Política

AUDIENCIA PÚBLICA

Tarifazo: así planteamos nuestra denuncia y la salida de la izquierda

Del viernes 16 al domingo 18 de septiembre el Gobierno Nacional llevó adelante la Audiencia Pública por el tarifazo del gas. Con la zona vallada y militarizada, Cambiemos intentó que sea un mero trámite formal. La izquierda se movilizó en la Ciudad de Buenos Aires y otras ciudades del país, como Córdoba y Neuquén, contra su carácter restrictivo y antidemocrático.

Jueves 22 de septiembre de 2016 | Edición del día

También participó de la Audiencia a la que llevó las denuncias de los trabajadores, los jóvenes y las mujeres y la única salida viable al saqueo protagonizado por las empresas privatizadas y con la complicidad del Estado: la nacionalización sin pago de todos los servicios públicos bajo gestión de los trabajadores, consumidores y técnicos especializados.

Por parte del PTS hablaron: Christian Castillo, exdiputado y dirigente nacional, Myriam Bregman, diputada nacional, Nicolás del Caño, excandidato a presidente, Claudio Dellecarbonara, del sindicato del subte, Nathalia González Seligra, del SUTEBA La Matanza, Patricio del Corro, legislador porteño, Cecilia Soria, diputada en Mendoza, Octavio Crivaro y Hernan Puddu, dirigentes del FIT en Santa Fe y Córdoba, y Lucia Battista, de la facultad de Filosofía y Letras – UBA, entre otros.

Reflejamos las intervenciones más destacadas.

Christian Castillo: “Por la nacionalización integral del gas y del petróleo”

Queda claro la absoluta hipocresía del Gobierno y las empresas que han hecho un discurso donde el eje está puesto en que hay que aumentar las ganancias de las empresas para darle respuesta al 40 % de la población que no tiene acceso a la red natural de gas. Sin embargo, en los cuadros que las empresas presentaron, donde la década de los 90 parece paradisíaca, queda claro que lo que hicieron fue exportar gas natural. Se exportaron 4 mil millones de metros cúbicos en algunos años, 6 mil millones en otros años, lo cual llego al 10 % de la producción total. Es decir que estas empresas, lejos de hacer las obras para que la red llegue a la parte de la población que no tiene acceso al gas natural, hicieron gasoductos para exportar gas a Chile. Así se cae la argumentación para justificar el aumento de tarifas. Hay una contradicción central entre garantizar un derecho básico y la rentabilidad de las empresas. Desde que Gas del Estado fue descuartizada y privatizada e YPF fue privatizada y entregada a Repsol empezó la enorme decadencia de todo el sistema gasífero y petrolífero.

La única política que puede revertir esto es la nacionalización integral del gas y del petróleo, de esa forma se eliminaría la rentabilidad empresaria. En la década pasada Repsol produjo un saqueo en la Argentina equivalente a toda la ganancia que tuvo en el resto del mundo: 13 mil millones de dólares. No produjo exploración, lo que provocó una caída de 40 a 8 años de reserva. El interés de los accionistas es invertir lo menos posible para obtener la mayor ganancia posible, Aranguren lo sabe muy bien.

El interés social es el opuesto: tener el recurso al menor costo posible y con el mayor nivel de eficiencia.

Vamos a una política energética que permite ganancias millonarias a empresas multinacionales o vamos a una nacionalización integral de los recursos. Esa es la discusión de fondo.

No quiero dejar de mencionar la complicidad de los gobiernos con este proceso privatista: el de Carlos Menem, Fernando De la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner y ahora Mauricio Macri. Todos ellos mantuvieron el esquema privatizador y no fueron a la salida de fondo que es la nacionalización integral de los recursos de gas y petróleo para que sean gestionados por los propios trabajadores, representación de los usuarios y con la presencia de técnicos y especialistas de las universidades nacionales.

Nicolás del Caño: “Por un plan racional en función de las grandes mayorías populares y no de estas empresas parasitarias”

La poca presencia en esta sede es una muestra del vaciamiento de esta Audiencia Pública. Muestra la restricción e incluso la represión, como sucedió en Neuquén.

Los millones de trabajadores, a quien afecta este tarifazo, no pueden hablar en la audiencia ni seguirla por los medios de comunicación.

Esta audiencia es testimonial ya que el ministro Aranguren y el gobierno ya han acordado con las empresas y con los gobernadores el nuevo cuadro tarifario.

Los empresarios vaciadores nos chantajean. En Mendoza Ecogas, cuya propiedad en parte es de Nicolás Caputo (amigo del presidente), dijo que si no se aplicaba este tarifazo no iba a llegar el gas a las zonas más humildes porque no iban a poder invertir. Mintieron descaradamente, dijeron que no habían recibido subsidios cuando solo en 2015 recibieron 2 mil 500 millones de pesos en subsidios.

Además de la nacionalización queremos que se planifique con un plan racional en función de las grandes mayorías populares y no de estas empresas parasitarias.

Myriam Bregman: “Un servicio público no tiene que dar ganancia”

El tarifazo que se trata aquí no es el único ataque que los trabajadores y el pueblo están sufriendo por parte de este gobierno. Han sido 10 meses devastadores para el salario de las familias trabajadoras: aumento de precios, pérdida de poder adquisitivo del salario, 115 mil puestos de trabajo perdidos, más de 1 millón y medio de nuevos pobres. Esta audiencia es una puesta en escena para no discutir lo esencial: aquí no se discute que el gas es un servicio público y que no tiene porque dar ganancia.

Como dice nuestro proyecto de ley presentado en el Congreso, no se puede discutir ningún tarifazo hasta que no se investigue qué pasó con los millones de pesos que en todos estos años las empresas se llevaron en subsidios. Exigimos una auditoria para ver donde fueron esos fondos.

Nathalia González Seligra: “La tarifa social es una burla para los trabajadores”

Ni Aranguren, ni ninguno de los funcionarios y Ceos que están pregonando este tarifazo tienen algo que ver con los millones de trabajadores que tienen que afrontar las consecuencias de esta medida, en particular las mujeres. Docentes con un salario de $ 9800 tienen boletas de $ 1200 y $ 1700. ¿De qué tarifa social hablan? Porque hay que aclarar que a la tarifa social solo pueden acceder los beneficiarios de planes sociales, los jubilados, los que cobran dos salarios mínimos. Los docentes hacemos un gran esfuerzo, trabajamos doble cargo, apenas arañamos la canasta familiar y quedamos fuera de esta tarifa social. Y muchos tienen que optar entre dejar de comprarle zapatillas a sus hijos o brindarle alguna actividad de sus hijos. Y peor aún para las madres que se acercan a las escuelas para contarnos que sus maridos se han quedado sin trabajo tienen que optar entre pagar las boletas o darle de comer dos veces al día a sus hijos. Entonces el argumento de la tarifa social es una burla para los trabajadores.

Claudio Dellecarbonara: “Las cúpulas sindicales se han convertido en garantes del ajuste”

Podríamos haber sido miles los trabajadores movilizados hoy si las cúpulas sindicales hubieran llamado a un paro nacional activo como vinimos exigiendo desde la izquierda y el sindicalismo combativo. Lamentablemente, las cúpulas sindicales se han convertido en garantes del ajuste maniatando la fuerza de la clase obrera.







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