×
×
Red Internacional

Aula Segura 2.0. Senado aprobó impedir el acceso a gratuidad por un año a sancionados por Ley Aula Segura

El pasado jueves 17 de noviembre, en el marco de la discusión de Presupuesto de la Nación para el año 2023, se aprobó en el Senado una indicación que señala que los estudiantes que hayan sido sancionados por la Ley Aula Segura no podrán recibir los beneficios asociados a la gratuidad en educación superior por un plazo de un año.

Lunes 28 de noviembre de 2022

El pasado jueves 17 de noviembre, en el marco de la discusión de Presupuesto de la Nación para el año 2023, se aprobó en el Senado una indicación que señala que los estudiantes que hayan sido sancionados por la Ley Aula Segura no podrán recibir los beneficios asociados a la gratuidad en educación superior por un plazo de un año, profundizando aún más las implicancias de una ley cuya principal función ha sido la persecusión política de estudiantes secundaries. [1]

Una ley hecha para acallar las demandas populares:

El año 2018 se vio marcado por una fuerte protesta juvenil. En las universidades irrumpió con fuerza el movimiento feminista, con una oleada de conversatorios, foros, tomas y acciones de protesta callejera, por el derecho al aborto y denunciando la violencia machista que permea profundamente la sociedad y el sistema educacional chileno, instalando la exigencia de una educación no sexista y la necesidad de protocolos eficaces contra la violencia de género. Los liceos no quedaron fuera de este fenómeno, pero en ellos además, la ola feminista convergío con la denuncia de la precariedad que afecta a la eduación pública secundaria, infraestructuras deterioradas, pésima alimentacion, hacinamiento y falta de apoyo docente para entregar una educacion de calidad a les estudiantes, todos problemas que continuan hasta el dia de hoy y que se profundizaron con la pandemia.

Así durante los años 2018 y 2019, en vez de dar respuesta a las demandas educativas el gobierno de Piñera y en particular el ex- Alcalde de Santiago, Felipe Alesandrí, emprendieron una brutal represión contra la organización estudiantil, sobre todo contra los liceos emblemáticos de la capital, que fue desde la criminalización en la prensa, amenazas de desalojo, término anticipado del semestre, un intento de hacer control de identidad en las puertas del Instituto Nacional que fracasó gracias a la organización de les estudiantes. El proyecto aula segura y su entrada en vigencia en 2019 vino a agudizar la violencia que se experimenta en los liceos.

El proyecto original aprobado en 2018, tenía como objetivo fortalecer las facultades disciplinarias de los directores de los establecimientos educacionales, haciendo más simple y expedita la expulsión y cancelación de matrícula a les estudiantes frente a una conducta grave o gravísima que infrinja el reglamento interno del colegio. Sin embargo, en realidad se trataba de una ley hecha para disciplinar las protestas de les secundaries que se movilizaban por el programa histórico del movimiento estudiantil. De hecho, según datos entregados por la Defensoría de la Niñez (2020), en el periodo 2019-2020 se cursaron 1.135 procesos por Aula Segura, en donde el 68% de les involucrados fueron expulsados, el 35% se ubica en la región metropolitana y el 1,9% de los establecimientos acumula el 13,02% de todas las causas, que son justamente los liceos emblemáticos de la capital donde tienden a concentrarse las acciones políticas de les secundaries.

Si bien Aula Segura tenía como móvil central el disciplinamiento de los liceos emblemáticos, se ha usado a nivel nacional para resolver de forma punitiva un amplio abanico de situaciones de violencia escolar, que van desde agresiones físicas y psicológicas a integrantes de la comunidad, pasando por agresiones de carácter sexual, hurto, venta de drogas o daños al mobiliario esencial del establecimiento, etc. Cabe mencionar que “Transgresión reiterada a las normas del establecimiento” es la causal con mayor cantidad de procesos (43%), seguida de “agresiones físicas a otros estudiantes” (19%) y “agresiones físicas a docentes y/o asistentes de la educación” (13%). “Uso, porte, posesión y tenencia de artefactos incendiarios”, donde entran el lanzamiento de bombas molotov, que fue uno de los principales motivos esgrimidos por la derecha al momento de impulsar esta ley sólo aborda el 2% de las causas. La premisa bajo la que funciona es el alejamiento de los individuos conflictivos, no aborda las causas de la conflictividad social, creando un clima de persecución y estigma. Además constituye una ley discriminatoria porque no afecta a las escuelas privadas.


Temas

Juventud

Comentarios

DEJAR COMENTARIO


Destacados del día

Últimas noticias