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Red Internacional

Este lunes 12 comenzará en los tribunales penales de Quilmes el juicio contra la oficial de la policía bonaerense Marina Guaquinchay Bogado, acusada de “omisión de evitar tormentos en la Masacre de la Comisaría Primera. El Ministro Berni la había designado Secretaria de la Estación Policial de la ciudad el año pasado, pero la denuncia de los familiares de los chicos asesinados lo hizo retroceder. También como producto de la lucha hace pocos días uno de los policías condenados pasó de un régimen de prisión domiciliaria a la cárcel común.

Carla Lacorte junto a las madres de los jóvenes de la masacre de Quilmes

El nombre de Marina Guaquinchay Bogado surgió en el juicio por la Masacre de la Comisaria Primera de Quilmes, realizado recién en 2015. Allí varios sobrevivientes señalaron la presencia de “una policía embarazada en el cordón de uniformados que golpeó con palos a los jóvenes que salían agonizando del calabozo”. Pero el silencio cómplice de la Policía Bonaerense y el Poder Judicial habían evitado que se la identificara.

En 2017, tras ser citada a una declaración indagatoria, la mujer quedó imputada por “omisión de evitar tormentos”, delito que prevé una pena de entre tres y diez años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos por más de cinco años. El caso se elevó a juicio, pero sufrió varias postergaciones por la pandemia hasta que se estableció como fecha la de diciembre de 2022.

Ya siendo conocida la imputación que pesaba sobre Guaquinchay, la policía siguió revistando en la Bonaerense durante el segundo tramo del gobierno de María Eugenia Vidal y continuó en el de Axel Kicillof, incluso ascendiendo al cargo de subcomisaria.

En este marco, en junio de 2021 el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Sergio Berni designó a Guaquinchay nada más y nada menos que al frente de la Secretaría de la Estación de Policía de Quilmes, no solo coronando una trayectoria de impunidad que atraviesa dos gestiones sino ejecutando una verdadera provocación al nombrarla en el distrito donde pesan sobre la agente semejantes acusaciones por hechos de tortura y muerte. El accionar es propio del jefe de una policía responsable de cientos de casos de gatillo fácil y torturas en las comisarías. Pero más aún, ningún funcionario del distrito de Mayra Mendoza repudió el hecho en aquella oportunidad. Solo ante la acción decidida y la oposición de las mamás de los chicos víctimas de la Masacre y las organizaciones que las acompañan se logró frenar la medida.

Berni, Kicillof y Guaquinchay

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Ahora, entre el lunes 12 y el jueves 15 de diciembre, la mujer policía será juzgada por el Tribunal Oral 5 de Quilmes.

Las audiencias se llevarán adelante en un contexto muy especial, ya que hace pocos días los mismos jueces, anularon la prisión domiciliaria de la que gozaba el ex oficial Fernando Pedreira, condenado en 2015 a 16 años de prisión por la Masacre de la Comisaría Primera, y ordenaron su traslado a la Unidad Penal 9 de La Plata. El ex policía había violado en más de cien oportunidades el arresto domiciliario.

Cabe consignar que Pedreira es el único de los policías condenados por la Masacre de la Comisaría Primera que, recién ahora, va a tener que afrontar un régimen de cárcel común.

Una impunidad sin grietas

Por eso es muy importante redoblar la lucha junto a los familiares de los chicos de la Masacre para que todos los responsables de los hechos sean juzgados y condenados a cárcel común y efectiva.
Mucho más teniendo en cuenta como actúa el régimen político con los policías acusados de violaciones a los derechos humanos. El intento de ascenso de Guaquinchay es una muestra. Otro ejemplo está protagonizado por el propio Pedreira.

En 2012 las Madres de la Masacre descubrieron que Pedreira, que ya estaba exonerado de la Bonaerense, había sido incorporado a la flamante Policía Metropolitana del entonces jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. El escándalo y la pelea de los familiares llevaron al gobierno del PRO a dar marcha atrás en su designación.

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“El infierno existe y está en Quilmes”

La Comisaría 1ra de Quilmes

Así tituló Página|12 para informar sobre los hechos ocurridos el 20 de octubre de 2004 en la Comisaría Primera. Todo comenzó cuando los 17 jóvenes detenidos en la dependencia policial iniciaron una protesta con quema de colchones por las constantes golpizas a las que eran sometidos.
Como hizo en reiteradas oportunidades a lo largo de su nefasta historia, como en Pergamino o Esteban Echeverría, la Bonaerense dejó que la protesta derivara en un incendio y recién empezaron a sacar a los jóvenes cuando estaban quemados y asfixiados. No conformes con eso, los uniformados los volvieron a golpear con palos en ese estado.

Como resultado del brutal crimen, murieron Diego Maldonado de 16 años, Miguel Aranda de 17, Manuel Figueroa de 17 y Elías Jiménez de 15. A partir de la Masacre de Quilmes se prohibió la detención de menores en las comisarías.

Las madres de los chicos iniciaron una extensa lucha por justicia que se prolonga hasta hoy, coordinando con otros familiares de víctimas de la violencia policial, organismos de derechos humanos, organizaciones obreras, estudiantiles y partidos de izquierda.

Recién en 2015 se llevó adelante el juicio. Las condenas más importantes fueron para el ex inspector Fernando Pedreira (19 años de prisión), el excomisario Juan Pedro Soria (diez años), el excabo Hugo D’Elía (diez años) y el exagente Juan Carlos Guzmán (nueve años). También recibieron la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y fueron detenidos. El resto de los imputados recibieron penas de entre tres y cuatro años con arresto domiciliario.

Fue en esas audiencias que surgió el nombre de Guaquinchay Bogado, por lo que se inició una nueva investigación que derivó en el juicio que se encuentra pendiente de realización.

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Aunque los policías fueron presos, en menos de cinco días la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de Quilmes autorizó que los policías detenidos cumplieran la pena en sus casas. Vale decir que la misma Cámara en 2010 resolvió que el policía que me disparó y me dejó en una silla de ruedas pudiera apelar en libertad durante todas las instancias de proceso su condena a seis años y medio de prisión, en un fallo que, eso sí, cuestionaba escandalosamente mi militancia política.

En febrero de 2018 la Sala 3 de la Cámara de Casación Penal de La Plata confirmó las condenas de primera instancia, aunque hizo lugar a los recursos de los policías que pedían una reducción de la pena y reenvío la causa a los Tribunales de Quilmes. En noviembre de ese año salió un nuevo fallo del TOC 3 en el que se planteaban algunas reducciones en las condenas, que se redujeron a 16 años para Pedreira y seis para Soria.

La Policía mata y encubre. El Poder Judicial trata de mantener la impunidad. El poder político avala. Y asciende a los policías criminales.

Por eso es tan importante la movilización independiente de los familiares y de todos los que luchan contra la represión y la impunidad


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