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Red Internacional

El Gran Hermano. Se declaró inconstitucional el sistema de reconocimiento facial aplicado por Rodríguez Larreta

La jueza porteña Elena Liberatori lo consideró como una vulneración de derechos. En abril de este año, Alejandrina Barry, legisladora del PTS FITU, había presentado un proyecto para su derogación y prohibición.

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Jueves 8 de septiembre | 10:55
Foto Diario Perfil

La jueza porteña Elena Amanda Liberatori, declaró la inconstitucionalidad del sistema de reconocimiento facial de prófugos (SRFP), aplicado por el Gobierno porteño de Rodríguez Larreta, sosteniendo que dicho sistema "se implementó sin cumplir con los recaudos legales de protección de los derechos personalísimos de los habitantes" del distrito.

También consideró que "la mera eventualidad de estas falencias con las consecuencias que se derivan en los derechos personalísimos de las personas afectadas y la ausencia de controles - no por no estar contemplados en las leyes sino por la ausencia de debida implementación conforme a ellas-, demuestra un grave grado de riesgo de vulneración de derechos personales".

El sistema de reconocimiento facial ya había sido cuestionado en 2020 por el Observatorio de Derecho Informático Argentino (Odia), que había presentado un amparo colectivo contra Rodríguez Larreta, a la que la jueza Liberatori dio lugar en la actualidad, y denunciado por la izquierda en la Legislatura porteña, en las voces de Alejandrina Barry, legisladora del PTS FITU, y Myriam Bregman, en ese momento legisladora y hoy actual diputada nacional.

En abril de este año, Alejandrina Barry presentó un pedido de interpelación al ministro Marcelo D’Alessandro, ante las irregularidades que salieron a la luz en la utilización del sistema de reconocimiento facial y que implicaban la consulta de datos biométricos de dirigentes políticos, sociales y de Derechos Humanos. Luego, ante la falta de explicaciones, la legisladora presentó un proyecto de ley de derogación y prohibición de la herramienta. “Al sistema de reconocimiento facial no se lo regula, se lo prohíbe”, señaló.

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Esta presentación se realizó luego de que el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, junto a otros dirigentes del Gobierno porteño, dieran una conferencia de prensa. Así lo expresaba Barry: "Se negaron a venir a la Legislatura a dar explicaciones, como pedimos desde la oposición. Y armaron una conferencia de prensa donde no pudieron explicar por qué fueron pedidos los datos biométricos de dirigentes políticos, de Derechos Humanos y sociales; por qué se buscó tanta cantidad de veces a esas mismas personas en horarios no hábiles; sólo por mencionar un ejemplo de este espionaje ilegal por razones políticas y de persecución, como se ve en todo el arco político que va desde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hasta mis compañeros Nicolás del Caño y Myriam Bregman, Estela de Carlotto, entre tantos otros y otras".

Por su parte, el Observatorio de Derecho Informático Argentino (Odia) que había presentado el amparo en 2020, cuestionó la constitucionalidad de las normas que dispusieron la aplicación del sistema de reconocimiento facial de prófugos (SRFP), destacando que "se conculcaba el debido proceso, en virtud de que, a su criterio, cualquier persona sería ’juzgada’ por un sistema de inteligencia artificial, sin la posibilidad de estar a derecho", por lo que requirió como medida cautelar que "se suspendiese la aplicación de las normas indicadas".

En principio, la causa que investiga irregularidades en la utilización de datos biométricos por parte de quienes tienen acceso al sistema de reconocimiento facial estuvo a cargo del juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Roberto Gallardo, hasta julio pasado.

Sin embargo, fue apartado por el Tribunal Superior de Justicia al hacer lugar a una recusación planteada por el Gobierno porteño en julio pasado, por lo cual Liberatori quedó a cargo del expediente.

La recusación presentada contra el juez Gallardo se produjo luego de que, en abril, el magistrado dispusiera, de modo cautelar, la suspensión por parte del Gobierno porteño del SRFP tras detectar un presunto uso irregular que permitió acceder a datos biométricos de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.

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Los datos otorgados por el peritaje daban cuenta de varias irregularidades que el Gobierno porteño no podía explicar. Quizás por ello, 5 días después de presentado en el juzgado, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad ordenó remover al juez a cargo de la causa.

Las firmas para la remoción del Juez Gallardo, según informó Página 12, habían sido aportadas por Inés Weinberg, candidata fallida de Mauricio Macri a la Procuración General de la Nación, Santiago Otamendi, ex número dos del Ministerio de Justicia a cargo de Germán Garavano y Marcela De Langhe, allegada a Horacio Rodríguez Larreta.


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