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DECLARACION CRT

Tercera ola: un programa de acción urgente para impedir un nuevo crimen social contra la clase trabajadora

El personal sanitario lleva semanas advirtiéndolo. La tercera ola está aquí y puede provocar un pico de contagios y mortalidad mucho mayor que la segunda de otoño e incluso mayor que la primera de la primavera. Las cifras son nuevamente aterradoras. Más de 800 fallecidos en las últimas 48 horas, más de 40 mil positivos diarios y las UCIs ocupadas ya al 37% en promedio por pacientes Covid, rebasando el 40 % en las comunidades más afectadas.

CRT Estado Español

Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras | @CRTorg

Lunes 25 de enero | Edición del día

Si en octubre la excusa del gobierno central del PSOE-Unidas Podemos y los gobiernos autonómicos de haberse topado con una calamidad sobrevenida ya no servía, mucho menos cuando nos acercamos al primer aniversario de la pandemia. El inminente colapso sanitario y los miles de muertos engrosan este crimen social del que las diferentes administraciones son las responsables directas.

El (anti)plan de vacunación

Mientras tanto la campaña de vacunación sigue avanzando a cuentagotas y sobrecargando aún más al personal sanitario de la atención primaria, de por sí exhausto tras meses en la primera línea del testeo y rastreo. A casi un mes del inicio de la campaña, hay tan solo 68.456 personas que han recibido las dos dosis necesarias. Al lento ritmo de vacunación se suma el caos. Un verdadero (anti)plan con episodios tan propios de un filme de Berlanga, como que muchas comunidades no dispongan de las jeringuillas adecuadas para suministrar la dosis exacta y esto lleve a que un 20% de las mismas se esté desperdiciando. ¿Ni algo tan básico era previsible cuando la posibilidad de implementar un plan de vacunación a principios de 2021 viene sonando desde hace meses?

La sanidad pública... en la UCI

Cuando la capacidad de las unidades de cuidados intensivos se va acercando nuevamente a niveles críticos, a día de hoy el Gobierno “más progresista de la historia” se sigue negando a tomar medidas elementales para abordar la emergencia sanitaria como sería la incautación sin indemnización de todas las camas y recursos de la sanidad privada, que en algunas comunidades como Madrid o Catalunya suponen casi la mitad del total disponible. Mientras hospitales como el de La Paz de Madrid mantiene pacientes en pasillos y cafeterías, y otros cientos son trasladados a centros como el Isabel Zendal donde sanitarios y usuarios vienen denunciando la falta de medios y la precariedad de la atención recibida.

Tampoco, en casi un año de pandemia, se ha aprobado la contratación masiva de los 80 mil sanitarios que los sindicatos del sector calculan que serían necesarios para un verdadero refuerzo del sistema a la altura de las circunstancias. Las limitaciones a la contratación pública, impuestas por el PSOE y el PP en la década de ajustes posterior a la crisis de 2008, siguen vigentes, y llevaron al colmo de que buena parte del refuerzo Covid de la primavera fuera despedido en junio y no se haya reincorporado todavía.

Restricciones para todo, menos para ser explotados

La pandemia se extiende también por la negativa a tomar medidas que blinden nuestra salud por encima de los beneficios de los grandes capitalistas. Prohíben las reuniones de más de 6 personas, o incluso de 4, pero no les importan que viajemos a centenares en el transporte público. Nos quieren a todos en casa cada vez más temprano, pero las familias trabajadoras no pueden ausentarse del trabajo sin perder el salario durante las cuarentenas de sus hijos e hijas. Quieren que la actividad económica no se paralice, pero dejan que miles de empresas sigan sin proveer de medios y protocolos contra el contagio -empezando por la propia administración que, por ejemplo, se niega a hacer pruebas PCR a los docentes cuando se da un positivo entre el alumnado-, mientras miles de pequeños comercios se ven ahogados por los monopolios, los bancos y las grandes empresas teniendo que cerrar.

La principal receta del gobierno central y los autonómicos es la misma que en las olas anteriores: restricciones de movilidad y actividad, compensando solamente a las grandes empresas de los efectos colaterales, y negarse a tomar las medidas necesarias para el refuerzo radical de todo el sistema de prevención, testeo, rastreo, aislamiento digno de los positivos y, por supuesto, atención de los casos graves sin llevar al colapso el conjunto del sistema sanitario.

Con el Estado de Alarma permanente el super ministro Illa -a la vez que hace campaña para gobernar la Generalitat junto al Poder Judicial y aún a costa que las elecciones se celebren en el que se prevé será el peor momento de esta ola- ha dictado junto a las comunidades toques de queda, confinamientos perimetrales y restricciones o cierre de algunas actividades no esenciales más ligadas al contacto social, como el ocio, el deporte o la hostelería.

La precariedad y la pobreza también nos está matando

Este crimen social no es solo sanitario. La otra cara que le acompaña es la de la aguda crisis económica que sigue dejando a millones sin empleo, en la precariedad más absoluta y en la pobreza. Además, en muchas zonas del Estado, en especial en Madrid, esta tercera ola cae sobre los efectos dejados por el temporal Filomena, que ha puesto nuevamente en evidencia las consecuencias sobre las vidas de las mayorías trabajadoras y populares de los efectos de años de recortes, privatizaciones y políticas neoliberales -tanto por parte de la derecha conservadora como por la izquierda social liberal- en servicios de limpieza o prevención, y las políticas en favor de las empresas energéticas, en situaciones críticas como estas. Cortes de luz, calles colapsadas por hielo y basura sin personal que lo retire, centros educativos cerrados, calefacciones obsoletas que no funcionan.

El gobierno vende un relato del “rescate social” que cada día se sostiene menos. Las ayudas aprobadas no han pasado de ser migajas para paliar la miseria, como el ingreso mínimo vital, que ni siquiera ha cubierto a un 10% de los beneficiarios previstos – que era una cifra de por sí escandalosa, puesto que 1 millón de personas viven bajo el umbral de la pobreza-. La moratoria de los desahucios, después de un otoño con miles de lanzamientos, llegó con la garantía de que los grandes tenedores recibirían sus rentas a costa de las arcas públicas. La supuesta garantía de suministros de agua y luz ha saltado por los aires con cortes criminales como el la Cañada Real o la subida de cerca del 30% del precio de la luz en plena ola de frío. El desempleo sigue subiendo, ya por encima del 16%, junto a una intensificación de la precariedad, mientras siguen sin tocarse los beneficios empresariales y se subvenciona, mediante los ERTEs, los salarios de las grandes empresas.

Los ministros y ministras de Podemos e Izquierda Unida, más allá de las declaraciones "progres" que hacen por los medios, son totalmente cómplices del PSOE, con quien están gestionando esta crisis de forma favorable solo para los capitalistas.

Contra esta catástrofe es urgente levantar un verdadero programa de rescate para las grandes mayorías obreras y populares, que afecte decididamente los intereses de los capitalistas para garantizar salud, empleo, educación, vivienda, ocio seguro y una vida digna.

10 medidas de emergencia para evitar un nuevo crimen social contra la clase trabajadora

1. Vacunas para todas y todos en forma urgente y efectiva, coordinada por profesionales de la salud

Al mismo tiempo que se bate récord de contagios y los hospitales están al límite, el plan de vacunación avanza a paso de tortuga en medio del caos, la falta de protocolos, la perdida de dosis por falta de materiales adecuados, la ausencia de un plan claro de distribución y el retraso de los envíos de las farmacéuticas, multinacionales que especulan con las vidas de millones de personas en todo el planeta. Todo mientras políticos corruptos, altos cargos militares y gerentes de empresas de saltan la cola para vacunarse. Es necesario luchar por que se implemente un plan racional masivo y acelerado de administración de la vacuna a toda la población, contratando todos los recursos humanos y materiales disponibles para ejecutarlo. La gestión de la campaña de vacunación tiene que estar controlada por comités de profesionales de la salud pública y usuarios.

2. Refuerzo de la sanidad pública, en hospitales y atención primaria. Reversión de las privatizaciones en el sector sanitario.

Como vienen exigiendo las y los trabajadores sanitarios, es urgente pelear y exigir la contratación de todo el personal necesario, su pase a plantilla fija y no por medio de fórmulas precarias. Profundizar los planes de test masivos y aumento del personal de rastreo, limpieza y demás actividades auxiliares en su mayoría subcontratado. Es necesario avanzar hacia reversión de todas las privatizaciones y la nacionalización bajo control de sus plantillas y usuarios de toda la sanidad privada y los laboratorios para la constitución de un sistema público y único de salud.

3. Ni un desahucio más, ¡Vivienda para todos! ¡Regularización de todas las personas migrantes!

Ni podemos permitir ni un desahucio más. Expropiación de los pisos vacíos de los bancos e intervención de todos los hoteles necesarios para garantizar la vivienda y espacios necesarios para que nadie quede en la calle en medio de esta crisis. Suspensión del pago de alquileres y servicios públicos para los que vieron afectados sus ingresos.

Otra medida elemental, que están exigiendo hace meses los colectivos de migrantes y antirracistas, es la regularización inmediata de todas las personas migrantes. Pero el Gobierno “progre” del PSOE, Podemos e Izquierda Unida se niega, y mientras tanto se dedica a encerrar a los que llegan en pateras a Canarias, encerrar en los Cies y retomar las deportaciones. En esta cuestión, más allá de alguna declaración para lavarse la cara ante los medios, Podemos también es cómplice del PSOE y del racismo institucional del Estado imperialista español.

4. Prohibición de los despidos y permisos retribuidos

La única manera de cortar la expansión comunitaria, sin que los efectos económicos y sociales sean descargados sobre la clase trabajadora, es peleando por medidas como la prohibición de los despidos, los permisos retribuidos para todos aquellos que deban permanecer en aislamiento o deban acompañar a menores y dependientes en esta situación. Y aunque desde Podemos y el ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz del Partido Comunista anunciaron que habían logrado imponer el cese de despidos, esto nunca ha sido real. ¡Basta de precariedad! Derogación de las dos reformas laborales y prohibición de los despidos. Reducción de la jornada aboral y reparto de las horas de trabajo sin disminución salarial. Ocupación y nacionalización bajo el control de los trabajadores de todas las empresas que decidan cerrar o despedir masivamente.

5. Luz y gas para todos: ¡Nacionalización YA de las eléctricas!

El drama social de Cañada Real puso al desnudo la codicia de las grandes empresas eléctricas, así como la desidia de los Gobiernos, tanto del PP en la Comunidad de Madrid, como del PSOE y UP en el gobierno central. Mientras grandes empresas como Naturgy se llevan miles de millones de los fondos europeos, aumentan el precio de la luz en pleno invierno. Desde Unidas Podemos dicen que no se puede hacer nada, porque las empresas eléctricas son muy poderosas, como si ellos no fueran parte del ejecutivo del Gobierno. Es necesario nacionalizar sin indemnización todas las grandes empresas de energía, poniéndolas bajos control obrero para garantizar luz y gas para todas y todos. En perspectiva, también será necesario nacionalizar bajo el control de sus trabajadores el resto de empresas estratégicas, de transporte o distribución de alimentos.

6. Renta de emergencia para todas las personas sin ingresos y aumento del SMI

El famoso “escudo social” del Gobierno ha dejado a cientos de miles de trabajadores, precarias e inmigrantes por fuera. Es necesario luchar por una verdadera renta de emergencia que llegue a todas las personas que se han quedado sin ingresos o los ven drásticamente reducidos, equivalente, al menos, al SMI. Educación infantil de 0 a 3 públicas y gratuitas. Permisos retribuidos para cuidar a niños/as en cuarentena. Subida del salario mínimo y las pensiones hasta los 1500 euros.

7. Por un regreso seguro a las aulas

Frente a la desidia institucional que no ha generado las mínimas condiciones seguras para la vuelta a las aulas en escuelas y universidades: contratación de más profesorado y personal no docente en forma permanente en escuelas, universidades y FPS. Internalización del personal educativo subcontratado. Construcción de nuevos aularios para garantizar las ratios necesarias para una docencia segura y de calidad. Que toda la red de educación concertada y privada sea intervenida igualmente, integrada en la red pública. Abajo las tasas universitarias.

8. Transporte público seguro y de calidad

Refuerzo del transporte público, incorporando personal, y puesta bajo control de sus trabajadores de todo el sistema. Es urgente garantizar una mayor frecuencia y desinfecciones frecuentes de los trenes, metros y autobuses que cogen cientos de miles de trabajadores cada día.

9. Abajo todas las contrarreformas neoliberales. Impuestos a las grandes fortunas

El Gobierno PSOE-UP, en connivencia con la Comisión Europea y el FMI, está planificando grandes reformas estructurales que están en la agenda postpandemia, como la privatización y rebaja de las pensiones, la no derogación de las reformas laborales y la aprobación de nuevas en el mismo sentido precarizador. Es necesario pelear por la derogación y paralización de todas estas contrarreformas y por el fin del rescate encubierto a los capitalistas a base de deuda y “ayudas” condicionadas a nuevos ataques, que hipoteca el futuro de las próximas generaciones. Impuestos a las grandes fortunas del 20% y a los beneficios de las grandes empresas del 50%, recuperación de los millones del rescate a la banca y expropiación de la fortuna de la Familia Real. Ni un euro más para financiar a la Iglesia y la educación privada y concertada.

10. Nacionalización de la banca

Los recursos para sostener este plan de emergencia tienen que salir de los beneficios de los grandes capitalistas, no de un permanente aumento de la deuda que se querrá pagar con nuevos ajustes y contrarreformas como las que hay en curso. La nacionalización de la banca y todo el sector financiero es por tanto una medida elemental de autodefensa de la clase trabajadora. La formación de una banca estatal única de crédito e inversión bajo control de las y los trabajadores es el único modo de garantizar los depósitos de los pequeños ahorradores y concentrarlos para una inversión dirigida a paliar las necesidades del pueblo trabajador, afectando los intereses de los grandes monopolios. Al mismo tiempo, un sistema así podría condonar las deudas a los autónomos y pequeños propietarios de comercios abocados a la ruina por la pandemia y garantizar crédito barato para su supervivencia.

Se salvan ellos o nosotras

El gobierno “progresista” y la oposición de derechas dirán que un plan así sería la ruina, pero en verdad lo sería solo para el puñado de capitalistas para los que gobiernan, las grandes fortunas que han seguido enriqueciéndose durante la pandemia, la banca y las multinacionales que serán las principales beneficiarias de los miles de millones de los fondos europeo. Y mientras tanto, los ministros y ministras de Podemos e Izquierda Unida dicen que ellos “quisieran más”, pero se dedican a defender la idea de que “más no se puede hacer”, llamando al conformismo absoluto con pequeñas migajas que no resuelven la crisis, ni la precariedad, ni paran los desahucios ni revierten las privatizaciones.

Desde la CRT defendemos este programa como parte de la lucha por el gobierno de las y los trabajadores, que expropie a los expropiadores. Somos conscientes que la mayoría de la clase trabajadora y la juventud oprimida aun no comparte esta salida. A ello han colaborado enormemente el neorreformismo de Podemos e Izquierda Unida -sembrando la idea de que de nada sirve luchar, porque las cosas se consiguen entrando en el Gobierno con los social liberales- y las burocracias sindicales, que hacen todo lo posible por mantener la pasividad y la paz social. Pero esta situación no se mantendrá eternamente.

Las ilusiones se están rompiendo. Cada vez más sectores de la clase obrera, el movimiento de mujeres y la juventud empiezan a hacer una experiencia con el “progresismo neoliberal”, empezando a pensar que sin organización y sin lucha de clases estamos perdidos. Por eso desde ahora es necesario comenzar a organizar y poner en movimiento las fuerzas materiales para luchar por un programa como el que planteamos, aunque por el momento se trate de pequeños sectores que comienzan a dar esta lucha.

La burocracia sindical llama a movilizaciones simbólicas para el mes de febrero, un gesto totalmente impotente. Es urgente denunciar esta política cómplice y exigir a las direcciones de los grandes sindicatos que convoquen verdaderas jornadas de lucha por un programa para que la crisis la paguen los capitalistas, que preparen el terreno para una huelga general por la derogación de las reformas laborales y de pensiones. A su vez la izquierda sindical, con los sectores críticos dentro de CCOO y UGT, los movimientos sociales por la vivienda, contra los cortes de luz o en defensa de los servicios públicos, y junto a la izquierda anticapitalista, tenemos por delante la responsabilidad de avanzar en organizar la solidaridad con las luchas en curso, la coordinación y apoyar la organización de los sectores precarios que salen a luchar.

Sólo así podremos imponerle desde abajo a las burocracias sindicales salir a luchar por un programa de salida a esta crisis en favor de la clase trabajadora. Porque en esta crisis o se salvan ellos, como en la anterior, o nos salvamos nosotros y nosotras.







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