Política

San Luis: memoria, verdad y justicia en tiempos de pandemia

En medio de la crisis económico/sanitaria provocada por el Coronavirus, se cumplen 44 años del golpe de Estado cívico-militar-eclesiástico del ’76 que hizo del genocidio una política estatal no sólo a nivel nacional, sino también en la provincia.

Martes 24 de marzo | 13:01

A más de cuatro décadas del inicio de la última dictadura genocida, la Memoria, la Verdad y la Justicia por las compañeras y los compañeros detenidos/desaparecidos en ese proceso (que lo único que trajo fue miseria, desesperación, dolor y un profundo sentimiento de impotencia), tenemos que hacerlas en medio del aislamiento socio-preventivo (cuarentenas) provocado por el coronavirus.

En San Luis, hasta el 24 de marzo de 1976 gobernó Elías Adre, político alineado con la rama izquierdista del Partido Justicialista que debió dejar su cargo como consecuencia del golpe. Luego del estallido de la sangrienta dictadura, la provincia tuvo cuatro gobernantes de facto: Aldo Mario Barbuy (24/03/1976 a 20/04/1976); Cándido Martín Capitán (20/04/1976 a 07/06/1976); Hugo Raúl Marcilese (07/06/1976 a 04/04/1981); y Hugo Nicolás Eugenio Di Risio (04/04/1981 a 10/12/1983).

En ese largo período, los militares puntanos persiguieron y detuvieron a muchísimas personas en aproximadamente nueve centros clandestinos de detención a nivel provincial, desapareciendo y asesinando en San Luis a más de 40 jóvenes, estudiantes, trabajadoras y trabajadores de entre 21 y 55 años de edad.
Además, cabe recordar que durante la dictadura no sólo se instalaron centros clandestinos de detención, sino que además se disolvió el Congreso Nacional, se estableció la pena de muerte, se suspendieron las libertades democráticas y constitucionales, se removió a los miembros de la Corte Suprema de Justicia para designar unos nuevos (afines a la ideología de la Junta Militar), se intervinieron los sindicatos y las universidades, se proscribieron las actividades partidarias, se le otorgaron beneficios impositivos y económicos a la Iglesia Católica, y se censuraron todo tipo de medio de comunicación independiente (no oficial).

La complicidad que hasta nuestros días gobierna

En los años de la dictadura militar (en 1978, para ser exactos) Alberto Rodríguez Saá (actual Gobernador de la provincia) junto a un grupo de personalidades de la alta sociedad puntana, enviaron una carta a Emilio Eduardo Massera (oficial naval integrante de la Junta Militar de Gobierno), en la cual, le solicitaban “castigo ejemplar” para varios dirigentes políticos y sociales de la provincia, tildándolos de “subversivos”. Entre ellos, se nombraba a Julio Everto Suárez, quien fue secuestrado, desaparecido y asesinado en el año 1979.
Al día de hoy, se han dado tres juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia, condenando a distintos militares, civiles, miembros de las fuerzas de “seguridad” y magistrados del Poder Judicial. Sin embargo, más allá del repudiado “perdón” que Estela de Carlotto (presidenta de la asociación Madres de Plaza de Mayo) le otorgara al dirigente puntano en el año 2018, aún queda pendiente de una seria investigación aquél accionar de los hermanos Rodríguez Saá durante la época más oscura y sangrienta de la historia argentina.

Por otro lado, desde el ’83 (vuelta de la democracia) a la fecha, se da una paradoja en este nuevo aniversario del 24M: que nos toca repudiar aquél genocidio, rechazar la idea presidencial de “dar vuelta la página”, y recordar a las compañeras y a los compañeros detenidos/desaparecidos (y a su lucha) desde nuestros hogares, aislados y en cuarentena a causa del COVID-19 y de las medidas de los distintos gobiernos, mientras las fuerzas represivas (las mismas que fueron fundamentales para ejecutar el terrorismo de Estado de la última dictadura) se encuentran en las calles y en los barrios, patrullando, persiguiendo y deteniendo a toda persona que por su situación personal, laboral y económica no puede cumplir con el aislamiento obligatorio.

Pero, aún en estas circunstancias, la verdad sigue estando revelada, la memoria sigue estando intacta y la justicia la siguen imponiendo las Madres, las Abuelas y todas las organizaciones de Derechos Humanos que después de 44 años siguen en pie de lucha a la espera de la cárcel común y efectiva a todos los genocidas y a sus cómplices, y por la desclasificación y apertura de todos los archivos de la última dictadura.

¡30.000 presentes, ahora y siempre!

El 44° aniversario del golpe genocida será atípico este año. A pesar de que no habrá movilizaciones, concentraciones ni actos, la pandemia del coronavirus no va a impedir que sigamos luchando por nuestras demandas y derechos, no nos hará “dar vuelta la página”, no nos hará olvidar, perdonar ni reconciliarnos con las Fuerzas Armadas y todos los cómplices de la última dictadura.

Compañeras y compañeros detenidos/desaparecidos en San Luis:

Ricardo Enrique Saibene; Rafael Roberto García; Julio Everto Suárez; Ana María Ponce; Jorge Gabriel Pujol; Juan Carlos Allende; María del Carmen del Bosco de Allende; Domingo Chacón; Jorge Luis Ruffa; Jorge Omar Cazorla; Félix Roque Giménez; Leonor Rosario Landaburu de Catnich; Nolasco Leyes; Héctor Raúl Jofre; Luis Cainfaila; Pedro Ledesma; Graciela Fiochetti; Santana Alcaraz; Jorge Reynado Ruarte; Dante Bodo; Carlos Luis Mansilla; Mauricio López; Adolfo Enrique Pérez; Luis María Frum; Aníbal Torres; Alfredo Felipe Sinopoli; Oscar Barraza Díaz; Lubino Amodey; Ángel Arturo Avellaneda; José Oscar Robustelli; Marcos Ibañez; Domingo Brito; Norma Morandi; Luis Antonio Darcángelo; Profesor Kupp; Fred Mario Ernest; María Teresa Bernasconi; Mario Alberto Godoy; Miguel Zavala Rodríguez; Susana Ossola; entre otras y otros.







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