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Teletrabajo: ¿cómo es la ley que ya tiene media sanción en el Congreso?

El Frente de Todos y sectores de la oposición dieron media sanción en Diputados a un proyecto de consenso sin permitir modificaciones. De aprobarse en el Senado, recién entrará en vigencia 90 días después de terminada la cuarentena.

Sábado 27 de junio | 19:18

Foto // Tiempo Argentino

Tras acordar un proyecto de consenso y no permitir modificaciones, el Frente de Todos y sectores de la oposición de la Cámara de Diputados, dieron media sanción al proyecto de ley que regula el teletrabajo. De aprobarse en el Senado, recién entrará en vigencia una vez transcurridos 90 días desde que se decrete el fin de la cuarentena por el coronavirus.

Distintos proyectos fueron debatidos en las últimas semanas en reuniones convocadas por la Comisión de Legislación del Trabajo donde también fueron invitados diversos dirigentes sindicales como Daer y Acuña (CGT), de la Corriente Federal, CTA y CTAA, SATSAID, FOETRA, SOEESIT, UPJET, ATACC, entre otros. También participó el ministro de Trabajo Claudio Moroni, Recalde de YPF, Lucía Cirmi Obón (directora nacional de Políticas de Cuidados del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad) y representantes empresariales de la UIA, CAME, CAC,APYME, CETIC, CAIS, entre otros.

El texto reconoce algunos derechos: por ejemplo, el traslado de quien trabaja en una posición presencial a la modalidad de teletrabajo debe ser voluntario como también la reversibilidad; a la “desconexión digital”, o sea la prohibición de que el empleador se comunique con el empleado fuera de los horarios establecidos en la jornada laboral. Tambien considera la igualdad de derechos, salarios y licencias con respecto a aquellos que lo hacen en forma presencial. Quienes acrediten tener a su cargo menores de 13 años, personas discapacitadas y adultos mayores tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada.

Además se establece la obligación de la empresa a proveer los elementos necesarios para garantizar el trabajo y se considera que los accidentes en el hogar, son accidentes laborales que deberán cubrir las ART. Las regulaciones específicas para cada actividad se establecerán mediante la negociación colectiva.

Ahora bien, la ley no reconoce esos derechos hasta 90 días posteriores a la finalización de la cuarentena, y como es sabido y denunciado por miles de trabajadoras y trabajadores, la precarización laboral recrudeció en estos tiempos.
Numerosas empresas y el Estado intentaron avanzar sobre los derechos individuales y colectivos conquistados, aprovechando la atomización del conjunto de los trabajadores que realizan tareas desde sus casas.

Entre los miles de trabajadores que se encuentran realizando trabajo remoto desde el comienzo del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), muchos fueron despedidos o sufren rebajas salariales por falta o problemas con la conectividad como por ejemplo, muchos pibes y pibas de call centers. La necesidad de la desconexión sin sufrir sanciones o la reducción de la jornada laboral, son también reclamos muy sentidos. Las tareas de cuidados se agudizaron y siguen recayendo mayoritariamente sobre las mujeres, ante la ausencia de servicios de cuidado infantil (jardines, escuelas) y cuidado de personas discapacitadas, mayores y/o enfermas.

Las patronales con voz y voto, las y los trabajadores, no

Esta ley fue “presentada” por el Frente de Todos y la oposición patronal como una ley beneficiosa para las y los trabajadores que se encuentra realizando tareas remotas, o teletrabajo actualmente. Vanesa Siley del Frente de Todos, presidenta de la Comisión de Legislación de Trabajo, manifestó su satisfacción por el consenso al que arribaron sectores del empresariado, sindicatos y distintos bloques políticos.

Mientras las y los trabajadores fueron convidados de piedra en esta discusión al no convocarse por parte de los sindicatos ni a asambleas ni plenarios de delegados para conocer su opinión, las patronales tuvieron voz y voto y resultaron exitosos en el lobby. El lunes 22 fueron invitados por Siley a una reunión de la Comisión donde expusieron sus “preocupaciones”, miembros de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) ,la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), entre otros.

Luego de esa reunión, el miércoles 24, se volvió a reunir la Comisión de Legislación del Trabajo para acordar el dictamen final que sería llevado al recinto al día siguiente y hubo novedades. Siley presentó allí una nueva propuesta de proyecto de ley con modificaciones, a tono con algunos de los pedidos realizados por las patronales. El jueves, ese proyecto fue el que finalmente obtuvo media sanción y no se permitió realizar ninguna modificación a su articulado. 214 votos a favor, uno en contra y 29 abstenciones.

Incluso algunos diputados de Juntos por el Cambio manifestaron su alegría por el consenso que consiguieron a favor de las grandes patronales y hasta pusieron algunos reparos: Martín Medina del PRO, por ejemplo, se opuso al derecho a la desconexión digital: "No se tuvo en cuenta la relación de grupo, de compañerismo. Se evita que un compañero pueda solicitarle una información o un dato a otro". Para peor, sostuvo que la ley "atenta contra la creación de nuevos puestos de trabajo".

¿Qué dice la izquierda?

La ley votada, si bien contempla el reconocimiento de algunos derechos a las y los trabajadores que son importantes como se menciona al comienzo de esta nota, contiene artículos que abren la puerta a la flexibilización laboral y favorecen a las patronales y que sólo fueron cuestionados por los diputados del Frente de Izquierda Unidad, Nicolás del Caño y Romina del Plá; además de solicitar la eliminación del inaceptable artículo 19 que establece la desprotección laboral hasta 90 días después de finalizada la cuarentena. Nada de esto fue cuestionado por los diputados de extracto sindical del Frente de Todos como Facundo Moyano (ex Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), Hugo Yasky (secretario general de la CTA desde 2006, y ex secretario general de la CTERA CTA) y Claudia Ormachea (Secretaria Nacional de Derechos Humanos, Género e Igualdad de la Asociación Bancaria).

En una de sus intervenciones durante la sesión del jueves, Del Caño alertó sobre el consenso entre los principales bloques y las grandes patronales: “Todo lo que se dijo en la comisión, de que estaban apurados para legislar y beneficiar a las y los trabajadores es falso, porque las patronales dijeron que no se puede aplicar esta ley durante la cuarentena y entonces se van a seguir abusando. Ya llevan cien días así por lo que pedimos que el artículo 19 se.elimine inmediatamente”.
Por otro lado, Del Caño se refirió al “pago por objetivos” contemplado en el artículo 4 denunciando que abre la puerta a lo que quieren los empresarios y de lo que se han hecho eco varios diputados y diputadas de Juntos por el Cambio: la ‘promoción del teletrabajo’, que no es más que una forma de atomizar la fuerza de los trabajadores y las trabajadoras, una reforma laboral en los hechos".

“La técnica y la tecnología no debe ser como quieren las patronales para transformar al trabajador en un mero apéndice, sino que tiene que servir y estar puesto en función de reducir la jornada de trabajo, de alivianarlo, y de repartir las horas entre ocupados y desocupados que hoy es justamente un gran flagelo que está creciendo. La tecnología debe estar puesta al servicio de las grandes mayorías trabajadoras y no volverse en su contra como quieren hacer las patronales” planteó Del Caño al finalizar su intervención.

Por su parte, Romina del Plá, en respuesta a Facundo Moyano quien deslizó en su intervención la posibilidad de plantear una reforma laboral para “aumentar derechos”, dijo: “En nombre de los avances tecnológicos lo que no se puede hacer es limitar o eliminar o flexibilizar las conquistas laborales que están establecidas enlos convenios colectivos de trabajo. Acá se ha dicho que dados los tiempos que vienen, es necesario avanzar en una reforma laboral. De ninguna manera. La reforma laboral como se insiste en presentarla, es una reforma para avanzar en la pérdida de conquistas”. Y sobre la precarización denunció: “Ese 40% de trabajadores no registrados o en negro no salió de la nada, ha salido de la complicidad con los sucesivos gobiernos de las direcciones sindicales que han dejado avanzar a esas patronales”. También planteó que es necesario rechazar el trabajo por objetivos que plantea la ley a pedido de las patronales, quitar del articulado que las patronales puedan no considerar el pedido de realizar teletrabajo o su reversibilidad por causas de “fuerza mayor”.

Ante la negativa del Frente de Todos para que puedan realizarse modificaciones a la ley porque ya se había “consensuado”, los diputados del Frente de Izquierda insistieron, sin éxito, en la necesidad de realizar modificaciones a sus artículos y que se incluyan otros contemplados en su proyecto. En el mismo, se plantea entre otros puntos, la reincorporación de todos los trabajadores despedidos durante la cuarentena, la prohibición de la contratación por monotributo que habilita el fraude laboral e el trabajo a destajo; la estabilidad de los trabajadores que realicen el trabajo remoto por dos años; realizar el cálculo de la remuneración en función de la empresa principal y el mejor convenio para el trabajador; explicitar las responsabilidades de los gastos en herramientas y materiales de trabajo (computadora, conectividad, silla ergonométrica, servicios como luz, gas, etc.) y el pago de un plus por alquiler. También sobre derechos sindicales a elegir y ser elegidos como delegados; la garantía de realizar asambleas unitarias entre trabajadores presenciales y teletrabajadores para evitar la atomización de los trabajadores y su capacidad de resistencia y lucha, y que no queden librados a la voluntad de la dirigencia sindical que viene dejando pasar despidos y suspensiones desde que empezó la pandemia, entre otros.

Los diputados además de las modificaciones arriba mencionadas, propusieron eliminar de la ley, la redacción del artículo 19, asi como la especificación de un ingreso adicional destinado a afrontar el costo de jardines materno-parentales, de modo de compatibilizar el cumplimiento de las tareas laborales y de cuidado.

Ante la negativa del Frente de Todos a discutir las modificaciones, Del Caño planteó: “Lamento que Vanesa Siley no acepte discutir estos cambios”…“Hacerlo dejaría en claro el consenso entre Cambiemos y el Frente de Todos, para aceptar los cambios que introdujeron los empresarios”.

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Las concesiones de los bloques mayoritarios del congreso y de las direcciones sindicales a las patronales, fue uno de los motivos por los que los diputados del Frente de Izquierda se abstuvieron en la votación, entendiendo que afecta directamente a miles de trabajadores que están viendo vulnerados sus derechos laborales.







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