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Red Internacional

La suspensión de clases por la pandemia provocó el cierre de un gran número de espacios de primera infancia, en su mayoría de gestión privada, dejando en evidencia la falta de políticas públicas en materia de cuidados por parte del Estado. ¿Qué pasa con las niñas y los niños cuando las mujeres tienen que trabajar fuera de sus casas?.

Jueves 29 de abril | 11:29

La maraña judicial que provocó la resolución del DNU presidencial de suspender la presencialidad de las clases cambió el eje de la discusión, de un tema sanitario a un forcejeo político.

Sin embargo, la pandemia y el recrudecimiento de los contagios dejan en evidencia, tal como sucedió el año pasado, la ausencia de políticas de cuidado ante el cierre de los colegios.

Pero ¿por qué el impacto de los colegios cerrados se vuelve un tema tan importante? En principio porque la escolaridad permite que las horas en las que se dictan clases la madre, el padre o ambos puedan trabajar fuera de sus casas.

El problema se agudizó el año pasado porque además de cerrar los colegios, también lo hicieron los jardines maternales que en su gran mayoría son de gestión privada. Y es en este punto en donde el mercado talla para reemplazar la falta de políticas públicas en materia de cuidados, algo que afecta mayoritariamente a las mujeres.

La educación inicial en nuestro país comprende a los niños y niñas desde los 45 días hasta los 5 años inclusive.

Un informe conjunto entre Unicef y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) del año 2019 señala que: “Los niños más pequeños, los de los territorios más alejados de las grandes ciudades y los que provienen de familias de bajos ingresos son quienes menos acceden a la oferta de educación inicial. Esto genera circuitos diferenciados de acceso, marcados por el origen geográfico y socioeconómico de niños y niñas”.

Jardines maternoparentales

De acuerdo a este informe la oferta de los llamados jardines maternales en todo el país alcanza a 3.065 instituciones y considerando que de acuerdo al último Censo de Población aquellos entre 45 días y 2 años eran alrededor de 2.000.000 de niñas y niños, es posible concluir que la demanda potencial no podría ser satisfecha, si sumamos además que la mayoría de estas instituciones son de gestión privada.

Si bien no existen datos oficiales se estima que durante el 2020 cerraron de forma definitiva alrededor de 500 jardines en todo el país y están en riesgo otros 100.

Solamente el 15% de las escuelas del país ofrece jardín maternal, porcentaje que se duplica en escuelas de gestión privada y que se reduce a la mitad en las zonas rurales

En Argentina la educación comienza a ser obligatoria a partir de los 4 años de edad. Esta es una de las razones que explica por qué el Estado prácticamente no tiene oferta de vacantes para bebés y son muy pocos los jardines en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que tienen salas para niñas y niños de 2 y 3 años. De ahí que la socialización de los cuidados se mercantiliza y surgen entonces los jardines maternales de gestión privada.

Solamente el 15% de las escuelas del país ofrece jardín maternal, porcentaje que se duplica en escuelas de gestión privada y que se reduce a la mitad en las zonas rurales. El nivel inicial es el más privatizado del sistema educativo, uno de cada tres niñas y niños concurre a una guardería o jardín privado, según datos del Observatorio Argentino por la Educación.

En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, una sala para niñas y niños de un año de edad, por tres horas diarias tiene un costo mensual de alrededor de 12.000 pesos mensuales. En el caso de optar por una “jornada extendida” el costo es mucho mayor.

Esto genera en principio que se amplíe la brecha de desigualdad entre aquellas mujeres que pueden pagar por este servicio y aquellas que por no poder acceder deben permanecer en sus casas reforzando así la naturalización de que las mujeres sean las encargadas de estas tareas. Por otro lado que las empresas y el Estado no vean en esto un tema a resolver genera que esas mismas mujeres deban ocuparse de ese trabajo de forma no remunerada del cual ellos se benefician.

La falta de inversión por parte del Estado para garantizar jardines maternales o colegios de tiempo ampliado se confirma con los datos que surgen del informe de Unicef-CIPPEC: “solamente el 7,24 por ciento de las escuelas ofrecen a sus alumnos una oferta educativa de tiempo ampliado. Este tipo de oferta se concentra en las escuelas de gestión privada (12,85%), mientras que en las escuelas de gestión estatal y las rurales se sitúan en torno al 5%”.

Un ejemplo de esto es lo que ocurre en la villa 21-24 de Barracas. Viven ahí alrededor de 50.000 personas y a través de La Misión Padre Pepe se abrió un Espacio de Primera Infancia para quienes no tenían acceso a clases presenciales ni virtuales. Van niñas y niños desde los 2 a los 4 años.

Son 75 chicas y chicos en total y las maestras son las mamás y vecinas que decidieron colaborar con este proyecto. Por supuesto no tienen el reconocimiento del Ministerio de Educación, pero es la forma que encontraron no solo para que los más pequeños tengan un espacio pedagógico y de juego, sino también para facilitar que las mujeres, en su mayoría a cargo de las tareas de cuidado, tengan aunque sea unas horas para poder salir a trabajar, en changas o limpiando casas.

Si consideramos todos los factores que intervienen cuando una mujer está al frente de su hogar con hijas e hijos menores a cargo vemos una creciente vulnerabilidad que a su vez pone en riesgo a la niñez.

De acuerdo a información publicada por UNICEF la pobreza infantil en estos hogares supera el 68 por ciento, 5 puntos más que la media del país que se ubica alrededor del 62,9 por ciento.

Jardines privados en riesgo

La crisis económica, agudizada por la pandemia, impacta en los jardines privados porque muchos son instituciones pequeñas de tipo “familiar” que funcionan más dentro de la lógica de “comercio” y no de “escuela”. Por no tener relación directa con el Ministerio de Educación ni estar bajo la órbita estatal, muchas reportaron problemas para acceder a los subsidios, con trabas burocráticas en la aprobación de los protocolos.

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Sin vacantes las mujeres son las que asumen las tareas de cuidado, sin embargo existe una diferencia que no es de género sino de clase. Como mencionábamos en esta nota: “Las mujeres de mayor poder adquisitivo pueden y suelen tercerizar el trabajo doméstico en otras mujeres. Estas otras mujeres no sólo suelen tener sueldos precarizados y estar fuera del sistema legal, sino que además son las que si trabajan deben dejar a sus hijos descuidados o a cargo de tías, abuelas, hermanas o incluso hijas, que entonces ya se ubican en pie de desigualdad con respecto a sus hermanos varones”.

La falta de estos espacios de cuidado afecta directamente y de manera abrumadora a las mujeres de los sectores más vulnerables. Este es un problema que por el momento “el feminismo de ministerios” no pudo resolver.

Como sucede con las políticas públicas en materia de género, desde el gobierno solo surgieron medidas mínimas y excepcionales como los 15.000 pesos para las familias beneficiarias de planes sociales en el AMBA o la implementación de licencias especiales de cuidados para empleados y empleadas de la administración pública (solo nacional).

Un programa que se apoye en la realidad de las necesidades debería incluir la construcción de Jardines públicos gratuitos, con trabajadores/as formales con derechos y buenos salarios, atendiendo las zonas y composición de los hogares. Como así también garantizar Jardines en los lugares de trabajo (empresas privadas) o en las cercanías. Otra alternativa viable es el reintegro del 100% de la cuota del jardín cercano al hogar. Sólo así se podrán dar pasos hacia la “socialización” de las tareas del cuidado de las niñas y los niños.




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