Dialogamos con delegados de base del Puerto de Buenos Aires que se encuentran peleando en defensa de los puestos de trabajo y contra la tercerización. “Acá los que estamos somos los delegados de base, no hay ningún gremio atrás de nosotros. Esto lo hicimos los trabajadores”.
El cuerpo de delegados de base que agrupa a trabajadores de distintos gremios portuarios como guincheros, apuntadores, marina mercante (sindicatos que integran la Federación marítima - FEMPINRA) y del Sindicato de portuarios (SUPA), junto a decenas de trabajadores se encuentran desde ayer realizando nuevamente bloqueo de los accesos a distintas terminales del Puerto de Buenos Aires.
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“Somos 600 trabajadores e indirectamente otros 300 más, a quienes las empresas tampoco le garantizan la fuente de trabajo. Ellos son tercerizados y no están en los planes de nadie. Quedan en la calle directamente compañeros con casi 30 años de actividad, profesionales, mano de obra especializada.”
Exigen la continuidad laboral y el pase a planta de los 600 efectivos de la terminal 5 y también de los 300 tercerizados que directamente quedarían sin trabajo luego de que se produzca el próximo mes, el fin de la concesión de la empresa BACTSAA que se encuentra a cargo de la operatoria portuaria de dicha terminal.
A su vez denunciaban que “nosotros teníamos un acta-acuerdo donde decían que iban a absorber a todo el personal con mismas condiciones de trabajo. La federación firmó a espaldas de los trabajadores nuestra precarización, entonces las empresas nos van a absorber bajo tercerización y muy malas condiciones salariales”.
La denuncia se refiere a La Federación marítima (FEMPYRA) a cargo de Juan Carlos Schmidt, que firmó en el mes de diciembre un acuerdo a espaldas de los trabajadores para trasladarlos a las terminales restantes bajo condiciones inaceptables. Quedarían a cargo de dos empresas tercerizadas, Gestión y Dompra, y no de las operadoras. De este modo, los trabajadores de Terminal 5 que hoy se encuentran en planta permanente pasarían a ser tercerizados de dichas firmas y con una reducción salarial que va del 30% al 60%.
Denuncian la inacción de las autoridades nacionales: “No puede ser que un gobierno nacional y popular, condene a trabajadores esenciales en plena pandemia y que tiene compañeros fallecidos y en la indigencia”. Y exigen: “Nosotros ya tuvimos movidas hace diez días. Lo que pretendemos es que el Ministerio de Trabajo se haga cargo de esta situación.”
Hace 10 días, y luego de haber realizado un paro y bloqueo de actividades de carga y descarga de un barco que había arribado recientemente a la Terminal, habían logrado una mesa de negociación donde no consiguieron ninguna respuesta favorable por parte del gobierno.
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