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Red Internacional

Un mayor ritmo de vacunación bajaría enormemente la cantidad de enfermos graves por COVID-19. Pero el gobierno nacional se niega a tocar los intereses de los laboratorios privados: la producción de vacunas continúa siendo un negocio para pocos. Las denuncias a las patronales por el incumplimiento de los protocolos se multiplican. La vida de la población trabajadora está en riesgo, y no es ella quien decide cómo cuidarse.

Luján CalderaroTrabajadora Social - Becaria UBA | @tete_calderaro

Lunes 31 de mayo | 22:37

En medio de una segunda ola que colapsó el sistema sanitario, para muchos salir a trabajar implica poner en riesgo la propia vida. Según la Asociación Argentina de Terapia Intensiva los más expuestos al coronavirus son quienes rondan los 53 años y no están vacunados. Ser trabajador “esencial” hoy, es un riesgo.

Según los datos presentados por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, sabemos que al menos 16 trabajadores mueren por día, ya que solo se contabilizan trabajadores registrados, cubiertos por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART). En promedio se venían registrando tres decesos diarios.

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El aumento exponencial de las muertes obreras, desmiente los dichos de Alberto Fernández, quien había afirmado en conferencia de prensa que “los contagios no están en las fábricas”; y pone en cuestión las nuevas restricciones, ya que la mayoría de las actividades económicas siguen funcionando.

Se continúan considerando “esenciales” actividades que podrían no serlo. Trabajadores del neumático sostienen que su actividad industrial no es esencial, y sin embargo las empresas no pararon de producir desde mayo del año pasado. Los obreros pagan con su vida el precio de mantener activa la economía: dos trabajadores del neumático murieron en menos de 5 días: Javier Giménez y Víctor Sotelo, trabajador terciarizado.

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Las denuncias a las patronales por el incumplimiento de los protocolos se multiplican. La vida de les trabajadores está en riesgo, y no son ellos quienes deciden cómo cuidarse. Los trabajadores del neumático quieren tomar en sus manos la manera de hacer frente a la pandemia: “Los que trabajamos todos los días en la planta somos quienes tenemos que decidir si continuamos trabajando o no.” Por eso proponen la puesta en pie de comisiones de Seguridad e Higiene para que todos los trabajadores puedan decidir cómo cuidarse y llaman a los sindicatos a convocar asambleas –virtuales o con distancia social- para resolver colectivamente como enfrentar la segunda ola del Covid-19, que no da respiro y continúa llevándose la vida de compañeros de trabajo.

Desde la agrupación Granate (parte de la Comisión Directiva), proponen la implementación de un protocolo específico: “se debe parar la producción en el gremio por 15 días, hacer una desinfección total y testear a todos los trabajadores. Ahora es necesario iniciar un plan de lucha hasta lograrlo y también para que se vacunen a los trabajadores que trabajan en las fábricas del gremio, sean efectivos, contratados o tercerizados y que las patronales testeen a todos antes de volver. Esa sería una forma de tener un mapa epidemiológico en el gremio y cortar la cadena de contagios mientras se vacunan a todos los compañeros”.

Las personas que contraen Covid-19 sin estar vacunadas tienen más probabilidades de atravesar un cuadro clínico grave. Entre quienes requieren la internación en la terapia intensiva (UTI), el 70 % fallece. El panorama es grave ante el colapso de las instituciones sanitarias y la falta de camas. Hoy, el promedio de edad de los pacientes COVID-19 positivos fue de 53, es decir que la población económicamente activa se encuentra particularmente afectada por el coronavirus.

Como denuncian choferes, portuarios, trabajadoras de comedores populares y de frigoríficos, el gobierno nacional reconoce ciertas actividades como “esenciales” pero niega el acceso a la vacunación a trabajadores esenciales de varios sectores. Por eso se movilizan para exigir el respeto de los protocolos en los lugares de trabajo y vacunas, y replican una frase: “somos considerados esenciales, pero nos tratan como descartables”.

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Según el último informe de la Asociación Argentina de Terapia Intensiva, de todos los pacientes internados en las UTI, el 86,2% no estaban vacunados. Un mayor ritmo de vacunación, bajaría enormemente la cantidad de enfermos graves por COVID-19, y por lo tanto las muertes.

Pero en lugar de garantizar el acceso de todos los esenciales para acabar con las muertes evitables, el gobierno eligió proteger los intereses de los laboratorios privados: por un acuerdo millonario entre el millonario Hugo Sigman (dueño del laboratorio mAbxience ubicado en Garín) y el magnate mexicano Carlos Slim salieron del país 13 lotes, el equivalente a aproximadamente 90 millones de dosis, con el argumento de ser envasadas en México, pese a que en el país podía terminarse el proceso y con eso abastecer a todo América Latina. Al día de hoy continúa la incertidumbre: no se sabe cuando se completará la entrega de las 20 millones que compró Argentina.

A pesar de la llegada de 2.148.600 dosis de la vacuna AstraZeneca, -cuyo principio activo fue producido en el laboratorio de Hugo Sigman que se encuentra en Garín, Provincia de Buenos Aires- las vacunas continúan siendo un recurso escaso y vacunarse, un privilegio. Las vacunas están en Garín: ¿Qué espera el gobierno para declarar de utilidad pública el laboratorio mAbxience y salvar cientos de vidas? El gobierno nacional debería priorizar una respuesta acorde a la emergencia sanitaria y dejar de proteger los negocios de los laboratorios con la salud. La fuerza de quienes no se resignan a arriesgar sus vidas para garantizar el negocio de las empresas ya se empezó a escuchar. Unir esas voces en un grito común, es el desafío.

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