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Red Internacional
La Izquierda Diario

Donde rigen salarios más bajos respecto al resto del país y los niveles más altos de informalidad laboral y desocupación estructural el Presidente y Gobernadores anunciaron una ayuda a los empresarios. No es la primera vez que toman estas medidas, ¿por qué insisten?

Martes 23 de marzo | 22:23

En Catamarca el presidente, Alberto Fernández, rodeado de los gobernadores que conforman el “Norte Grande” (NOA y NEA) anunció la rebaja de los aportes al Anses, a las obras sociales, entre otros elementos que hacen al costo de mantenimiento de los empresarios por cada uno de sus empleados registrados.

El empresario que contrate nuevos trabajadores recibirán el beneficio de una reducción progresiva (70% el primer año; 45% el segundo y 20% el tercero) en el caso que contraten varones; y con un barniz “progre” si el empresario contrata mujeres, travestis, transexuales o personas transgénero recibe un beneficio mayor (80% el primer año; 55% el segundo y 30% el tercero).

No es la primera vez que los gobiernos facilitan este tipo de beneficios a los empresarios. Desde la década de 1990 hasta la fecha se han ido reduciendo las contribuciones patronales (del 33% al 21% del salario bruto), lo cual ha ido en desmedro del financiamiento sobre todo del sistema jubilatorio. Una forma de presionar a la baja de las jubilaciones. Por otro lado, fue justamente durante los 90´cuando el desempleo y la informalidad pegaron un salto hacia arriba del cual no hubo casi retorno hacia atrás.

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Sin embargo, los Gobernadores festejan este tipo de medidas dejando en claro de qué lado están. Así lo hizo Gerardo Morales quien calificó al anuncio presidencial como “un paso positivo para corregir las desigualdades.”

Claro está, que no se trata de superar la desigualdad que existe en los salarios en promedio que rigen en Jujuy que son 20 % menores que la media nacional. Tampoco la desigualdad que existe con un 52% de empleados asalariados no registrados (en negro) en el sector privado según informa el ministerio de Trabajo de Nación para la provincia de Jujuy. Valores muy similares o incluso mayores en otras provincias del norte.


Un cuento

El argumento para defender este tipo de medidas está en que el empresario al recibir una reducción en el costo laboral (al pagar menos contribuciones) tendría un “estímulo” para emplear a nuevos trabajadores.

En realidad la demanda de empleo por parte de los empresarios responde a cuestiones más complejas que una reducción parcial del costo salarial. En Argentina (y la provincia de Jujuy no es la excepción) el empresariado tiene un comportamiento que en los últimos 40 años está cada vez más marcado en invertir lo menos posible en ampliar la capacidad productiva y, por el contrario, a destinar el grueso de sus ganancias a la fuga de capitales y las inversiones financieras.

Esta suerte de “reticencia inversora” responde en parte a contradicciones más profundas del capitalismo atrasado y dependiente argentino que ubican a la inversión por detrás del promedio de la región (14 % del PBI respecto al 17% de la región según la OCDE). Incluso, en momento recesivos como son los últimos tres años y cuando existen fuertes expectativas devaluatorias se profundiza aún más esta tendencia estructural a “invertir poco” y “fugar todo lo que puedan”.

El resultado es un estancamiento en los últimos 9 años del empleo asalariado registrado y en la provincia durante la pandemia se ha retrocedido en el empleo total a niveles de 2012. A la vez, que se multiplica el trabajo en “negro” y la informalidad laboral.

Considerando las crisis recurrentes de la economía argentina, las grandes patronales pueden aprovechar momentos de cierta recuperación de la demanda como anticipan para este año, aprovechando la capacidad ociosa –sin invertir cualitativamente- y con salarios que vienen perdiendo frente a la inflación pueden conseguir ampliar la producción a costa de más horas extras de los trabajadores, sin alterar casi el empleo total.

Una reducción de aportes patronales difícilmente signifique un impulso a la creación de empleo, más bien puede terminar como una forma indirecta de presionar a la baja del salario sobre todo de los empleados en negro. En el caso de Jujuy una provincia con altos niveles de desempleo e informalidad donde recordemos que el Ingreso Familiar de Emergencia lo llegaron cobrar más de 187 mil personas, el 25 % de la población total. Si el empresario puede tomar nuevos trabajadores con un menor costo, cuenta con esta excusa para frenar los reclamos de los trabajadores hoy en actividad.

Con este tipo de políticas más bien se benefician los mismos de siempre, los actores más concentrados de la economía de la región como son en Jujuy los ingenios, mineras de litio que ya cuentan con amplios beneficios fiscales o los grandes productores de tabaco. Sus inversiones son puntuales y en algunos casos implican expulsión de trabajadores como en ingenio Ledesma que en los últimos años tecnificó el embolsado del azúcar.

Se necesitan medidas de otra clase al momento de dar una respuesta a la falta de empleo genuino en el norte, una problemática estructural. Un plan de obras públicas bajo control de los trabajadores puede ser un paso en ese sentido. Escuelas, hospitales, viviendas y rutas es lo que hace falta. Eso sí, no serán estos gobiernos los que lo garanticen, por eso, la pelea es por unir a ocupados y desocupados por esta perspectiva.




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