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Red Internacional

La noticia se conoció recientemente. Dicha suspensión resulta previa al Jury que podría destituirla de su cargo.

Sábado 12 de junio | 12:47

Desde el primer día en que Karina Bagliardi asumió el cargo como titular del Juzgado de Familia N° 7 de La Plata comenzó la violencia laboral respecto de sus empleados.

Desde gritos y maltratos (también a las personas que tenían expedientes tramitando en el organismo) hasta sobreexigencia, imposición de trabajo fuera de horario laboral (incluidos fines de semana y feriados), prohibición de agremiación y de participación en medidas de lucha, injerencia sobre la privacidad de los trabajadores, y monitoreo permanente. La lista continúa. Bagliardi hizo uso y abuso de sus privilegios.

Esto trajo diversas consecuencias entre los empleados del juzgado, físicas y psicológicas. Transitaron un largo proceso desde que se animaron a realizar la denuncia, hasta que se hizo efectiva la suspensión el pasado 9 de junio.
La suspensión de la magistrada no implica su inmediata destitución. Debe atravesar un proceso de enjuiciamiento, que defina si sigue o no en su cargo.

Una vez más, nos encontramos con un Poder Judicial sostenido en privilegios de casta, anti democrático, que permite que los magistrados lleguen a su cargo mediante contactos políticos. Es importante destacar que, esta misma magistrada, hoy puesta en tela de juicio, tuvo varios años bajo su órbita la decisión sobre temáticas tan delicadas como niñez o violencia de género.

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Sin embargo, esta mujer con privilegios, nada tiene que ver con tantas otras que luchan día a día por su techo o por un plato de comida para sus hijos. Nada tiene que ver con esas vidas sobre las cuales decide.

Lamentablemente, casos como el descripto son simplemente la punta del iceberg que muestran un Poder judicial donde los magistrados actúan como una verdadera corporación. Llegan a sus mandatos sin elección popular y, en el mismo instante, gozan de privilegios por sobre el resto de la población, como la eximición del impuesto a las ganancias o sueldos exorbitantes. Así, tienen la potestad de definir sobre diversas cuestiones que atraviesan las mayorías populares, desde sus lugares de privilegio.

La brecha entre unos pocos magistrados, funcionarios y empresarios que se reparten las ganancias, contra una gran mayoría de la población bajo la línea de pobreza, da muestras claras de todo lo que se debe combatir.

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Lejos de reformas parciales, y lavadas de cara, se debe atacar realmente a fondo el privilegio, el corporativismo y las decisiones antidemocráticas de una casta política, que se alimenta de favores, y decide en función de eso, por fuera de la necesidad de las grandes mayorías.

Este primer paso muestra que el recorrido para enfrentar la impunidad de estos funcionarios es el que marcaron estos trabajadores, que se unieron para denunciar y atravesar todo el proceso, con el acompañamiento de la organización gremial (AJB). La fuerza que solo da la unión y organización, es el camino indicado.




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