernador oficialista, Omar Perotti, no atienden sus reclamos y una vez más, la respuesta ha sido la represión.

El domingo 15 de agosto las familias del Barrio El Carmen, Berisso, celebraban el día de las infancias cuando llegó la Policía Bonaerense. Los efectivos irrumpieron con balas de goma, gases y palos contra quienes pretenden asentarse en terrenos deshabitados. En cuestión de minutos la represión se convirtió en cacería y los gases cayeron por igual entre niños, adultos mayores, madres o vecinos que se asomaban. El día de la niñez terminó con 20 personas detenidas, entre ellas una mujer y un niño.

El 31 de agosto trascendieron las imágenes de docentes que daban clases a 60 chicos de la toma de terrenos lindantes al ferrocarril Belgrano Sur, en la villa 21-24 de la ciudad de Buenos Aires. Tuvieron que hacerlo sobre un andamio, por arriba de un paredón con el que la Policía Federal y de la Ciudad habían cercado el barrio.

En la ciudad más rica del país, gobernada por Horacio Rodríguez Larreta (Juntos), las fuerzas represivas mantuvieron durante semanas en un verdadero guetto a las cerca de 200 familias que resisten en lucha por un techo. "Hay chicos con miedo y personas mayores descompuestas de los nervios. No dejan entrar ni salir a nadie del predio", relataba un vecino a este medio. “Quise entrar con alimentos y la policía me apuntó con una escopeta en el pecho”, denunciaba otro vecino.

Ese mismo martes 31 de agosto, en la provincia de Jujuy, el gobernador Morales mandaba a la policía a desalojar, si siquiera tener una orden judicial, a una familia campesina en El Fuerte, al este de la provincia. Las denuncias señalan que esto está vinculado con la aprobación en la Legislatura de la reciente Ley 6235, por parte del oficialismo, que permite el accionar ilegal por parte del Estado con las fuerzas policiales para desalojar a familias campesinas o comunidades indígenas.

En la ciudad bonaerense de Campana, las familias, con niños y ancianos que tomaban terrenos frente al barrio San Cayetano en la ruta que conecta Campana con Zárate venían sufriendo distintos ataques: les cortaron el agua y también recibieron amenazas desde el municipio que lidera Sebastián Abella, de Juntos. En la madrugada del miércoles 3 de septiembre, fueron desalojados violentamente mediante un operativo policial que irrumpió en las casillas de los vecinos destrozando bienes y materiales. ‘’Nosotros no queremos plata, queremos un lugar donde vivir. Como nosotros somos pobres, nadie nos escucha’’, decía a La Izquierda Diario uno de los trabajadores que se encontraba en los terrenos. Mientras las familias quedaron en la calle, el intendente Abella cumple con represión al servicio de los negocios inmobiliarios de unos pocos.

Ese mismo día, en Junín, Provincia de Buenos Aires, el gobierno municipal comandado por Pablo Petreca (Juntos), junto al Jefe de Seguridad, Luis Chami, desataron una violenta represión sobre un grupo de familias, que terminó, como ya es norma, con la destrucción de las viviendas construidas y el robo de chapas y herramientas. Las familias que habían comenzado a limpiar tres manzanas de terrenos municipales y a levantar precarias casillas de madera y chapa para tener un lugar donde vivir. "Hay mucha necesidad", afirmó una vecina en declaraciones para un medio local, "hay personas que viven con familiares o que pagan alquileres carísimos y el presupuesto no nos da”.

En la Patagonia, en la ciudad de Bariloche, en la ladera del Cerro Otto, un grupo de 400 familias ocupó un terreno para construir casas, el 6 de septiembre, las familias salieron de una audiencia de negociación con el municipio y se enteraron de que el juez dictó la orden de desalojo. Una verdadera provocación, que se suma al permanente hostigamiento y el cerco, como en la villa 21-24 de la CABA, que había hecho la policía de Río Negro, gobernada por Anabela Carreras (Juntos). En Bariloche se calcula un déficit de 10.000 viviendas, que contrasta con las mansiones en la costa del lago, los hoteles 5 estrellas que son del empresariado que vive del negocio inmobiliario y del turismo. Mientras los trabajadores, que limpian esos hoteles, atienden en los restaurantes y comercios no llegan a pagar el alquiler.

3 millones de personas habitan en terrenos o viviendas tomadas y más de la mitad de la población vive en hogares que carecen de al menos un servicio básico. Mientras, el gobierno viene pagando al FMI sin pausa, y descargando ese ajuste, en medio de la pandemia, contra las familias trabajadoras.

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A ritmo lento y con sabor a poco

Según el Gobierno las viviendas entregadas el 17 de agosto “fueron finalizadas a través del Programa Reconstruir.

“El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat está avanzando actualmente en la construcción de 35.329 viviendas a lo largo y ancho de toda la Argentina a través de los programas mencionados, a las que se sumarán otras 20.000 durante el mes de agosto, mientras que durante septiembre, octubre y noviembre se iniciará la construcción de 48.000 casas más. Todas estas obras permitirán que hacia fin de año el Gobierno Nacional tenga en ejecución más de 100.000 viviendas”, sostiene un comunicado.

El 5 de agosto Jorge Ferraresi encabezó la 92° Asamblea Ordinaria del Consejo Nacional de la Vivienda. Allí se analizó el avance de la política habitacional del Gobierno:

  •  Programa federal Casa Propia
  •  Procrear II
  •  Plan Nacional de Suelo Urbano
  •  Reconstruir
  •  Subprograma Casa Propia - Casa Activa para personas mayores de 60 años
  •  Subprograma Habitar Comunidad para construcción de viviendas en comunidades rurales

    Estos programas serían la batería de políticas desplegadas con el objetivo, según Ferraresi, de planificar la construcción de 75 mil viviendas por año a partir de 2022.

    La cifra actual del déficit habitacional se basa en el censo 2010, dado que el censo 2020 no pudo hacerse por la pandemia. Según los números de 11 años atrás alcanza a 3,5 millones de hogares:

    -1,3 millones de viviendas faltantes (déficit cuantitativo)

    - 2,2 millones de viviendas que no proveen a quien la habita las condiciones mínimas para mantener un nivel de vida digno (déficit cualitativo)

    Estimaciones más recientes indican que las cifras no variaron mucho hasta 2018/2019. La cantidad de tomas de terrenos y represiones desatadas contra las familias en lucha por un pedazo de tierra para vivir, dan cuenta de que este flagelo dio un salto con la pandemia. Se multiplicaron los casos de personas con empleos precarios que no pudieron seguir pagando un alquiler.

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    Según anunciaba el Gobierno en diciembre de 2020, al presentar el plan de créditos Casa Propia, con el Programa Federal de Viviendas, pensado como plan trienal, es decir, hasta el final del mandato en 2023, prevé resolver un total de 264 mil soluciones habitacionales. Esto a través del conjunto de programas vigentes y a través del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI).

    ¿Esto es mucho o poco para dar respuesta al reclamo habitacional? Si Ferraresi lograra sostener el plan de entregar 75 mil casas por año y los sucesivos gobiernos continuaran con ese ritmo, solucionar el déficit habitacional actual llevaría 46 años.

    Esto suponiendo que se mantenga estático a niveles de 2010 y que no crezca. Si se avanzara de a 264 mil viviendas por mandato presidencial se necesitarían 52 años.

    Un dato que no hay que dejar de mencionar, es que el gobierno nacional redujo más del 10 % del presupuesto original para vivienda de 2021 y ese ajuste va directamente al pago de los intereses de la deuda. Esto, en medio de la pandemia y de los enormes sufrimientos de las familias trabajadoras.

    La respuesta al reclamo que recorre el país por tierras y casas para vivir, en términos de presupuesto es penosa. Lo que sí hay, sin grieta, son desalojos, hostigamiento y represión. Tanto el gobierno nacional como los provinciales se han encargado de garantizar los negocios de los terratenientes y el lobby inmobiliario.

    Con la mitad del préstamo otorgado por el FMI en 2018 a Macri, alcanzaba para mejorar la habitabilidad de más de 4 millones de personas. Pero la deuda fue destinada en su mayoría a la fuga de capitales y pagar préstamos anteriores. Las familias trabajadoras no fueron beneficiadas con un solo dólar.

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    Para pagar esa misma deuda fraudulenta, hoy el Frente de Todos descarga el ajuste contra los trabajadores y el pueblo pobre, de la mano de la derecha cómplice. Solo el Frente de Izquierda Unidad señala esto, y que es urgente desconocer esa deuda y poner todos los recursos para resolver la profunda crisis habitacional.




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