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Red Internacional

Los datos del Indec dan cuenta de los ingresos de miseria que recibe gran parte de la población. Las medidas del Gobierno anunciadas en los últimos días, como el aumento del salario mínimo, apenas si modifican esta grave situación y contrastan con las grandes sumas destinadas al pago de la deuda externa o las fortunas que están acumulando las grandes empresas exportadoras.

Matías Hof@HofMatias

Miércoles 29 de septiembre | 22:33
Foto: Télam

Este jueves el Indec presentará los datos de pobreza para el primer semestre del 2021, pero los datos publicados este martes por el organismo ya dan cuenta de la gravedad de la crisis social. De las casi 29 millones de personas de los aglomerados urbanos que estima la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), 17 millones perciben algún ingreso y 7 millones gana menos de $ 25.000 por mes. Con tan poco dinero es imposible para las familias cubrir sus necesidades básicas, por eso cada vez son más los que se ven obligados a comer una sola vez al día, vivir en viviendas precarias o no poder comprar un par de zapatillas.

Luego haber perdido millones de votos en las PASO (en relación a las elecciones de 2019), el Gobierno comenzó a realizar una serie de anuncios que tendrían como objetivo “ayudar a los más necesitados”. Pero llevar al salario mínimo a $ 31.104 (una de las principales medidas hasta ahora) implica un aumento ínfimo para un sector de trabajadores y no da ninguna respuesta a aquellos que no tienen un empleo registrado que en promedio estaban cobrando $24.200 (en el segundo trimestre). Como plantea el Frente de Izquierda el salario mínimo debería ser igual al costo de la canasta familiar, indexado mensualmente según el aumento real del costo de vida para que el aumento de los precios por parte de los empresarios no pueda hacer retroceder a los ingresos.

El Frente de Todos anunció este miércoles un plan de jubilación anticipada que alcanzaría a 30.000 personas que recibirían $20.738 cada una, implicando para el Estado $622 millones o alrededor de 6 millones de dólares al cambio oficial. Comparado con lo pagado hasta el momento por Alberto Fernández al FMI es 700 veces menos, o visto desde otro ángulo, si no se pagará el préstamo adquirido por Cambiemos, que el mismo Gobierno denuncia como ilegal, se podrían otorgar más de 6 millones de jubilaciones de $64.000 (monto estimado de la canasta básica para los jubilados).

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Según el informe del Indec, la mitad de los hogares vive con menos de $ 62.900. Es decir, tenían ingresos por debajo de lo necesario para cubrir el valor de la canasta de pobreza, que en el segundo trimestre se ubicó en alrededor de $ 64.000 para un hogar de cuatro integrantes (costo promedio del segundo trimestre). En el vértice opuesto las grandes exportadoras vienen registrando ingresos récord, en lo que va del año, las exportaciones suman US$ 50.717 millones; agosto fue el mes de mayores exportaciones en 8 años.

Esos fondos quedan, en su mayoría, en manos de un puñado de terratenientes, pooles de siembra, monopolios cerealeros, aceiteros, lecheros y frigoríficos que vienen recibiendo importantes beneficios del Estado. El Frente de Izquierda propone expropiarlos para poner su producción en función de terminar con la pobreza y la indigencia en el país. Empezando con medidas de emergencia, como un IFE de $50.000 para todas las familias necesitadas.

No es posible llegar a un acuerdo con el FMI, como busca Martín Guzmán y el Frente de Todos, y llevar adelante un plan que permita sacar al país del atraso y la dependencia. El Gobierno está otorgando unas pocas concesiones con la esperanza de no retroceder aún más en las urnas, pero el plan sigue siendo el mismo: garantizar las ganancias de los grandes empresarios y pagar la deuda externa. La pelea por declarar el desconocimiento soberano de la deuda por ser ilegal, ilegítima y fraudulenta es una de las principales batallas para invertir las prioridades.

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