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Desempleo y precarización. Regalo para las empresas: ¿la reconversión de planes sociales resuelve la informalidad?

El traspaso de beneficiarixs del programa Potenciar Trabajo a ciertos sectores caracterizados por una alta precarización e informalidad, sólo se traduce en un beneficio transitorio para lxs empleadores. De acuerdo con los especialistas, la reducción de costos laborales no redunda en una menor informalidad ni en mayores niveles de empleo.

Jorge Galmes Aguzzi@jorge_galmes

Jueves 21 de abril | 19:58
Foto: Laura Corvera (Enfoque Rojo)

La conversión de planes sociales en trabajo "genuino" no es más que un nuevo regalito del Gobierno a determinadas empresas. Si bien lxs beneficiarios del programa Potenciar Trabajo accederían a un empleo registrado, existe incertidumbre acerca de qué puede pasar una vez finalizado el período de "reconversión". El traspaso de beneficiarixs del programa Potenciar Trabajo a ciertos sectores caracterizados por una alta precarización e informalidad, sin modificar de fondo las condiciones laborales existentes, sólo se traduce en un beneficio transitorio para lxs empleadores. De acuerdo con los especialistas, la reducción de costos laborales no redunda en una menor informalidad ni en mayores niveles de empleo.

El Gobierno de Fernández puso en marcha en agosto de 2021 un plan para incentivar a las empresas a que contraten trabajadorxs desocupadxs o que hayan participado en programas de intermediación laboral como por ejemplo el Potenciar Trabajo. A través de distintas medidas, entre ellas el Decreto Nro. 493/21, el Gobierno busca la incorporaración de lxs beneficiarixs de planes sociales como el Potenciar Trabajo a la plantilla de trabajadorxs de aquellas empresas que cumplimenten una serie de requisitos.

Sin embargo, al contrario de lo que se sostiene de manera oficial, las principales beneficiarias de este programa serían esas mismas empresas, dado que aquellas que contraten a trabajadorxs en esta modalidad gozarán de descuentos de hasta el 95% en las contribuciones patronales al SIPA - ANSES —(jubilaciones, asignaciones familiares, seguro de desempleo y PAMI). También podrán contabilizar el monto del plan social "a cuenta del salario", esto es, se hace cargo del pago de ese monto el Estado Nacional, abaratando sustantivamente el costo salarial al empleador.

Para el caso de lxs beneficiarixs, involucrarse en empresas que exigen una jornada laboral superior o que no cuentan con derecho a indemnización (sino su reemplazo por un Seguro de Cese, como en la construcción), puede significar más bien una situación menos deseable.

Existe además una particularidad del programa Potenciar Trabajo, y es que el propio Gobierno el que decide dónde van a realizar la contraprestación aquellxs que se encuentren registradxs, generando suspicacias en cuanto a la intención de la gestión del Ministerio de Desarrollo Social de manejar discrecionalmente "quienes" podrían contratar este tipo de trabajadorxs. Situación esta última que en enero del presente año motivó un fuerte reclamo por parte de organizaciones de desocupados y movimientos sociales reclamando que se dé libertad absoluta, no sólo para salir de una Unidad Ejecutora, sino además para elegir en qué actividad involucrarse. Existe la presunción de que bajo esta modalidad se busca disciplinar a las organizaciones piqueteras contrarias al gobierno y al mismo tiempo premiar a aquellas más cercanas al oficialismo.

Quienes hoy se encuentran incluidos en el programa Potenciar Trabajo cobran la mitad del Salario Mínimo, Vital y Móvil, hoy en $16.500, es decir menos que la línea de indigencia que de acuerdo con datos publicados por el Indec, para el caso de una familia de cuatro integrantes fueron necesario en marzo como mínimo $ 39.862 para poder adquirir la canasta básica alimentaria.

Acuerdos de incorporación ya en marcha

Los recientes anuncios que el Gobierno hizo con bombos y platillos acerca de que diferentes empresas incorporarán a trabajadorxs provenientes del programa Potenciar Trabajo, con la intención de mostrar que se está llevando adelante una reconversión de planes en trabajo “genuino”, lo único que genera son más interrogantes que certezas ¿Acaso el trabajo cotidiano de cientos de miles de personas atendiendo un comedor, barriendo una plaza o construyendo su vivienda, no es genuino? ¿Qué puede pasar con aquellxs beneficiarixs que son incorporados en empresas que precarizan? ¿Es realmente este puente entre planes asistenciales y trabajo registrado la solución a la desocupación y la informalidad?

Uno de tales anuncios de traspaso fue el realizado por el Gobierno en marzo de este año con la empresa multinacional Toyota, la que comunicó que sólo incorporará a diez beneficiarixs del programa Potenciar Trabajo. Toyota anunció en noviembre de 2021 la modificación de su Convenio Colectivo en complicidad con el SMATA, permitiéndole extender la jornada laboral hasta los sábados para el caso de su planta ubicada en la ciudad de Zárate, lo que redundará sin dudas en un aumento del volúmen de producción pero al costo de una mayor exigencia al personal, reduciendo sus horas de descanso y recibiendo a cambio una remuneración por hora de trabajo normal.

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Otro anuncio realizado fue el del traspaso de 4.000 beneficiarixs del Potenciar Trabajo al sector de Gastronómicos. Un sector que se repiten las denuncias a lo largo y ancho del país por las condiciones laborales, donde el nivel de informalidad es altisimo, situación que en algunas ciudades alcanza hasta el 80%. Es en este contexto, que si bien el decreto 493/2021 exige la registración del trabajador, no queda claro qué puede pasar una vez transcurridos los doce meses en los cuales se genera una reducción en los aportes patronales, dado que la empresa podría desvincular al beneficiarix del programa y continuar con sus prácticas habituales sin problemas.

También podemos destacar el caso de la incorporación de trabajadorxs del programa Potenciar Trabajo en el sector textil. El empresario Carlos Villariño de la firma Textil Com prevé incorporar 700 personas para fin de 2022 bajo esta modalidad. ¿Cuál es el impacto real de esta medida? Si este es el nivel de recepción, ¿a qué ritmo se piensa disminuir la informalidad del sector?

Aproximadamente el 68 % de quienes trabajan en la actividad textil se encuentran en la informalidad, de acuerdo con investigaciones llevadas a cabo por Andrés Matta y Jerónimo Montero Bressan, autores del libro ¿Quién hace tu ropa?, sostienen que la informalidad en la actividad llega al 70%. Incluso en la cadena de valor existen cientos de talleres que no sólo venden prendas a mercados informales sino además a las grandes marcas de los centros comerciales. La existencia de intercambio comercial entre grandes fábricas formales y decenas de talleres clandestinos exige mayores controles y reformas más profundas, antes que beneficios para los empresarios como reducciones en los aportes patronales que el decreto 493/2021 propone.

Por último, podemos mencionar el acuerdo celebrado por el Gobierno y el sector de la Construcción. De acuerdo con declaraciones hechas por el representante de la Cámara Argentina de la Construcción, Szczech, la actividad en el sector se recupera mucho más rápido que el empleo registrado dada la informalidad existente, explicado entre otros factores por una informalidad cercana al 70% de acuerdos con datos del Indec. Para los beneficiarixs del programa Potenciar Trabajo que sean cedidos a empresas de la construcción, van a tener que desempeñarse en una actividad en la cual funciona un seguro de despido (para el empleador) en reemplazo del derecho a la indemnización, llamado Fondo de Cese Laboral.

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Estos son algunos de los casos a través de los cuales las iniciativas para la conversión de un programa como Potenciar Trabajo en trabajo “genuino”, sólo genera un abaratamiento de costos a las empresas y sectores que están precarizando a lxs trabajadorxs. Cuando en realidad si el objetivo del Gobierno fuese promover trabajo “genuino” tendría que empezar al menos por controlar de manera efectiva las condiciones de trabajo y evitar la evasión y el fraude laboral.

Al ser un programa pensado más como un beneficio para las patronales, y dado que lxs trabajadorxs cobran el salario mínimo de convenio del cual gran parte se hace cargo el Estado, este abaratamiento de costos y por un tiempo limitado, y en empresas que se desenvuelven en sectores con una alta informalidad; será poco efectivo para generar mayor empleo y formalidad, y sí, en cambio, deja abierta la puerta para que las empresas lleven adelante contrataciones con poca estabilidad en el empleo.

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La reducción de las contribuciones patronales y su escaso impacto sobre la generación de empleo

El Ministro de Economía, Martín Guzmán, sostuvo que los acuerdos mencionados son “la solución a la exclusión de millones de argentinxs del mercado de trabajo”. Contrario a ello, significarán más bien una medida de tipo electoralista (atendiendo a las demandas de quienes proponen eliminar los planes del Estado), sin alcance sobre el nivel de actividad y dejando sin resolver el problema la alta informalidad y precarización de las actividades mencionadas.

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Cabe recordar que las reformas hechas en la década de los noventa, momento en el cual se redujeron las contribuciones patronales (y que de acuerdo con investigaciones llevadas a cabo por Luis Beccaria y Roxana Maurizio, eran para el año 2017 entre un 25% y un 40% menores a aquellas que existían previamente a las reformas laborales), no tuvieron un impacto de consideración sobre el nivel de actividad y trabajo registrado.

Según estos autores, los efectos que producen las decisiones de política económica que reducen los costos laborales, generalmente son dos: efecto de peso muerto, es decir se otorgan beneficios a empresas que de todos modos hubieran contratado igual trabajadorxs en caso de no haber recibido la reducción en las contribuciones patronales y el otro es de sustitución, cuando la empresa contrata trabajadorxs del programa en lugar de otrxs, como por ejemplo aquellxs que están en período de prueba dentro de la misma empresa. Por lo que si bien para quien es contratado puede resultar algo alentador, a nivel agregado el impacto de medidas como éstas es casi nulo.

En un sentido totalmente opuesto, la propuesta de reducir de la jornada de trabajo a seis horas por día y de repartir las horas de trabajo para el caso de las empresas más grandes de la Argentina, redundaría en una recuperación del salario de lxs trabajadorxs por hora trabajada, reduciendo a la mitad la cifra de desocupados ya que se generarían alrededor de 900 mil puestos de trabajo directos y garantizaría empleo de calidad a millones de personas, contribuyendo de una manera efectiva y sostenible a reducir los niveles de pobreza e indigencia alarmantes que persisten en la población a pesar de la recuperación económica.

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Situación actual de lxs beneficiarios del Potenciar Trabajo

De acuerdo con una investigación llevada adelante por el CEPEC (Centro de Estudios Políticos y Económicos), casi la mitad de quienes accedieron al programa Potenciar Trabajo, realizan su contraprestación en Comedores y Merenderos. De ese total es bien sabido que la gran mayoría (llegando en algunos casos al 80%) son tareas desarrolladas por mujeres y donde en la Ciudad de Buenos Aires por ejemplo, no son consideradas trabajadoras sino “voluntarias colaboradoras”, lo que implica el no reconocimiento de sus derechos laborales más básicos como tener aportes a la seguridad social, sin mencionar las pésimas condiciones de los lugares de trabajo.

Por lo cual, si el objetivo del Gobierno fuese la generación de trabajo “genuino” para lxs beneficiarixs del programa Potenciar Trabajo, tendría que comenzar por mejorar las condiciones laborales de miles de mujeres que se desempeñan en comedores y merenderos barriales, mejorando la remuneración que reciben, otorgando todos los derechos laborales y visibilizando el verdadero impacto positivo que estas trabajadoras generan en sus comunidades a diario.




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