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Red Internacional

DERECHO AL ABORTO.Se promulgó el aborto legal en Argentina: cómo sigue la pelea por su implementación

Finalmente, el gobierno nacional promulgó la ley 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que entrará en vigencia en 8 días. La conquista del aborto. Las declaraciones de Alberto Fernández y la pelea que sigue para que se haga efectivo el aborto legal.

Sol Bajar @Sol_Bajar

Jueves 14 de enero | 19:55

Con un acto que se realizó en el Museo del Bicentenario, el gobierno nacional promulgó la ley 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo. También se reglamentó la ley de los Mil Días (ley 27.611), que establece cuidados integrales durante la gestación y los primeros dos años de vida de niños y niñas. Siguiendo las leyes argentinas, entrarán en vigencia en los 8 días posteriores a su publicación en el Boletín Oficial.

El acto, encabezado por Alberto Fernández; la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el ministro de Salud, Ginés González García, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, también contó con la presencia de referentes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Edición: @FlorAyom y Gastón C.

Imprescindibles

Con la implementación de la ley, el derecho al aborto deberá garantizarse de manera gratuita, a sola solicitud, en todos los niveles del sistema de salud (público, privado y las obras sociales) y hasta las 14 semanas de gestación. Además, todas las personas judicializadas y presas por abortar deberían ser liberadas ni bien comience a regir la norma y sus causas deberían anularse, porque con la legalización del aborto se empieza a aplicar la ley penal mas benigna.

Es un hecho histórico, y aunque las intervenciones de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta y Vilma Ibarra, así como la del presidente Alberto Fernández, atribuyeron la sanción a la decisión gubernamental y al “trabajo transversal” de los legisladores y legisladoras, la realidad es que se trata de una conquista que se arrancó con la lucha persistente, de décadas, de miles de mujeres, organizaciones sociales y la izquierda, porque hasta hace muy poco tiempo, ninguno de los partidos tradicionales acompañaba esta demanda.

Fue esa pelea incansable la que parió, precisamente, a la poderosa marea verde, que en 2018 comenzó a marcar un camino para nuevas y viejas generaciones. Lo imprescindible, para lograrlo, no fue ningún gesto institucional, sino el camino que abrieron referentes históricas de este movimiento, como Dora Coledesky; el que siguieron millones que tomaron en sus manos el reclamo de la legalización y de la inmediata separación de las Iglesias del Estado. La enorme potencialidad de ese movimiento se expresó también en el apoyo que conquistó entre miles de trabajadoras y trabajadores.

Como señaló un comunicado de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, "la lucha que comenzamos hace años, con nuestros pañuelos verdes y la militancia sostenida en cada lugar donde hubo que dar el debate, continuará con el seguimiento del cumplimiento de esta ley".

Alerta para el movimiento de mujeres

"Para muchas mujeres, es la culminación de un tiempo de lucha", aseguró Alberto Fernández en su intervención durante el acto. El presidente llegó a afirmar incluso que estaba "muy contento de haberle puesto fin al patriarcado". Toda una demostración de la sencillez con la que piensa el gobierno la profundad de las consecuencias que tiene este sistema, capitalista patriarcal, para la mayoría de nosotras.

"Esta ley iguala en la capacidad de decisión", siguió Fernández, y aseguró que "junto a la ley de los Mil Días, que le va a dar salud e ingresos suficientes para que sus hijos puedan desarrollarse como corresponde, estamos ampliando la capacidad de decidir”.

La "ampliación" de la que habló el presidente (y ni hablar de la falacia sobre la caída del patriarcado o la "culminación" de una lucha), tiene límites y, además, no será igual para todas. Como hicieron ante la conquista de otros derechos elementales, como la ley de divorcio, el derecho al voto femenino, el matrimonio igualitario, o la ley de Educación Sexual Integral, las cúpulas de las iglesias y sus representantes políticos, que estuvieron a la cabeza de poner todos los obstáculos posibles para impedir que sea ley, ahora buscarán impedir que este derecho se implemente.

Lo anunciaron ya durante el debate que se dio en ambas Cámaras, con provocadoras amenazas de las que fueron voceros José Mayans, el presidente del bloque del Frente de Todos, y la senadora tucumana Silvia Elías de Pérez, de Juntos por el Cambio, entre otros. Las consecuencias, sin dudas, las seguirán pagando las más jóvenes y pobres, que son las que principalmente sufrirán las dificultades que habrá para acceder al aborto legal.

El poder que les dan a estos sectores los artículos que propuso el Poder Ejecutivo, justamente a pedido de las iglesias y organizaciones antiderechos, lo explica con claridad. Figuras como la objeción de conciencia en los establecimientos de salud (con ejemplos como el de Río Negro y Salta, donde más del 70% y el 90% de los profesionales -respectivamente- ya se declararon objetores); la imposición de un plazo de hasta 10 días para confirmar la realización de la práctica; la penalización para quien aborte después de la semana 14 y no pueda justificar las causales de peligro de vida, de salud o violación; la eliminación del concepto de salud "integral" en la promulgación de la ley, son algunos ejemplos de lo absurdo de las declaraciones del Presidente argentino, así como de las concesiones que se hicieron a los sectores más reaccionarios.

Mientras el Estado sigue financiando a las iglesias con los aportes de todos, amparado en los artículos de la Constitución y en los decretos de la dictadura que siguen vigentes, la injerencia de las Iglesias y su poder de decisión se mantienen. Y lo hacen, justamente, para seguir imponiendo su moral y su control sobre la vida de millones. Un rol siempre tan caro a los gobiernos de turno, más aún en tiempos de crisis.

La pelea por la aplicación efectiva de la ley, la necesidad de separar las iglesias del Estado, de mantener activa esta lucha en las calles y de unir la fuerza de la marea verde a la de las trabajadoras y jóvenes que enfrentan las consecuencias de la crisis que acompaña a la pandemia, están más vigentes que nunca.




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