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Red Internacional

Hubo paros el sábado y las otras cadenas fueron a pedir los mismos beneficios impositivos y “laborales”. El Ministerio de Trabajo dictó una conciliación para ganar tiempo.

Lucho Aguilar@lukoaguilar

Martes 24 de abril de 2018 | Edición del día

Todo parecía cerrado con moño. Pero el pacto firmado por el CEO Rami Beith de Carrefour, el ministro Jorge Triaca y Armando Cavalieri tenía una letra chica polémica. No había despidos directos pero 1000 “acuerdos individuales de desvinculación”, la posibilidad de la empresa de cerrar locales con solo avisar 30 días antes, un Preventivo de Crisis de tres años que pendía como espada de Damocles sobre los empleados, y un elemento clave: “La exclusión del 50% de las contribuciones previsionales patronales”. Según el exhaustivo cálculo de Leandro Renou para Letra P, estamos hablando de 800 millones de pesos durante los 18 meses que rige la cláusula.

La bronca por las condiciones en que el acuerdo dejaba a miles de trabajadores se juntó con una interna entre Cavalieri y otros sectores de la conducción (Muerza y Amado), y el sábado varios locales de la Ciudad de Buenos Aires amanecieron con paros y asambleas.

Ante ese primer cuestionamiento, se programó una reunión para esta semana con los sectores del gremio que cuestionaban parte del acuerdo.

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Sin embargo, la semana arrancó con otro ingrediente más. Los representantes de otros supermercados y empresas de consumo masivo visitaron a sus amigos en el gobierno para hacerles saber que ellos también tienen “algunos problemas” y les interesaba un beneficio similar. Entre ellos Unilever, Cencosud y la Cámara Argentina de Supermercados, quién aseguró en un comunicado que “el supermercadismo argentino pide igualdad de trato”. La Cámara Argentina de Distribuidores Mayoristas publicó una solicitada donde denunció "desigualdad competitiva".

Triaca, que había tomado la audaz decisión de decidir una rebaja fenomenal de impuestos mediante un simple acuerdo ministerial, tuvo que explicarle a sus colegas de gobierno que iba a tratar de resolver el tema.

Por ahora, se dictó la conciliación obligatoria por 15 días. Desde el gobierno aseguran que solo rige para el conflicto en Capital y “el acuerdo está pendiente de homologación. No está suspendido ni mucho menos".

Pero lo cierto es que ese tiempo le servirá a los funcionarios para volver a redactar la cláusula III del acuerdo, y ver cómo pueden mantener los favores a la multinacional francesa.

Sin embargo el resto de los puntos, que afectan mil puestos de trabajo, condiciones laborales, próximos aumentos y la posibilidad de cierre de locales, seguiría en pie. Así lo hizo saber el propio Ministerio y obviamente no fue cuestionado por las otras patronales.

¿Aprovecharán los sectores opositores a Cavalieri estos 15 días para organizar a los trabajadores de Carrefour y el resto de los supermercados para dar una pelea contra el conjunto del acuerdo?




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