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Red Internacional

Chubut.Renta Hídrica: Un proyecto que profundiza el legado neoliberal

El debate por la Renta Hídrica en Chubut plantea la percepción de regalías por parte del Estado, pero mantiene intacto el esquema de privatización de un servicio esencial. La propuesta del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad es su estatización bajo control obrero para responder a las necesidades sociales.

Lunes 12 de julio | 00:23

El bloque PJ-Frente de Todos presentó en la Legislatura de Chubut un proyecto de ley para establecer el “Marco Regulatorio de la Actividad Hidroeléctrica de la Cuenca del Río Futaleufú” (expediente 9/21), denominado también como de «Renta Hídrica». El proyecto de rediscutir la Renta Hídrica, implicaría obtener una regalía mensual para los municipios más afectados por la creación de la Represa Futaleufú.

Un debate impostergable

Avanzar en un sistema energético que anteponga los intereses sociales, frente a las ganancias de las multinacionales, es un debate impostergable. El modelo extractivista de Vaca Muerta, altamente contaminante y con trabajos precarios, es cada vez más rechazado por la comunidad. Son años de saqueo de recursos y regalías a las petroleras, mientras los índices de pobreza e indigencia continúan creciendo en Chubut.

Todo el sistema energético, la industria y comercio, además del transporte, no está pensado para satisfacer las necesidades humanas elementales, sino para en beneficio de las ganancias de una minoría de propietarios en el menor tiempo posible. Los momentos de crisis son evidencia de ello. La energía debería ser un derecho esencial, es vital para el desarrollo humano.

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El impulsor del proyecto de Renta Hídrica, Bestene, ex ministro de economía del gobernador kirchnerista Martín Buzzi, recalcó que en este proyecto "ganamos todos", ya que se trata de "incorporar una región a un beneficio del que debió ser parte desde sus orígenes. Desde el artículo 1 al 70 de la ley priorizamos mantener en los próximos 50 años la tarifa eléctrica preferencial para el Parque Industrial de Puerto Madryn y sumamos a la región. Primero porque el agua es nuestro recurso natural más importante y segundo porque fue la idea cuando se puso en
marcha este polo productivo en el año 1978".

La construcción del dique tuvo un costo de U$S340 millones, e implicó la inundación de 4700 hectáreas, el desalojo de pobladores , la pérdida de los rápidos sobre el río Futaleufú como potencial turístico, sin que esto redundara en energía barata para los pueblos, o un plan de desarrollo estratégico para la región.

La Hidroelectrica Futaleufu, subsidiaria de Aluar, obtuvo ganancias netas por $1819 millones y ventas totales por $5169 millones.

Por si fuera poco, la estatización de U$S 162,8 millones de deuda externa de Aluar S.A. y numerosos subsidios entre los que se destaca uno de $690 millones a la misma empresa en el 2005, son parte de los beneficios que garantizaron a Madanes Quintanilla todos los gobiernos.

Un poco de historia

Entre 1.971 y 1.978 el Estado Nacional construye el complejo hidroeléctrico Futaleufú, la línea de transmisión Futaleufú – Puerto Madryn y la construcción del puerto de aguas profundas en Puerto Madryn; asimismo adjudica a Aluar SA (Aluminio Argentino SA) la construcción, explotación y comercialización de la futura planta de aluminio.

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El 18 de Abril de 1978 comienza a funcionar el Complejo hidroeléctrico Futaleufú, la represa fue emplazada sobre el río Futaleufú, en la provincia del Chubut, con el objetivo de proveer de energía eléctrica a la empresa de ALUAR, y con los kilowats no consumidos se estipuló distribuirlos a la red doméstica, esencialmente a la ciudad de Puerto Madryn.

En abril de 1993 se suscribe el acuerdo entre la Nación y la Provincia de Chubut que dispone la privatización de la generación y comercialización del complejo Futaleufú para lo cual se constituye la empresa Hidroeléctrica Futaleufú SA. La concesión de la explotación de la represa ubicada sobre el río Futaleufú fue por 30 años, y termina en 2025,

La represa tiene una capacidad instalada de 560MW luego de la repotenciación que finalizó en 2020, produciendo el 2% de la energía total del país. Este proyecto actualizó tecnológicamente la central, extendiendo sustancialmente la vida útil y sumando potencia instalada para cubrir la demanda del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y flexibilizar el despacho de la central permitiendo optimizar el uso del recurso reduciendo la cantidad de vertimientos por aumento de los aportes.

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Las asimetrías y desigualdades de la irracionalidad de la organización del sistema eléctrico hace que la provincia, que produce 14 veces más energía eléctrica que la que consume, mientras aún existen pueblos del interior chubutense que se abastecen a través de generadores a combustión.

Todos recordamos otra muestra de lo que es el lucro y la ganancia capitalista, cuando en junio del 2019 el apagón dejó sin luz a más de 50 millones de personas afectando a varios países limitrofes. Ese apagón es el símbolo del fracaso de un sistema de servicios que se sostiene desde hace décadas y que ningún gobierno, incluido el kirchnerismo, solucionó.

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La privatización de los servicios se mantuvo desde los años 90, en un esquema en el que todo está pensado en función del lucro de las empresas prestadoras, en detrimento de la calidad de vida de la población. El kirchnerismo benefició a todas las privatizadas con cuantiosos subsidios, que nunca fueron destinados a mejorar los servicios. El macrismo las premió con tarifazos que pagamos todos, y cada vez carcomen más los salarios y he aquí el resultado. La energía en Chubut es parte de este esquema.

Este año el líder de Luz y Fuerza, Héctor González manifestó que “Es necesario crear una Empresa Provincial de Energía para garantizar el sistema en el interior”. Planteó que hay que “Convertir al servicio público esencial de la energía eléctrica en un servicio de calidad, hacer de la energía eléctrica un negocio cuyos beneficios alcancen a todos los chubutenses, no sólo para algunos. Utilizar estratégicamente el recurso energético como una palanca para el desarrollo productivo, armónico y sustentable de todo el territorio provincial chubutense.”

El dirigente, que también se anotó para ser candidato a senador en las listas del PJ-Frente de Todos de la provincia, señaló que “la realidad es que las cooperativas no parecen garantizar por sí mismo, la sustentabilidad sistémica y es el Estado (provincial y nacional), quien aporta el 94% de los recursos. Este análisis refuerza nuestra idea que la reorganización necesaria implica la creación de una Empresa Provincial de Energía que entre sus misiones fundamentales deba garantizar el sistema en el interior provincial, optimizando los recursos que ya aporta. Se trata de construir una política de Estado en cuanto a un recurso estratégico como la energía eléctrica que garantice la soberanía energética.”

González agregó que “lo que genera la central [Hidroeléctrica Futaleufú] alcanzaría para dar energía a toda la provincia y nos estarían sobrando unos 80 megas y tampoco con esta empresa las cooperativas pueden realizar contratos a término, lo cual hace que hoy, por ejemplo Aluar, esté pagando la energía entre tres y cuatro veces (y no se si no me quedo corto) más barata que cualquier Cooperativa de la Provincia que le compra a CAMMESA”.

Las y los trabajadores y el pueblo pobre de la provincia que vemos como el IPA -Instituto Provincial del Agua- permite el saqueo del agua de las petroleras y de los terratenientes en el sur de la provincia, con la consecuente desaparición del Lago Colhue Huapi y la bajante histórica el Lago Musters, no podemos menos que decir que la propuesta de González es la otra cara de la política de Arcioni, aumentar la capacidad energética de la provincia para favorecer, si se vota la zonificación minera, a la Pan American Silver y que se desarrolle el Proyecto Navidad. Recordemos que las mineras consumen grandes cantidades de energía, por ejemplo Bajo La Alumbrera en Catamarca consumía más energía que toda la provincia.

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Agua y energía para los pueblos, no para las corporaciones.

En síntesis, todos los gobiernos además de desarrollar una matriz extractivista en la provincia que sostiene el atraso y la dependencia, basada en la extracción de petróleo centralmente, a puesto los recursos naturales como el agua al servicio de las ganancias de empresas como la Pan American Energy, Total, Sinopec (que acaba de vender sus pozos al grupo Eurnekian) y en la generación de energía eléctrica al servicio de Aluar.

Ahora ante la avanzada minera desarrollan la energía eólica y se asocian con capitales chinos para ese objetivo. Por esto además de rechazar la ley de la renta hídrica que está en la legislatura, desde el PTS en el Frente de Izquierda Unidad planteamos que hay que dar vuelta las prioridades y pelear por una empresa estatal bajo control de los trabajadores y usuarios, pensada al servicio del pueblo trabajador y no de las empresas que saquean y explotan nuestros recursos y nuestras vidas.

Planteamos esto porque peleamos para que la clase trabajadora tome en sus manos la tarea de llevar adelante una reorganización de la producción, mediante la planificación de la economía en función de las necesidades sociales y de una transición hacia métodos de producción no contaminantes.

Por eso sostenemos que la energía es un bien social, derecho humano básico, y no una renta administrada por los empresarios o funcionarios de los gobiernos y amigos de las empresas.

El actual estado de desmembramiento del entramado energético es totalmente irracional. Para establecer una planificación racional es necesaria la estatización del sistema energético nacional, es decir de todas las etapas productivas: desde la extracción de los recursos, la generación eléctrica, el transporte y la distribución a los usuarios. Esta salida de fondo es diametralmente opuesta a volver el esquema de empresas públicas vaciadas por los negocios de la "patria contratista", que allanó el camino de las privatizaciones de los noventa.

La expropiación o quita de concesiones a las empresas privadas debe ser sin ningún tipo de indemnización: no se puede seguir el ejemplo de Axel Kicillof que, luego de decir que la empresa española debía resarcir a la Argentina, indemnizó a la Repsol que expolió los recursos nacionales por más de una década. Por el contrario, una auditoria en la que se abran los libros contables de las empresas debe establecer la reparación que deben pagar Aluar y todas las responsables del vaciamiento energético.

El sistema energético provincial y nacional tiene que estar bajo gestión y control de los trabajadores y técnicos, que mediante una votación directa elijan los órganos de dirección y administración. Además, que debe comprender la participación de comités de usuarios populares. Su perspectiva debe ser que todo el pueblo trabajador pueda acceder a tarifas bajas, en una ruta hacia el abaratamiento permanente de los costos energéticos en base al desarrollo productivo.

Somos los trabajadores y los usuarios los únicos genuinamente interesados en el correcto funcionamiento de este servicio como un bien social y no como una fuente de rentabilidad. Por ello levantamos el programa del Frente de Izquierda: estatización sin pago de todo el circuito de producción de energía bajo control de sus trabajadores y usuarios. Desde las usinas de generación (incluyendo las refinerías de gas y petróleo, donde la energía eléctrica es un producto derivado), las empresas de distribución, transportadoras, hasta las cuadrillas de mantenimiento.

Es necesaria una nacionalización integral de toda la industria energética bajo control de las y los trabajadores y usuarios, con derecho a veto de asambleas socioambientales y comunidades originarias cuando adviertan depredación ambiental. Eso permitiría fijar los precios internos de la energía en función de los costos reales de producción local, terminando con los tarifazos permanentes y los subsidios a las petroleras y distribuidoras, y cortar la fuga de dividendos al exterior para reinvertir los recursos en un desarrollo que contemple la generación, transporte y distribución de energía no como un negocio capitalista sino como parte de un plan económico bajo la dirección del pueblo trabajador. Esa sería una verdadera reparación histórica para la clase trabajadora.

“¡Que se vayan todas las empresas estafadoras de los amigos de Macri! Todo el sistema energético tiene que ser nacionalizado bajo gestión de trabajadores y técnicos en función de una planificación racional en beneficio del pueblo y no del lucro empresario”, tuiteó Nicolás del Caño, dirigente del PTS en el Frente de Izquierda-Unidad.

El sistema energético debe ser pensado de forma integral en una gran empresa nacional con control de los trabajadores y usuarios, donde se integren las tres patas esenciales; la generación, la transmisión y la distribución de energía. Y no como unidades comerciales inconexas que compiten en el mercado como colocadores de bonos o en función de la renta que puedan generar.

Una empresa única de energía, bajo la órbita estatal, gestionada por los trabajadores y con control de usuarios populares, es la única garantía para que el cuadro tarifario esté en sintonía con las necesidades del pueblo trabajador y al mismo tiempo con el sistema eléctrico y en armonía con el medio ambiente, aprovechando e impulsando las nuevas tecnologías. El desafío es enorme, pero solo los trabajadores junto a los usuarios populares pueden tutelar un servicio de calidad y romper con el régimen actual, servil a la renta de unos pocos.

La electricidad es un recurso estratégico de la sociedad y sobre todo un derecho inalienable, no puede estar al servicio del lucro de unos pocos.




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