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Red Internacional

Trabajadores ambulantes se concentraron en las puertas del municipio capitalino, con el objetivo de defender su única fuente de trabajo. De esta manera, exigieron al intendente Tamayo la habilitación del espacio público para continuar comercializando.

Sábado 16 de enero | 22:29

Hace unos días, la Municipalidad de San Luis sancionó y promulgó una Ordenanza que prohíbe la venta ambulante en la vía pública. Sin embargo, diversos trabajadores ambulantes de San Luis, si bien fueron notificados de la misma, ante la opción de trabajar o enfrentar las consecuencias del desempleo, continuaron con sus ventas.

La Policía provincial y municipal no dudó en perseguirlos hasta desmantelar sus pequeños puestos, secuestrar la mercadería y multarlos. Lucía, una de las trabajadoras ambulantes afectada por el operativo, lo resumió muy bien: "La Policía nos dijo que iban a proceder a secuestrar e incautarnos todo lo que tuviéramos para vender”.

Los medios de comunicación locales reproducen el mensaje del Municipio: "Queremos hacer uso de razón y que entiendan que no pueden estar vendiendo en la calle”. Pero, ¿trabajar en la venta ambulante es un delito?

Desde el Municipio se argumenta que “afecta a las ganancias de un supermercado cercano”. Como si vender artículos varios afectará los ingresos de un supermercado tan popular y concurrido. De esta manera, queda en claro que a la gestión de Tamayo le importa defender a las grandes empresas en lugar de proteger a los trabajadores informales. Recordemos que son los mismos que pelean todos los días para llevar sustento a sus respectivas familias y, a su vez, enfrentan las dificultades de la pandemia. Sin titubear, es fundamental repudiar la actitud precarizadora y represiva por parte de la gestión municipal. ¡Tamayo es responsable!

Tamayo, ¿contra la pobreza o contra los pobres?

Hace tiempo que el actual Intendente, Sergio Tamayo, viene dándole la espalda y amedrentando a los trabajadores ambulantes del centro capitalino. En agosto de 2020, se produjo un intenso incendio en la zona del Paseo del Padre donde la mayoría de los espacios de venta fueron consumidos por el fuego. La inoperancia fue la respuesta de la Municipalidad. Al inhabilitar la zona del Paseo del padre, dejó a todos los puesteros sin un lugar para comercializar y, por lo tanto, les negó el derecho a trabajar. En aquel momento, el Intendente Tamayo no esbozó ni les ofreció respuesta o solución alguna a los damnificados. Cabe señalar que, directa o indirectamente, se trata de una actitud xenófoba, ya que ataca directamente a los comerciantes que son de otro país.

Lógicamente, los puesteros comenzaron a levantar pequeños puestos precarios alrededor del Paseo y sobre la peatonal Rivadavia. Actualmente, son aproximadamente 80 los puesteros que buscan generar ingresos económicos de esta manera. A simple vista, podríamos pensar que se trata de un simple problema reducido a la falta de un lugar o espacio fijo para seguir comercializando. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que estos trabajadores se encuentran condicionados por el trabajo informal, no regularizado y expuesto a las condiciones climáticas, sin obra social, aportes jubilatorios, ni ART. Como si esto fuera poco, ahora, el Gobierno municipal somete a los trabajadores a un constante estado de alerta, debido al hostigamiento policial.

Que el miedo no nos paralice, sino que nos organice. ¡Basta de precarización laboral! ¡Basta de persecución! Exigimos a la gestión municipal y provincial que deje de perseguir a las y los trabajadores ambulantes, y llamamos a la organización contra toda opresión por parte de la casta política que maneja y regula la ganancia de los que tienen lo que a todos nos falta, los capitalistas.




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