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Red Internacional

Inflación.Sin soluciones de fondo a la crisis de la vivienda: analizan suspender 180 días la Ley de Alquileres

Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, dijo que la ley “fracasó” y señaló que la misma podría suspenderse por medio de una ley o un decreto, aunque su posición refleja el feroz lobby inmobiliario que existe. Especialistas advierten que hoy la norma no beneficia ni a propietarios ni menos aún a los inquilinos, que vienen sufriendo aumentos durísimos en el marco de la crisis. Es urgente un plan de obras públicas que garantice la construcción de viviendas para las grandes mayorías populares.

Jueves 25 de noviembre | 17:00

La Ley de Alquileres sigue siendo un punto central de debate público. No es para menos. Según señala Inquilinos Agrupados hay 9 millones de personas en todo el país en esta condición, que vienen sufriendo duros aumentos de los alquileres, en el marco de una crisis social muy grave. El dato no es para nada menor. Se trata de casi un cuarto de la población nacional.

Este miércoles fue Sergio Massa el que reflotó un debate que había cruzado parte de la campaña electoral, queriendo aprovechar el descontento para hacer lobby a favor de los especuladores inmobiliarios. En un acto por el Día de la Construcción, el presidente de la Cámara de Diputados afirmó que “en el Gobierno anterior, el Congreso sancionó, no con mala fe, sino buscando una solución a un problema, una ley que fracasó, y que pretendía asegurar a inquilinos y propietarios”.

Este jueves, continuando ese tema, se señaló que la norma podría llegar a suspenderse por 180 días. Según diversas fuentes, esto podría hacerse por medio de una nueva ley que, votada en el Congreso, "congele" la anterior. Aunque también podría decidirse por medio de un decreto. El debate implica un conjunto de propuestas que, por el momento, van desde la derogación hasta la modificación parcial de la misma.

La Izquierda Diario había hablado alrededor de la normativa vigente con la periodista Belén Fernández, que es especialista en el mercado inmobiliario. En diálogo con nuestra compañera Guadalupe Bravo, ella había señalado que “En mi opinión esta ley no beneficia a ninguna de las dos partes. Ya quedó demostrado en su primer año que los propietarios decidieron quitar sus unidades del alquiler, generando una suba en los valores. Hoy se paga en promedio más de $40.000 por un departamento de dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires. Aun así, creo que hay muchos puntos a favor del inquilino en la ley. Había muchos abusos como el cobro de comisión o el doble depósito a la hora de entrar a un inmueble... todos esos son puntos ganados. Pero creo que con la inflación que hay ese índice como está elaborado no ayuda porque no acompaña el incremento de los salarios”.

A modo de ejemplo de este último punto, en los últimos meses los inquilinos vienen sufriendo aumentos muy fuertes de alrededor del 50 % al cumplirse el año de contrato, siendo un duro golpe a las condiciones de vida que se suma a la inflación general, en especial de productos básicos como los alimentos.

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Sin embardo, al ponerse en cuestión la ley actual desde referentes como Sergio Massa, lo que se busca no es ir en el camino de una solución de fondo a este grave problema, sino aprovechar el descontento actual para dirigirlo en el sentido de una nueva normativa que beneficie a los especuladores.

La crisis de la vivienda no es un problema nuevo a escala nacional. El Censo Nacional de 2010 dictaminó que el déficit habitacional afecta a más de 3.5 millones de personas. El mismo relevamiento indica que son necesarias, por lo menos, 1.3 millones de nuevas unidades de vivienda.

Esa crisis no ha sido atacada por ningún gobierno en las últimas décadas. Ni el kirchnerismo, ni Cambiemos ni el Frente de Todos lo enfrentaron decididamente. La necesaria construcción de viviendas nunca fue desarrollada como parte de una agenda urgente.

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A partir de 2020, con la crisis agigantada por la pandemia, ese problema se volvió aún más crítico. Los procesos de recuperación de tierras lo pusieron en evidencia, con miles de familias pobres luchando por una parcela de tierra donde poder vivir. La respuesta estatal fue, esencialmente, represiva. Se vio en Guernica, pero también, más acá en el tiempo, en el barrio Carlos Mugica -ex Villa 31- en CABA. Aquí no hubo "grieta".

Es urgente, como viene planteando el Frente de Izquierda Unidad, implementar un plan de obras públicas que garantice de manera urgente la construcción de viviendas para las grandes mayorías trabajadoras. Para eso es necesario rechazar la subordinación al FMI que el Gobierno -más allá de los matices entre sus diversas alas- discute en función de firmar un acuerdo. Una subordinación que la oposición de derecha no solo comparte sino que exige crecientemente.

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