Se realizó la "Jornada en defensa de los derechos de usuarios de la salud mental"

El viernes pasado, en La Plata, organizada por el Movimiento por la Desmanicomialización en Romero.

Cecilia Quintana

Concejera directiva Facultad de Psicología-UNLP

Lunes 5 de diciembre de 2016 | Edición del día

Este viernes pasado se realizó la jornada “Sujetos Colectivos en Salud Mental” en la ciudad de La Plata, organizada por el Movimiento por la Desmanicomialización en Romero. El motivo de la misma fue dar a conocer los objetivos y funciones del Órgano de Revisión de Salud Mental de la Provincia de Buenos Aires, e invitar a la participación activa de usuarios y a la comunidad en general en la conformación de las mismas.

La jornada contó con dos mesas debate consecutivas abiertas a la comunidad en general, en las cuales se discutió cómo promover la participación de conjunto de organizaciones sociales y de las asambleas de usuarios, trabajadores y familiares de la salud mental en la defensa y cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental. De la misma participaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil Movimiento por la Salud Comunitaria y los Derechos Humanos, la Secretaría Ejecutiva del ORL, así como las asambleas de usuarios, familiares y trabajadores de la salud de las ciudades de La Plata, Rosario y Córdoba.

El principal motivo que agrupó a las organizaciones que conforman el espacio fue el nuevo ataque a ciertos aspectos clave de la ley 26657, en particular una reforma del artículo 39 de la misma, en donde se consiga la conformación del órgano de revisión de salud mental. Estos órganos son espacios que velan por el cumplimiento de los DDHH de los usuarios, y deben ser multidisciplinarios e integrados por diversos actores (como se aclara en el capítulo X de la ley). En la reforma actual, se designa al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación del Órgano de Revisión Nacional, se elimina del plenario la representación del colectivo de personas usuarias, y se define para el plenario la participación de 2 representantes de asociaciones de psiquiatras. De esta manera se saca la voz a las principales personas afectadas por el sistema de salud, y se jerarquiza la voz del psiquiatra, operando la primacía del mismo sobre los usuarios y yendo en contra del carácter multidisciplinario previsto.

Estas reformas van a tono con la avanzada del gobierno actual que busca asentar el sistema manicomial, aliado indiscutible de la industria farmacéutica. Como se dijo en notas anteriores, los manicomios son un negocio para las farmacéuticas privadas, en donde se experimenta con los pacientes los medicamentos nuevos. A su vez, son la respuesta que brinda el sistema público de salud al padecimiento mental de las mayorías: espacios de depósito de personas pobres, que no acceden a los tratamientos privados y muy costosos.

La ley lleva ya seis años de su sanción y promulgación. La misma prevé el cierre de los manicomios para el 2020, pero como dijeron usuarios en la mesa debate, “cerrar el manicomio no es dejar gente en la calle”. Esto es lo que vino sucediendo al día de hoy, en donde se cierran espacios del manicomio pero no se avanza desde el Estado en la construcción de centros de día, casas de medio camino y atención en hospitales generales. Al día de hoy, la realidad del cierre de los manicomios se ve más lejana aun, y se refleja en estos ataques a la ley.

Al mismo tiempo, es importante señalar que la ley 26657 tiene en su interior puntos sumamente conflictivos e inconsistentes con sus aspectos progresivos. En particular, los artículos 6 y 27 claramente mencionan la posibilidad de que junto a un sistema público de salud conviva el sector privado. Establecer objetivos y lineamientos antimanicomiales, interdisciplinarios, multisectoriales y de respeto por los derechos de los pacientes y al mismo tiempo reconocer y legislar la injerencia privada mercantilizante de la salud es un contrasentido, del cual se vale hoy el macrismo para su avanzada manicomial y desmanteladora del sistema público.

En este marco se hace aun más fuerte la necesidad de organizarse para enfrentar estos ataques, en defensa de la salud mental, la salud públicas, poniéndolas bajo control de usuarios y trabajadores.







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