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Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores fue condenado en 2013 por su participación en la masacre de Capilla del Rosario ocurrida en 1974. En 2016 Casación lo absolvió por considerar que el hecho juzgado no es un delito de lesa humanidad por haber sucedido en un gobierno democrático. Hoy defiende a “colegas” que tiraron víctimas al mar.

Jueves 8 de abril | 19:02

Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores es sinónimo de impunidad. Tras haber sido absuelto por su participación en delitos de lesa humanidad, hoy se desempeña como abogado defensor en el juicio por los vuelos de la muerte de Campo de Mayo.
¿Quién es Carrizo Salvadores?

Carrizo Salvadores en Campo de Mayo. Foto: Gustavo Molfino| La Retaguardia
Carrizo Salvadores en Campo de Mayo. Foto: Gustavo Molfino| La Retaguardia

Historia verde oliva

Corría el año 1974. Muerto Perón, el país es gobernado por María Estela Martínez, en las no tan sombras, lo secunda José López Rega. Un punto fuerte de su plan de gobierno fue endurecer las políticas represivas del Estado con la reforma de varias leyes y el establecimiento del Estado de Sitio.

En ese mismo año, cuando Carrizo Salvadores, de 26 años, se desempeñaba como capitán en el Regimiento de Infantería Aerotransportadora 17 de la provincia de Catamarca, ocurrió la masacre de Capilla del Rosario. El 12 de agosto, un grupo de militantes del ERP que intentaron copar el regimiento fueron fusilados al momento de rendirse. En el juicio que se llevó a cabo en 2013 se confirmó la participación de Carrizo Salvadores junto a Mario Nakagama y Jorge Ezequiel Acosta. Los tres fueron condenados a prisión perpetua por los delitos de "homicidio calificado, agravado por alevosía".
Según los testimonios brindados en el juicio, Carrizo Salvadores fue quien dio la orden del operativo porque “los guerrilleros eran unos delincuentes que había que matarlos a todos, y si era posible traerlos en la punta del sable bayoneta y dejarlos ahí”.

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El militar estuvo preso en el Servicio Penitenciario de Miraflores (Catamarca), hasta que en 2016 la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma de los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci y la disidencia de la doctora Ana María Figueroa, en lo que fue un fallo verdaderamente escandaloso, anuló las condenas.

Los jueces consideraron que los hechos juzgados no deben ser considerados delitos de lesa humanidad "por cuanto no existió una política estatal generalizada y no se le pudo atribuir a las Fuerzas Armadas una actuación sistemática contra la población civil, independiente del Estado Nacional”. Argumento que oculta la participación del Estado en estos crímenes y los mismos objetivos que durante el golpe.
El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia en 2016, luego del recurso presentado por la Fiscalía General, pero la causa continúa en los cajones de la Corte…

El militar también fue señalado por su participación en Malvinas, mientras estuvo a cargo del Regimiento 7 que participó en la batalla de Monte Longdon, vinculado a torturas físicas y psíquicas, estaqueos y todo tipo de maltratos. En 2016 fue invitado a disertar sobre Malvinas en la cátedra libre "Malvinas Argentinas" de la UTN La Plata, sin embargo no participó por el repudio a su presencia de organizaciones de la región, entre ellas el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (Cecim)

Libre y de festejo

Desde que Casación lo sobreseyó, Carrizo Salvadores está libre. Tanto así, que lo celebró con los suyos, desfilando en los festejos del Bicentenario del 9 de julio junto a ex participantes del Operativo Independencia. Los aplausos que los funcionarios presentes dieron de pie a las “tropas” se desentendieron de la presencia de los represores. El entonces presidente Mauricio Macri consideró que los festejos, con presencia de represores, fueron positivos, un “reencuentro de los argentinos”. Fue tal el rechazo a nivel nacional que estos mismos funcionarios tuvieron que hacer repudiar su presencia, aunque fue puro maquillaje.

“Servir al prójimo”

El Tribunal Federal de San Martín dio inicio el 5 de octubre de 2020 al juicio por los vuelos de la muerte de Campo de Mayo. Los exmilitares Santiago Omar Riveros, Luis del Valle Arce, Delsis Ángel Malacalza, Eduardo José María Lance y Horacio Alberto Conditi son juzgados por el secuestro, torturas y homicidio de Juan Carlos Rosace, Adrián Enrique Accrescimbeni, Rosa Eugenia Novillo Corvalán y Roberto Ramón Arancibia, cuatro personas que estuvieron secuestradas en la guarnición militar de Campo de Mayo.

Durante la inspección ocular que se realizó en diciembre pasado a los aviones que se encuentran tirados entre los pastos de la guarnición militar, sin estar preservados y sin haber sido peritados, se hizo presente Carrizo Salvadores, quien se desempeña como abogado defensor de exmilitares y aviadores que participaron de los vuelos. Su llegada fue en un Ford Falcón, todo un símbolo.

Llegada de Carrizo Salvadores a la inspección ocular. Foto: Gustavo Molfino| La Retaguardia
Llegada de Carrizo Salvadores a la inspección ocular. Foto: Gustavo Molfino| La Retaguardia

Justicia: ¿cuál, para quién?

La decisión sobre el futuro de Carrizo Salvadores sigue dormitando en algún escritorio de la Corte Suprema. Deben decidir si los hechos juzgados son delitos de lesa humanidad. Ya en varios juicios quedó demostrado cómo los crímenes cometidos durante el gobierno peronista de 1974, eran parte de un plan de exterminio donde los centros clandestinos de detención ya funcionaban con anterioridad a la dictadura, por lo que no queda duda: deben ser considerados delitos de lesa humanidad. El Operativo Independencia y la Masacre de Trelew son prueba de ello.

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El letrado camina libremente como tantos otros represores que ni siquiera han sido juzgados, o como aquellos que disfrutan del privilegio de “quedarse en casa”. Incluso muchos mueren sin haber pasado ni un día tras las rejas.

Si personajes como Carrizo Salvadores pueden actuar como lo hacen, es porque el poder judicial y la dilación selectiva en algunas de sus decisiones, sigue aceitando el engranaje de silencio pactado entre militares y civiles que participaron no solo de la dictadura cívico-militar-eclesiástica. Un silencio por el que el Estado debe seguir respondiendo.

Quienes fueron parte del gobierno peronista de 1974 también deben rendir cuentas sobre las responsabilidades políticas que implicaron el exterminio físico de personas a partir de la represión parapolicial y la destrucción económica del país, acciones definitivamente preparatorias para lo que vendría dos años después.




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