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Red Internacional

Finalizó el juicio de extradición pedido por el gobierno colombiano. El periodista y militante detenido en Ezeiza es perseguido políticamente por haber integrado las filas de las FARC. El juez de Esquel Guido Otranto dijo que “no reconoce el carácter político de los hechos por los cuales lo requieren”. La defensa presentará un recurso ante la Corte Suprema. La extradición deberá firmarla el presidente Alberto Fernández.

Lunes 2 de mayo | 10:37

Tras varios días de audiencia, finalmente este lunes a la mañana el juez federal de Esquel Guido Otranto (tristemente célebre por su rol nefasto en el caso de Santiago Maldonado y otros casos de criminalización de la pobreza y la protesta social) falló contra el periodista y militante político Facundo Molares en un juicio de extradición solicitado por el Estado de Colombia.

Como se viene informando en este diario, diversas organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales y sindicales denuncian que este proceso judicial “ha dejado entrever la mirada políticamente discrecional de los fiscales” ya que “se han aportado argumentos y pruebas suficientes sobre la ausencia total de garantías que ofrece el Estado colombiano no sólo para la legítima defensa, sino para garantizar la vida de Facundo”.

La última audiencia comenzó pasadas las 9 de la mañana con las últimas palabras de Molares antes de la sentencia. Allí el acusado reiteró el carácter político de este juicio, donde el Estado argentino termina siendo partícipe necesario de una persecución basada en la militancia política del detenido.

Aunque anticipó que los fundamentos de la sentencia serán informados próximamente, antes de las 10 el juez Otranto ya había resuelto su fallo, dándole curso al pedido de extradición. Según las propias palabras firmadas por el juez, no se reconoce “el carácter político de los hechos por los cuales lo requieren” desde Colombia, con lo cuál la extradición estaría plenamente justificada.

La misma visión que llevó al mismo juez a garantizar en 2018 la extradición del referente mapuche Facundo Jones Huala a Chile, acusado por el Estado del país vecino de un delito del que nunca se comprobó su autoría o participación.

“Es una pena de muerte encubierta”, dijeron desde las organizaciones que integran la Coordinadora por la Libertad de Facundo Molares y que se congregaron frente al penal de Ezeiza, donde se encuentra detenido desde hace meses. “Así lo demuestra el asesinato del Estado narcoterrorista de Colombia contra los guerrilleros desmovilizados”, agregan al recordar que el pedido de extradición se basa en la militancia previa de Molares en la FARC.

“La Fiscalía advirtió la situación de riesgo de vida para Facundo y sin embargo, negando el evidente carácter político de los delitos imputados y alegando cooperación entre estados, solicita entregar a Facundo”, denuncian las organizaciones. “Este juicio tiene un carácter eminentemente político” y “su resultado pone a prueba la política de derechos humanos en nuestro país”, sentenciaron.

Según se informó apenas conocida la sentencia, la defensa de Molares presentará de inmediato un recurso ante al Corte Suprema de Justicia de la Nación para evitar la extradición. Hasta entonces el periodista y militante seguirá detenido en el penal federal de Ezeiza.

Vale decir que la extradición, si finalmente se concreta al llegar a la última instancia judicial, debería ser firmada por el presidente Alberto Fernández. En ese sentido cobra más valor la definición de la Coordinadora por la Libertad de Facundo Molares acerca de que el resultado de este proceso judicial “pone a prueba la política de derechos humanos” en Argentina. ¿Firmará Fernández la extradición del perseguido político si finalmente la Corte avala el fallo del juez Otranto? ¿Imitará el Frente de Todos el patético papel jugado por Cambiemos cuando Mauricio Macri firmó la extradición de Jones Huala?

En ese marco, los organismos de la Coordinadora solidaria con Molares vienen pidiendo insistentemente una reunión con el canciller Santiago Cafiero o con funcionarios de su ministerio a fin de conocer la postura oficial sobre el caso y qué harán frente a la eventual sentencia firme sobre su extradición. Por el momento esas gestiones no han tenido éxito.

Una vez conocida la sentencia de Otranto, las organizaciones políticas, de derechos humanos y sociales congregadas frente al penal de Ezeiza expresaron su bronca cortando la Autopista frente al penal de Ezeiza.




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