Sociedad

A UN AÑO DE LA DEFENSA DE LA LEY 7722

Quieren modificar la 7722 a cuentagotas

La Empresa Provincial de Minería tendrá en principio una misión exclusiva. Será la concesionaria de Potasio Río Colorado, la trunca mina de sales ubicada en Malargüe y que aún está a cargo de la brasileña Vale.

Miércoles 23 de diciembre de 2020 | 00:00

El gobierno de Suárez busca crear una Empresa Provincial Minera que permita la participación del Estado en la explotación de los recursos minerales de la Provincia. Y el objetivo principal es reactivar la mina de Potasio Río Colorado. La creación de esta empresa era parte de la modificación de la 7722 que intentó imponer la alianza del radicalismo con el peronismo en diciembre y que la lucha del pueblo mendocino logró frenar.

En primer lugar cabe preguntarse quiénes se verían beneficiados de la creación de esa empresa, cuando sobran los ejemplos que muestran que en los acuerdos público-privado siempre es el Estado el que sale perdiendo y subsidiando a los capitales privados. Por otro lado, es una inversión altísima para la provincia, considerando que en Potasio Río Colorado hay una inversión de 1.500 millones de dólares en infraestructura que va a necesitar mantenimiento hasta que pueda ponerse en producción. Si es que se logra poner en producción.

La empresa brasileña Vale abandonó el proyecto porque bajó el precio del potasio por la crisis 2008/9 y la cierran en 2013 dejando a miles de trabajadores desempleados. Incluso nunca les pagaron a algunos inversionistas. La oposición al proyecto no logró frenar su avance pero sí reducir sus impactos ambientales, y difundir los riesgos del proyecto. El Defensor del Pueblo de la Nación Argentina declaró que Vale era un proyecto interjurisdiccional y por lo tanto necesita una evaluación ambiental estratégica que nunca se realizó.

Foto: Atlas de justicia ambiental
Foto: Atlas de justicia ambiental

En 2016 el gobierno se ofreció a conseguir un comprador, pero no lo logró. Con este acuerdo mediante la Empresa Provincial Minera el Estado se convertiría en comprador. Es decir, Vale le otorga los derechos de explotación pero después hay que buscar capitales para explotarlos. Sin embargo, ni la empresa de capitales extranjeros, ni el mismo gobierno en 2016 consiguieron inversores, lo que hace sospechar que la historia se volverá a repetir pero con el agravante de que será el estado quien sostenga la infraestructura de la minera.

Esto sólo analizando desde el punto de vista del gasto para el gobierno (en un contexto de crisis económica y sanitaria). Sin embargo, también hay que señalar que, como ya se ha repetido hasta el hartazgo, la megaminería genera empleos escasos y temporales, además de ser a quiénes más les afectan los impactos medioambientales.

Un amplio conjunto de organizaciones socioambientales ya habían denunciado el peligroso potencial contaminante del proyecto. En una carta abierta dirigida a legisladores de Rio Negro, denunciaron que "el descomunal consumo de gas, necesario para el proceso de obtención de cloruro de potasio provendría de yacimientos de gas no convencional", es decir del fracking. Ademàs, advirtieron que el impacto socioambiental del proyecto "implicarían también las cuencas subterráneas y superficiales de los ríos Neuquén y Negro y del Colorado , ambas afectadas desde hace varios años por la actividad hidrocarburífera, siendo posible prever mayores niveles de degradación y contaminación ante las dos cuencas hídricas de exclusiva jurisdicción nacional y mayor caudal de nuestro país que irrigan una región eminentemente árida".

Entre otros impactos potenciales se encuentran la salinización de las aguas (ver imagen abajo), contaminación directa del suelo y agua y la inseguridad alimentaria, producto de la pérdida y daños de cultivos.

El viernes pasado el Ministro de Economía Enrique Vaquie informó sobre el proyecto de adquisición de Potasio Río Colorado y el Senador provincial por el FIT Lautaro Jimenez, denunció la “estricta confidencialidad” sobre el proyecto y na serie de "clausulas de indemnidad" que le garantizan a la firma que sea la provincia la que responda por los problemas de Potasio Río Colorado:

Suárez y su entorno se ilusionan con que esta iniciativa cuente con el consenso político, que no tuvo o se retaceó en diciembre con la reforma de la ley 7722, que esta vez pueda convertirla en una política de Estado que se mantenga en el tiempo. Porque, ¿para qué haría el gobierno una empresa así si no está pensando en reactivar otras minas?







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