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Red Internacional

Rosca política-judicial.Reforma del Ministerio Público Fiscal: el oficialismo busca dictamen de Diputados

Este martes el oficialismo de la Cámara de Diputados busca avanzar en un dictamen de mayoría sobre la reforma del Ministerio Público Fiscal. Una reforma que beneficia al gobierno de turno.

Martes 18 de mayo | 12:43

Para este martes está previsto un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, donde se votaría un dictamen que buscará la aprobación de la reforma de ley del Ministerio Público Fiscal (MPF), es decir del jefe de todos los fiscales.

El juez Daniel Rafecas, quien fuera candidato del Gobierno para ocupar el cargo, se opone a que se modifique la ley para nombrar en el Senado al procurador con los votos de la mayoría absoluta, es decir la mitad más uno de la cantidad de bancas que tiene esa Cámara. Esa mayoría está en manos del Frente de Todos.

Después del desplazamiento de Alejandra Gils Carbó, por el gobierno de Cambiemos en 2017, nombraron a Casal en el cargo interino. Desde entonces nunca se votó a nadie para ocupar la titularidad del cargo.

En la disputa entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio -de quién controla el MPF- los integrantes de ambos espacios se tiran con “carpetazos”. Para el oficialismo, Juntos por el Cambio se niega a votar un nuevo procurador, porque especula con la permanencia de Casal que le garantizaría impunidad a Mauricio Macri en la causa Correo, entre otras. Para la oposición de derecha, la reforma del Ministerio Público Fiscal que impulsa el Frente de Todos, tiene por objetivo poner en ese cargo a alguien que le garantice la impunidad en las causas en las que está imputada Cristina Kirchner.

El texto de reforma que impulsa el Frente de Todos, incluye también reducir el tiempo de mandato en el cargo.

El cambio de la modalidad para elegir al jefe de los fiscales facilitará a los gobiernos de turno -cualquiera sea su orientación- nombrar a un procurador alineado a las decisiones del Poder Ejecutivo, porque en líneas generales obtienen mayoría en ambas Cámaras. La discusión sobre cómo se nombra al Procurador Fiscal, se agrava con la reforma del Código Procesal Penal que se va a implementar, que hace que los fiscales tengan a su cargo la instrucción de una causa penal, cuestión que hoy está en manos de los jueces.

El proyecto oficialista también facilita la remoción del procurador fiscal y de los fiscales, no teniendo que iniciar un juicio político a tal fin. Por lo tanto, cualquier fiscal tendrá la amenaza de que el poder de turno pueda echarlo, por lo que se puede presumir que actuarán en sintonía con el oficialismo de turno.

Por lo tanto el Poder Ejecutivo de turno tendrá a su disposición la posibilidad de contar con aliado en el cargo máximo del Ministerio Público Fiscal, para realizar “carpetazos” o beneficiarse con las instrucciones y los dictámenes de este.

Sobre esta reforma, el diputado Nicolás del Caño adelantó que rechazará el proyecto. Para el dirigente del PTS-FIT Unidad, este proyecto está muy lejos de acabar con el “lawfare”, con el que la Justicia es utilizada contra distintos sectores políticos, como se ha visto con el escándalo del “Lava Jato” en Brasil o con las causas direccionadas contra el kirchnerismo. Tampoco democratiza al Poder Judicial, sino que le da mucho más poder al oficialismo. Para el diputado del FIT-U una reforma democrática debería incluir la elección directa por sufragio universal, acabar con los privilegios de jueces y fiscales., y que estos no ganen más que una directora, un director de escuela, además de implementar juicios por jurado. Asimismo, el diputado plantea que los cargos de los funcionarios judiciales deberían ser revocables por el mandato popular.

Del Caño rechazó que el gobierno continúe manejando el Poder Judicial -muchas veces a través de componendas con la oposición-, con jueces vitalicios, con cargos intangibles, y jubilaciones de privilegios.

Sobre el quórum, Del Caño adelantó que asumirá una definición en las próximas horas.

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El proyecto de reforma

En un plenario de comisiones que se realizará este martes, busca la firma del dictamen de mayoría, del proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, modifica la mayorías para elegir al Procurador General y establece plazos para su mandato.

El proyecto limita a cinco años el período de ejercicio en el cargo del Procurador General de la Nación -jefe de los fiscales- y modifica las mayorías necesarias para su designación, una propuesta rechazada desde Juntos por el Cambio.

Según informa la agencia de noticias Télam, el oficialismo cuenta con las firmas necesarias en ambas comisiones para alzarse con el dictamen de mayoría, gracias al ya anunciado respaldo del mendocino José Ramón (Unidad para el Desarrollo) -integra la comisión de Justicia- y más allá del rechazo de Graciela Camaño (Consenso Federal), quien forma parte de ambas comisiones.

El Frente de Todos cuenta con 18 firmas propias en Asuntos Constitucionales, sobre los 35 integrantes de la comisión, por lo que no necesita de aliados para obtener allí el dictamen de mayoría.

En la de Justicia reúne a 15 de sus 31 integrantes, por lo que el aporte de Ramón le permite llegar a las 16 firmas para imponerse a un eventual dictamen de rechazo de los 14 legisladores de Juntos por el Cambio y de Camaño.

Sera acuerdos entre los bloques que defienden un Poder Judicial antidemocrático. Una casta judicial repudiada por las grandes mayorías que ven que gozan de privilegios de cortesanos y que defienden los intereses de la clase dominante.




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