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Uruguay.Se agrava la situación sanitaria y el Gobierno de Lacalle sigue sin tomar las medidas necesarias

Aunque la situación sanitaria se agrava y hay claras señales de saturación en muchos sectores el presidente anunció que no tomará nuevas medidas y que continuarán vigentes las que se tomaron el 23 de marzo.

Jueves 8 de abril | 23:48

Foto: Gastón Britos/focouy

Minutos después que el presidente finalizara la conferencia de prensa del día miércoles se conocieron los datos de ese día, con un total de 3.935 casos nuevos de Coronavirus en base a 13.395 hisopados, lo cual constituye un record absoluto, tanto por la cantidad de casos, como por la tasa de positividad (34%). Se informó también que se registraron 40 muertes, continuando el alto número que se viene dando desde hace unos días.

Este jueves los datos volvieron a mostrar numero muy altos con casi 3700 casos nuevos en 18000 análisis, es decir una tasa de positividad mayor al 20% y 44 muertos.

Los CTI están en un momento especialmente crítico con una ocupación que sobrepasa el 75% y casi un 50% correspondientes a enfermos de Covid.

Se sabe además que Uruguay está entre los 10 países del mundo con más muertos por coronavirus en relación a su población, y ocupaba el día de ayer el primer lugar en el mundo en relación a casos activos nuevos de Covid.

Los anuncios del presidente

Con este gravísimo panorama, era esperable que el presidente anunciara medidas acordes a la magnitud del problema, pero esto no sucedió.

Desde el gobierno se reconoce tácitamente que la pandemia está fuera de control, pero como no están dispuestos a nuevas medidas tienden a minimizar la gravedad de la situación y poner todas las esperanzas en la vacunación.

En sintonía con este punto de vista en la conferencia de ayer solo se extendió la suspensión de la presencialidad en toda la educación hasta el lunes 3 de mayo, así como el teletrabajo obligatorio en el sector público y el pedido de ir por el mismo camino en el sector privado.

A pesar de este optimismo que intenta trasmitir Lacalle la realidad va por otro camino:

Científicos y especialistas advierten que el éxito de la vacunación no está asegurado y si bien se espera a mediano plazo una disminución de casos graves que requieren CTI, el objetivo de una inmunización más o menos generalizada está aún muy lejos. Al gobierno no parece importarle que su apuesta puede dejar cientos o miles de muertos.

Además la circulación de nuevas cepas es un riesgo latente, incluso con posibilidad de mutaciones del virus que reduzcan la efectividad de las vacunas actuales.

El sistema de salud muestra signos claros de saturación y se encuentra al borde del colapso:

Esperas de 10 horas de las ambulancias, traslados entre hospitales buscando lugares, escasez de medicamentos, demoras en la atención, saturación de llamadas por consultas ante sospechas de Covid, atrasos en los hisopados, son algunas de las situaciones que se relatan en las crónicas de los medios de prensa en estos días.

Por otra parte, frente a la realidad social absolutamente angustiante de grandes sectores de la población, que se agrava por la reducción de la movilidad vigente desde el 23 de marzo, Lacalle solo señaló que habrá anuncios de la ministra Arbeleche la semana próxima.

Sin embargo ya adelantó que en todo caso las medidas están dirigidas al sector empresarial. Esta ha sido la tónica desde el comienzo de la pandemia; apoyos, exoneraciones y subsidios para las patronales y poco o nada para los sectores populares.

Las cifras difundidas por la CEPAL muestran que por cada peso que invirtió Uruguay en los más pobres durante el 2020 para atender la crisis social producida por la Pandemia, América Latina en promedio invirtió cinco. Países como Chile y Costa Rica, Argentina invirtieron 13 veces, 9 veces y 16 veces respectivamente.

Cuando se trata de los pobres el presidente señala que no va a tomar medidas que restrinjan más la movilidad porque esto afectaría el “poder parar la olla” de los que viven de la informalidad y los ingresos del día a día.

En el fondo esta es la “libertad” que gusta citar el presidente y que pone como fundamento para no tomar medidas mas duras: mientras los ricos y sectores acomodados se pueden “confinar” a los pobres hay que darles la “libertad” de circular y salir a conseguir los ingresos que le permitan sobrevivir, no importa si en esto ponen en riesgo su propia vida.

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La falsas alternativas del Frente Amplio y el PIT-CNT

Mientras el gobierno insiste en mostrar un clima de cierta normalidad, reafirma que no detendrá la economía (o sea que los empresarios puedan seguir acrecentando sus ganancias), y que para los pobres no habrá más que migajas; personalidades del Frente Amplio ponen el foco en medidas represivas y de control social.

Toque de queda, prohibición de circular de noche, cierres de frontera, son el menú de alternativas que ofrece la oposición frenteamplista; mientras omite cualquier cuestionamiento un poco más profundo y se niega a levantar un programa que afecte la ganancia empresarial.

La situación actual no se arregla con dialogo social, hay que organizarse y movilizarse para imponer un plan económico opuesto al que lleva adelante este gobierno, para que de respuesta a las necesidades de los trabajadores y las grandes mayorías populares.

La central obrera PIT-CNT no ha estado a la altura de las circunstancias, y se ha sumado al discurso del gobierno de que hay que cuidar el empleo dejando pasar rebajas salariales y pérdidas derechos laborales.

El resultado ha sido que aún con pérdida del salario real, mayor precarización y explotación también ha aumentado el desempleo. Mientras tanto distintos indicadores señalan que los grandes empresarios mantienen o aumentan sus ganancias.

Se hace necesario por el contrario, que los trabajadores voten y discutan democráticamente un plan de lucha que enfrente seriamente la política de la coalición derechista.

Prohibición de despidos, subsidios para desocupados, reforzar el sistema sanitario, prohibición de desalojos o de cortes de servicios esenciales son algunas de las medidas que se hacen imprescindibles para que los trabajadores no sean los que paguen el costo de la crisis que provoca la pandemia.




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