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Red Internacional

Los jueces Violini y Borinsky de la Cámara de Casación cedieron al lobby de la Iglesia católica y dijeron que Nicola Corradi, Eliseo Pirmati y Jorge Brítez no deben ser enjuiciados pese a las contundentes pruebas, testimonios de sobrevivientes y la investigación de la fiscal Cecilia Corfield.

Daniel Satur@saturnetroc

Viernes 6 de noviembre de 2020 | 22:39

En la tarde de este viernes el Poder Judicial de provincia de Buenos Aires les dio un duro cachetazo a los y las sobrevivientes de los abusos, torturas y demás tormentos aplicados por la banda del Instituto para niños sordos Antonio Provolo de La Plata, integrada por los curas Nicola Corradi y Eliseo Pirmati junto a empleados como Jorge Brítez.

Según los jueces, las innumerables pruebas y testimonios directos de sobrevivientes de abusos y torturas que Corradi, Pirmati, Brítez y otros miembros del Provolo cometieron durante las décadas del 80 y 90, no son suficientes para torcer la sacrosanta (y siempre maleable) “prescripción” de los delitos.

A los jueces de la Cámara de Casación tampoco los hicieron cambiar de opinión las históricas condenas a Corradi (42 años de prisión) y al cura Horacio Corbacho (pena de 45 años), ocurridas en Mendoza hace un año.

Y mucho menos la investigación de la fiscal Cecilia Corfield, quien tras escuchar a las víctimas, allanar el Provolo platense y comprobar que decían la verdad, ver el encubrimiento del Arzobispado de La Plata para con sus criminales y demostrar que los delitos siguen vigentes, pidió en octubre de 2019 la elevación a juicio para Corradi, Pirmati y Brítez (en una primera etapa de una causa que involucra a muchos más culpables).

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Como si fueran verdaderos abogados de los monseñores Héctor Aguer y Víctor Fernández (por qué no, del propio papa Francisco), los jueces Víctor Violini y Mariano Borinsky firmaron un fallo en el que decidieron hacer lugar al pedido de la defensa del profesor Brítez, el único de los imputados que está detenido en La Plata. Vale recordar que Corradi (hoy de 85 años) está cumpliendo su condena en Mendoza y Pirmati fue enviado a Verona (Italia) por el arzobispado platense a fines de 2017, cuando se sabía que sería alcanzado por la causa judicial.

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En su fallo, escandaloso por donde se lo mire, los jueves Violini y Borinsky dijeron que como los abusos y las torturas de los que se habla ocurrieron entre 1982 y 1993, no es posible juzgar a los acusados porque los delitos son previos a la promulgación de la ley de imprescriptibilidad de los crímenes sexuales. “La aplicación retroactiva de la ley penal en contra del imputado violenta los principios de legalidad y debido proceso”, se escudaron los jueces en un claro alineamiento con la Curia y sus “ovejas descarriadas”.

Es decir que para los jueces no es que los crímenes no existieron ni mucho menos, sino que no se los puede juzgar por una formalidad jurídica. ¿Entonces? Entonces el profesor Brítez puede salir en libertad, el cura Corradi puede sentirse satisfecho desde su lugar de detención domiciliaria y Pirmati, sobre quien pesaba un pedido de extradición de la fiscal Corfield, puede seguir gozando de sus días (y sus noches) en Verona sin pedirle perdón a nadie.

Horacio Corbacho y Nicola Corradi, condenados en Mendoza
Horacio Corbacho y Nicola Corradi, condenados en Mendoza

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Corradi fue durante los años 70, 80 y 90 el mandamás del Provolo platense, gobernando las vidas y las voluntades de decenas de jóvenes sordos que vivían en calidad de “pupilos” en el instituto. El cura italiano había sido trasladado desde el otro lado del Océano Atlántico cuando los abusos cometidos por décadas en Verona se habían vuelto inocultables (muchas de sus víctimas ya eran adultas y habían empezado a hablar).

Durante muchos años, por la impunidad reinante (el Arzobispado de La Plata sabía de esos delitos y nunca los denunció), las víctimas de la banda de curas del Provolo de La Plata mantuvieron en secreto sus horrorosas experiencias. Así lo contó a este diario el salteño Daniel Sgardelis, hoy ya adulto, uno de los exalumnos del Provolo que decidió constituirse en querellante luego de que salieran a la luz los aberrantes testimonios de las víctimas mendocinas.

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Los relatos de las niñas y niños del Provolo de Luján de Cuyo fueron el fiel “espejo” en el que Sgardelis y otros sobrevivientes se vieron reflejados y decidieron romper sus secretos tortuosos y denunciar a los mismos criminales de los que se hablaba en Mendoza e Italia.

Consultada sobre el fallo de la Cámara de Casación de La Plata, la sobreviviente platense Julieta Añazco (pionera en Argentina de la lucha contra los abusos eclesiásticos y fundadora de la organización Iglesia Sin Abusos), dijo a La Izquierda Diario que repudia “absolutamente este arbitrario fallo, dado que los jueces no aplican la Ley 27.206 de respeto a los tiempos de las víctimas. No podemos creer que se haya llegado a esta instancia”.

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Respecto a las consecuencias de sentencias como ésta en las víctimas, Añazco afirmó que “los jueces saben que así logran que posibles denunciantes, víctimas y sobrevivientes, dejen de hablar y de presentarse ante los tribunales. Incluso personas que ya denunciaron a sacerdotes por abusos sexuales, ante estos fallos muchas veces desisten de continuar. No podemos permitirlo, exigimos justicia, verdad y reparación”.

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Huelga decir que la búsqueda de la "prescripción" judicial de los delitos de abusos sexuales y demás tormentos aplicados por curas, monjas y laicos asociados a la Iglesia católica es una de las estrategias de defensa más usadas por la curia. Al no poder negar que los crímenes existieron, al menos que no se los pueda juzgar y condenar.

Como era de esperar, la noticia del fallo de los jueces Violini y Borinsky llegó sin demoras al Vaticano. Allí festejaron este nuevo jalón de la larga historia de impunidades que acumula la Iglesia católica. Jorge Bergoglio, encubridor él mismo de varios violadores y torturadores, seguramente hoy gritó "aleluya". Y su amigo personal, el arzobispo platense Víctor "Tucho" Fernández, ni hablar.

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