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Red Internacional

Crisis política. Se reactivan las protestas en Perú contra el Gobierno de Dina Boluarte

Desde el este miércoles se reactivaron paralizaciones parciales en algunas regiones del Perú, mientras que en el resto del país se llevaron adelante movilizaciones exigiendo la renuncia inmediata de Dina Boluarte a la presidencia de la República y la realización de un proceso constituyente para cambiar la Constitución de 1993.

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Jueves 5 de enero | 11:07

Tras el acuerdo de distintas organizaciones sociales de Perú para retomar las acciones de protesta contra el gobierno represor y derechista de Dina Boluarte, este miércoles 4 de enero se realizaron varias acciones de lucha en las diversas regiones. Una vez más la zona alto andina y sureña volvió a ser la más dinámica en las protestas contra el actual gobierno nacido del golpe parlamentario del 7 de diciembre. Recordemos que el gobierno de Boluarte ya cuenta en su haber con 28 fallecidos, cientos de heridos y detenidos como consecuencia de la brutal represión contra los manifestantes, quienes, después de la caída de Pedro Castillo, iniciaron un levantamiento popular que tuvo su epicentro en las regiones del interior del país.

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Puno fue una de las regiones donde las acciones de protesta se hicieron sentir con más fuerza desde las primeras horas del miércoles 4 de enero. Por esa razón, durante todo el día, la ciudad y la mayoría de las provincias puneñas paralizaron sus actividades económicas, comerciales, educativas y de transporte. Según informaron los voceros de los manifestantes, los transportistas del servicio urbano acatarán un paro seco hasta el jueves 5 de enero, mientras que del 6 al 8 del mismo mes el servicio se normalizará, luego, a partir del lunes 9 de enero, se acatará un paro indefinido. Como se sabe, Puno es una región ubicada en la sierra sur del Perú, y se caracteriza por ser una de las zonas más pobres del país, donde, en las pasadas elecciones presidenciales del 2021, Pedro Castillo saco una altísima votación.

En otras regiones del interior del país también se realizaron paralizaciones parciales, como es el caso de Arequipa, donde los manifestantes bloquearon en determinados momentos del día el acceso a importantes vías de comunicación. En esta ciudad sureña participaron mayoritariamente trabajadores del gremio de construcción Civil, comerciantes de los mercadillos locales y pobladores autoconvocados de los denominados “pueblos jóvenes” de las zonas de menos recursos. Las diversas acciones de protesta confluyeron en una masiva concentración que se llevó a cabo en la plaza de armas de esta ciudad.

Según informaron, en su momento, los medios de comunicación y otras instituciones públicas encargadas de monitorear las implicancias de las medidas de lucha, durante el curso del miércoles 4 de enero se registraron 35 vías con tránsito interrumpido a nivel nacional. En ese entender, la Defensoría del Pueblo informo a las 16:00 horas del pasado miércoles 4 de enero que en todo el país se registraban 35 puntos de bloqueo en algunas provincias, así mismo dejaban constancia del enfrentamiento entre manifestantes y miembros de las fuerzas represivas alrededor del aeropuerto de Arequipa, además de la quema de una caseta del peaje de Ilave en Puno y el ataque a un vehículo de transporte público en la ciudad de Tacna.

En la ciudad de Lima también se dieron movilizaciones dispersas en el centro de la ciudad. Algunos de los manifestantes tuvieron confrontaciones con la policía nacional cuando estos trataron de llegar a las instalaciones del Parlamento para cuestionar el accionar de los congresistas, que son uno de los sectores más repudiados por la población. Las manifestaciones en Lima se dieron en horas de la tarde y aproximadamente agruparon a tres mil personas, quienes, mayoritariamente, exigían la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, una asamblea constituyente y la libertad del expresidente Pedro Castillo.

Por el momento no se han reportado muertos o heridos de gravedad entre los manifestantes, sin embargo, en algunas regiones se ha anunciado que la medida de fuerza continuara el jueves 5 de enero y que luego se hará un nuevo paréntesis para volver posteriormente con mayor contundencia. Algunos de los sectores que se movilizan han anunciado también que estarían preparando la realización de una gran marcha de protesta hacia la ciudad de Lima, a la cual han denominado “nueva marcha de los cuatro Suyos”, en alusión a lo que fue, en el año 2000, la gran movilización social que contribuyo a sellar la caída del gobierno dictatorial de Alberto Fujimori.

El gobierno de Boluarte mantiene el estado de emergencia como principal mecanismo para controlar el descontento social que se volvió a manifestar en las calles y plazas del país. En ese entender, el nuevo Premier Otárola, en horas de la mañana del miércoles 4 de enero, dijo en los medios de comunicación que, amparados en el estado de emergencia, los militares y la policía nacional están facultados para intervenir utilizando la fuerza contra los manifestantes cuando lo consideren necesario. Con lo cual queda clara la orientación represiva y antidemocrática del gobierno de Boluarte, el mismo que se sostiene fundamentalmente en el ejército y la policía nacional.

Una de las principales limitaciones que se ha podido percibir entre los manifestantes es la falta de centralización a nivel nacional, por ello, la dispersión y las iniciativas sectoriales son los elementos más recurrentes en este nuevo momento de la respuesta social al gobierno de Boluarte. Frente a esto, las grandes centrales sindicales, como la CGTP, el SUTEP o el FENATEP, prefieren mirar para otro lado y apenas apelan a acompañar, en algunos casos, algunas iniciativas de protesta o a “solidarizarse” formalmente con ellas, pero no hacen ningún esfuerzo por promover iniciativas concretas para articular y unificar a los sectores que salen a luchar.

Para superar este déficit es fundamental impulsar, desde las bases y las regiones, la posibilidad de realizar cuanto antes un gran encuentro nacional que agrupe a los trabajadores, los campesinos y sectores populares de todo el país para que se constituya un Comando Unitario de Lucha que se encargue de centralizar y preparar las diversas iniciativas de lucha contra este gobierno que tiene las manos manchadas de sangre y de impulsar la materialización de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que nos permita acabar con este régimen político amparado en la Constitución de 1993.


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