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Rafael Correa amenaza desalojar al Movimiento Indígena de la CONAIE

El pasado 11 de diciembre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador – CONAIE – fue notificada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social que debía abandonar su Sede Histórica. De enorme valor simbólico e histórico, años de lucha y resistencia son parte de la memoria que resguarda esta Sede.

Martes 6 de enero de 2015 | Edición del día

El pasado 11 de diciembre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador – CONAIE – fue notificada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES –que debía abandonar en un plazo de 15 días laborales su Sede Histórica. Esta edificación fue otorgada en comodato en 1991, después de las masivas movilizaciones de las comunidades indígenas en lucha por sus derechos y contra las prácticas de discriminación y racismo arraigadas en las instituciones y el Estado ecuatoriano. Los años 90 marcaron en Ecuador la consolidación del movimiento indígena como un actor político. 23 años de esa lucha y resistencia son parte de la memoria que resguarda esta Sede y su valor simbólico e histórico.

¿Cuáles son los argumentos del gobierno?

El presidente Rafael Correa declaró en su cadena sabatina del 20 de diciembre de 2014 que el comodato otorgado a la CONAIE solo permite su uso con “fines sociales-organizativos” pero los indígenas han utilizado el local para “hacer política y oposición al gobierno”; esto, en términos legales, equivaldría a violación del comodato, argumentaría la finalización unilateral del mismo y justificaría el desalojo de la organización indígena, según las declaraciones de Correa. Adicionalmente, el gobierno explicó que (supuestamente) necesita el espacio para la construcción de un centro de atención para personas con adicciones.

Personalidades internacionales como Adolfo Pérez Esquivel, Boaventura de Sousa Santos, Leonardo Boff, entre otros, han manifestado en cartas públicas su oposición al desalojo. Sin embargo, el gobierno mantiene su decisión y, ante las denuncias por parte de la CONAIE que rechazan una medida disciplinaria y de intervención sobre su organización, Correa anunció además la creación de “La Alianza Indígena por la Revolución Ciudadana”, es decir, su propia organización indígena oficialista.

El desalojo que planea realizarse este 6 de enero, tiene que ver con un largo proceso de ruptura y enfrentamiento del gobierno de Correa con las organizaciones indígenas, estudiantiles y sindicales que vienen denunciando distintos ataques a sus conquistas y cuestionando la política de criminalización de la protesta social. Más de 200 dirigentes indígenas en el Ecuador han sido procesados bajo la figura de terrorismo, al igual que dirigentes sindicales y estudiantiles. Como parte de estas denuncias, en 2014 se produjeron tres importantes movilizaciones de trabajadores y otros sectores sociales, como reflejamos en La Izquierda Diario.

Frente al anuncio del gobierno, la CONAIE viene impulsando jornadas de discusión y resistencia, con el apoyo de distintas organizaciones sociales. En uno de estos eventos, pudimos hablar con Marcela Arellano, dirigente sindical de la CEOSL (Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres) y con Ana Flores de la Agrupación Política “Vivir Bien” del cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, quienes nos hablaron de la situación de la CONAIE en el marco del proyecto político más general del gobierno ecuatoriano. A continuación algunos extractos:

Marcela Arellano:

“A partir del 2008, con la aprobación de la nueva Constitución, se inició la implementación de la reforma política en el Ecuador. Esta Constitución de 2008 da continuidad a una serie de afectaciones a los derechos laborales y a la plataforma de lucha que tenían las organizaciones sociales y populares. Algunas de ellas son el tema de la apertura a la privatización de las empresas petroleras o la ley de hidrocarburos, así como la ley de servicios públicos que impide la sindicalización y la ley del empleo público que abre la puerta para la eliminación de la contratación colectiva de los trabajadores del sector público. Así mismo el decreto 1709, que permite que el Estado, directamente, sin intervención de los sindicatos, reforme todos los contratos del sector público y el decreto 813, que permite la “compra obligatoria de renuncias”. Nosotros consideramos que alrededor de 17 mil trabajadores sufrieron despidos masivos y que además fueron despedidos a punta de pistola. Los militares acompañaban a los funcionarios del Ministerio de Trabajo a dejar las cartas de renuncia. Un proceso de retroceso terrible de los Derechos Humanos y de los trabajadores. (…) Asimismo se institucionalizó una reforma al código de trabajo, donde la huelga fue considerada abiertamente un obstáculo para la inversión extranjera, por lo tanto había que eliminarla. Se determinó que la huelga se tenía que producir fuera de la empresa. Paralelamente se sancionan, junto a las leyes de Reforma Educativa y la Ley de Educación Superior, la famosa la Ley de Aguas, donde si bien en la Constitución se habla del tema del agua como un derecho humano, al mismo tiempo se establece que la propiedad y del control del agua y de las fuentes del agua pasa de manos indígenas al sector público, y eso puede ocasionar en el futuro privatización, y de hecho está causando privatización, porque se abren las puertas a la inversión privada. ¿Quiénes son los mayores beneficiarios? Coca Cola, Güitig, empresas que además tienen fuertes convenios de inversión en el Estado. (…)

Hoy estamos enfrentados a este tema de la CONAIE, pensamos, que quitar el comodato de la casa de la CONAIE, es tratar de debilitar a la organización, es desprestigiarla frente a la opinión pública, es la táctica del gobierno. Antes, cuando se despedía a los trabajadores del sector público, decía que los trabajadores públicos eran los responsables de la debacle del Estado. Ahora pensamos que es lo mismo, es la misma táctica. Entonces les quitan la casa, porque la casa “la necesitan para un grupo vulnerable”; han invertido millones de dólares en la casa de UNASUR y no pueden invertir en casas de este tipo, hay un montón de casas que están destruyéndose, que son patrimonio público. Entonces es necesario (para el gobierno) cuestionar a la CONAIE, por la política crítica que vienen levantando, porque ocurre que nuestros indígenas también son obreros, entonces ellos también se ven afectados con las reformas al código de trabajo, por la pérdida de estabilidad y por el incremento de la jornada laboral, entonces es necesario juntarnos en la lucha y por eso nos encontramos resistiendo esta medida.”

Ana Flores:

“A mí me parece irónico, una burla al movimiento indígena ecuatoriano que el gobierno diga que en esta casa no se debería hacer política. Incluso el Sumak Kausay (Buen Vivir) que aparece hoy como bandera, ha sido producto de una lucha del movimiento indígena y todas las organización sociales que se han sumado a partir de los 90 a una propuesta de diversidad de interculturalidad. Lo que se evidencia es una derechización del gobierno de Correa, que tampoco surgió en su momento de una base social organizada, sino que solamente aprovechó una coyuntura, levantó las demandas que tenían los movimientos sociales, e hizo ejercicio de poder político. (…)
Hay algo que se da a lo largo de todas las políticas implementadas por el gobierno nacional, que es una modernización del sistema capitalista y que no plantea transformaciones estructurales, mantiene su modelo sobre la base de impuestos y una política extractiva. Por un lado habla de una Constitución que reconoce la necesidad de construir un sistema económico distinto, inteligente, equitativo, solidario, pero en la práctica él y su gobierno implementaron políticas de megaproyectos mineros como los que hay en la Amazonía o en la zona de Íntag. Actualmente los movimientos sociales más grandes que tiene el país, estudiantiles, sindicatos y el movimiento indígena están alejados de la política del gobierno y el gobierno necesita construir un discurso de “quién está con él”, y entonces crea estas alianzas paralelas que responden a su política (respecto de la Alianza Indígena por la Revolución Ciudadana) como estrategia de división de la organización. En el caso de la casa de la CONAIE, creo que esta medida sin embargo, está teniendo un costo político para el gobierno incluso al interior de las propias filas de Alianza País. (…) Ahora con el levantamiento y la recuperación de los procesos sindicales en el Ecuador, a partir de las recientes movilizaciones en 2014, me parece fundamental que se está poniendo otra vez en discusión el problema de la clase. En su momento la CONAIE levantó una oposición frente al neoliberalismo, pero con el resurgimiento de la movilización sindical, creo que el problema de la clase vuelve a ser un elemento que interpela. Creo que el problema de la izquierda en el Ecuador es que no ha logrado contraponer un proyecto político, y que cuando lo conquista se lo entrega a otros, creo que es el desafío que tenemos, construir un proyecto político y no entregarlo.

Estaremos atentos a la situación que se presente este martes 6 de enero de 2015 y, en una próxima entrega, reflejaremos los testimonios de dirigentes indígenas y sociales al frente de este proceso de resistencia.







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