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COVID-19

San Miguel de Tucumán retrocede de fase ante el aumento de los contagios

El COE estableció nuevas restricciones tras el decreto presidencial publicado hoy. Sin nuevas medidas respecto a la salud y con un creciente reclamo de trabajadores por las consecuencias económicas de la crisis.

Lunes 12 de octubre | 17:00

Tras la publicación del decreto presidencial —que establece el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) en una serie de ciudades con tasas altas de contagios de covid-19—, el Comité Operativo de Emergencias (COE) estableció que San Miguel de Tucumán retrocederá de fase a partir de este martes y por al menos dos semanas. La medida responde al incremento de casos, ya que la capital concentra el 80% de los casi 30.000 casos que acumula la provincia, y fue confirmada por el gobernador Juan Manzur.

A la alta tasa de contagios, se suma el alto porcentaje de ocupación en las camas de unidad de terapia intensiva (UTI). De acuerdo a la Nación, en Tucumán este indicador se encuentra en el 80 % de la capacidad.

Aunque se anunció como un regreso a la fase 1, según versiones extraoficiales además de las actividades consideradas esenciales se harán excepciones para el comercio, la construcción y la gastronomía (que podrá atender con modalidad delivery o para llevar). Previamente ya estaban prohibidas las reuniones familiares y sociales, junto con la circulación después de las 23.30.

Sin medidas para la salud ni para la economía

Como en cada anuncio cada 15 días, el Gobierno no menciona medidas en torno al sistema de salud. Ni ampliar la capacidad de los testeos (que se convirtieron en nuevo negocio de los laboratorios privados) ni en el número de camas (sin contar los promocionados hospitales de campaña que distan bastante de una cama UTI) están en las resoluciones del COE. Además, aumentó el número de contagiados entre el personal de la salud.

Como consecuencia, para el Gobierno no es una posibilidad la centralización del sistema de salud, que combine el área pública, privada y prepaga. Una medida fundamental para reorganizar y unificar la atención sanitaria en un sistema único estatal de calidad, sin que prevalezca el lucro por encima de las necesidades de la población.

Al mismo tiempo, tampoco hay medidas frente a las consecuencias económicas de la crisis que se agravan. En los últimos meses las cámaras empresarias del comercio y la gastronomía han presionado para sostener una apertura pero eso no significó en un beneficio favorable para los trabajadores. En el caso de los contagios, se presiona para que los trabajadores continúen en sus tareas la mayor cantidad posible de días, todo en el marco de protocolos que nadie controla que se cumplan.

Sin que el grueso de los meses de la pandemia impacte en la estadística, según el último informe del Indec se destruyeron 68.000 puestos de trabajo en la provincia. Según un relevamiento se cerraron 200 comercios en la zona centro de la capital. Al despido hay que sumar la imposibilidad de acceder a un ya de por sí insuficiente IFE como también los descuentos.

Este panorama llevó a que crezcan las protestas por las condiciones de higiene y salubridad pero también por reclamos por el ajuste. Por ejemplo, ante el no pago de salarios, los trabajadores del transporte iniciaron un paro, con un bloqueo que fue judicializado por las patronales y el Gobierno, que llevó a organizar acciones por líneas de colectivos.

También sucede en el caso de los trabajadores del citrus, que sin poder trasladarse a trabajar a cosechas en otras provincias, deben arreglárselas con un plan interzafra interfaces de $ 7000, donde el Gobierno estableció un cupo que deja afuera a unos 30.000 trabajadores, donde se suman azucarera y de alimentación.

Al confirmar este retroceso de fase, Manzur afirmó que tomó esta medida “pensando en el bienestar de todos los tucumanos”. Sin medidas ni para la salud ni la economía, apunta a que los elementos críticos se profundizarán.







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