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Red Internacional

El Tribunal de Casación Penal dio lugar de forma parcial al pedido realizado por las querellas de Abuelas de Plaza Mayo, Justicia Ya y el Ministerio Publico Fiscal en relación al fallo emitido por el TOCF N°1 de La Plata en 2014 por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de La Cacha.

Martes 11 de mayo | 15:13

Luego de siete años del juicio a los genocidas que actuaron en el centro clandestino La Cacha, la Sala I de la Cámara Federal de Casación ordenó al Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata que revisara las penas.

Rufino Batalla, Claudio Grande y Raúl Espinoza, integrantes del Batallón de Inteligencia 601 de La Plata, fueron condenados a trece años de prisión por considerarlos partícipes secundarios de los crímenes cometidos en el centro clandestino que funcionó en la antigua planta transmisora de Radio Provincia, en la localidad de Olmos del partido de La Plata.

En el fallo de Casación los jueces Daniel Antonio Petrone, Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña, señalaron que los genocidas mencionados tienen de responsabilidad como coautores de los crímenes juzgados, reconociendo los asesinatos de Laura Carlotto y Olga Noemí Casado, los cuales no habían sido tomados en cuenta en el juicio, sin embargo, quedaron excluidos otros casos y como los delitos sexuales cometidos en La Cacha. Dicho fallo podría significar el elevamiento de la pena a prisión perpetua.

Desde las querellas y la fiscalía se solicitó la inmediata detención de los tres genocidas acusados, pero el Tribunal dispuso el uso de tobilleras electrónicas hasta tanto se dicte un nuevo fallo.

A continuación compartimos el comunicado de Justicia Ya:

Desde el espacio Justicia Ya! queremos comunicar que gracias a la persistencia de las querellas en el juicio llevado adelante por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención conocido como “La Cacha” y después de siete años se logró que la Cámara Federal de Casación Penal haga lugar parcialmente a los planteos de las apelaciones hechas por las querellas de Abuelas de Plaza de Mayo, Ministerio Público Fiscal y la nuestra en relación al fallo de 2014 en el juicio por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el centro clandestino de detención conocido como “La Cacha”.

La sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de La Plata constituido por Carlos Alberto Rozanski, Pablo Jantus y Pablo Daniel Vega del 24 de Ocubre de 2014 había condenado – con disidencia de Rozanski- por participación secundaria a los genocidas Claudio Raúl Grande, Rufino Batalla y Raúl Ricardo Espinoza, desconociendo, entre otros, los homicidios de Laura Carlotto y de Olga Noemí Casado así como los delitos sexuales perpetrados por los genocidas.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal constituida por les jueces Daniel Antonio Petrone, Ana María Figueroa y Diego G. Barroetaveña en su reciente fallo sostienen que los genocidas mencionados tienen responsabilidad de coautoría por lo cual la condena debe ser de prisión perpetua y no a algunos años como había dictaminado el tribunal. Además reconoce los homicidios de Laura Carlotto y Olga Noemí Casado, aunque no los otros por los que hemos apelado y tampoco dan lugar al juzgamiento por los delitos sexuales perpetrados en La Cacha como parte del plan sistemático de exterminio.

El Centro Clandestino de Detención La Cacha fue creado en el Área 113 del Comando del 1er Cuerpo del Ejército para desmantelar los últimos vestigios de resistencia organizada a la dictadura. Funcionó entre mediados de 1976 y fines de 1978 en la antigua planta transmisora de Radio Provincia, al lado de la cárcel de Olmos. Tras años de dilaciones y fragmentación de la causa finalmente se elevó a juicio incluyendo solo a 17 genocidas por 127 casos del año 1977, dejando decenas de compañeres fuera de este proceso así como un grupo de penitenciarios que nunca fue procesado. Antes del juicio oral murieron impunes dos de los mayores responsables del campo de concentración: el gobernador militar Ibérico Saint Jean y el jefe del Destacamento 101 Alejandro Arias Duval.

Por la fragmentación de este juicio se perdió la oportunidad de investigar en unidad el funcionamiento de la maternidad clandestina más grande de la zona, el rol operacional del esquema de inteligencia militar y la coordinación represiva entre los grupos de tareas del Servicio Penitenciario, la Armada y el Ejército.
Llevó más de 40 años lograr que se juzgara solo a algunos de los genocidas de La Cacha. Es parte de la estrategia que desde el espacio Justicia Ya! denunciamos hace años: causas desguazadas, parcializadas e incompletas enmarcadas en la política de derechos humanos del gobierno con juicios fragmentados, genocidas prófugos y revictimización de testigos. Política que vienen llevando adelante todos los gobiernos desde la anulación de las leyes de impunidad.

Desde Justicia Ya! reinvindicamos este revés judicial para tres de los asesinos juzgados y continuaremos la lucha para que todos los genocidas vayan a cárcel común, perpetua y efectiva.
Asociación Anahí, Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos (AEDD); Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU), Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comité de Acción Jurídica (CAJ); Espacio de Lucha Nilda Eloy, Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP), Las Azucenas integrantes de Justicia YA! La Plata




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