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Red Internacional
La Izquierda Diario

El 25 de enero el municipio pondrá en marcha el plan impulsado desde el Ente de Movilidad. Ya se dieron a conocer las primeras modificaciones: no sólo se reducirá el servicio sino que aumenta el valor del boleto. Un 2021 que comienza con ajuste hacia los usuarios y trabajadores del transporte público.

Viernes 8 de enero | 20:18

Esta semana se dieron a conocer las primeras modificaciones sobre el servicio publico de transporte de pasajeros. Si bien se reforzarán 11 líneas de mayor uso, hay 10 líneas que se suspenden y al menos 19 que se fusionarán entre sí, lo cual significa en los hechos reducir el servicio para los usuarios y abre la puerta a reducción del personal, que es sobre de lo que nadie se pronuncia aún.

A la vez se anunció que en febrero el boleto subirá a $45 pesos superando el aumento anunciado en Córdoba. Parece que la "adecuación del transporte urbano de pasajeros" es sólo un nombre amable para presentar el ajuste a usuarios y trabajadores que pagaran los platos rotos de una crisis que no generaron.

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La secretaria del Ente de la Movilidad Eva Jokanovich planteo en la conferencia de prensa del pasado miércoles que “el objetivo de la readecuación es que sea dinámico, que con el crecimiento de pasajeros podamos incorporar más unidades. No estamos proponiendo el sistema ideal sino uno que pueda sostenerse en la emergencia”. A confesión de partes el foco está puesto en salvaguardar un negociado a costa de los usuarios y trabajadores, y no de mantener un servicio que es "público" y esencial para miles de personas que circulan todos los días.

En tiempos "normales" las empresas amasaron fortunas y recibieron millones de pesos en subsidios sin mejoras en la calidad del servicio y con un boleto que aumentó desde el 2015 en un mil porciento. Si los números no dan ¿por que no hacen públicos los balances contables para ver a donde fue el dinero de todos estos años?

Frente a la pandemia pretenden descargar sobre le bolsillo de los trabajadores la crisis económica que se agravo. El transporte es un servicio público: no puede seguir siendo concebido como un negocio. Una solución es estatizar el servicio bajo el control de los propios choferes y usuarios, que son los mas interesados en que funcione. En la provincia de las grandes cerealeras, con un impuesto a las grandes fortunas se podría solventar un transporte económico y que garantice un servicio en base a las necesidades populares.

Pero este ajuste no pasará solo. Durante todos estos meses tanto la oposición como el propio Sergio Copello de la UTA fueron parte de las reuniones con empresarios y representantes del Ente de Movilidad en la comisión de seguimiento. Hoy esto representa un aval a este plan.

Hacia los usuarios el ataque es claro. Sobre que sucederá con los y las choferes aún hay silencio de radio. No hay siquiera una sola declaración del gremio que plantee que no se tocarán los puestos de trabajo. La única forma de enfrentar lo que se venga es con organización desde abajo e imponer un freno para que no sean los trabajadores los que paguen los platos rotos.




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