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Red Internacional
La Izquierda Diario

Después de la brutal represión de una protesta en Cancún, todos salen a deslindarse de responsabilidades. La presidenta municipal (morenista) responsabiliza al gobernador de Quintana Roo, el gobernador (panista) al jefe de la policía municipal. Más allá de la cadena de mando, ¿de dónde viene la represión?

Martes 10 de noviembre de 2020 | Edición del día

La noche de este lunes 9 de noviembre, con las redes inundadas de denuncias, videos, imágenes y testimonios de lo que fue una muestra fiel del actuar de las fuerzas armadas, todos los niveles de gobierno salieron hipócritamente a repudiar la represión en la localidad de Benito Juárez en Cancún, Quintana Roo contra una manifestación que exigía justicia para Alexis, víctima de feminicidio.

La Secretaría de Gobernación no tardó en anunciar que "demandaba investigar hasta sus últimas consecuencias, la represión y agresión armada registrada hoy contra una manifestación feminista.”

Mara Ledezma, presidenta municipal de Benito Juárez por el Morena (anteriormente fue comunicadora en Televisa), publicó en su cuenta de twitter un video repudiando la represión, responsabilizando al gobernador panista Carlos Manuel Joaquín González, por haber sido la policía estatal la que actuó y anunciando que iniciaría una demanda penal contra los implicados. Pero en videos y fotos puede verse a elementos de la policía municipal en lo que fue en realidad un operativo coordinado del que son responsables distintos niveles de gobierno.

Por su lado, Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública del estado, aseguró que los policías actuaron por cuenta propia violando los protocolos de actuación policiaca.

Carlos Joaquín Gónzalez, expriista y funcionario en el sexenio de Peña Nieto, declaró, contradiciendo a su secretario de Seguridad Pública, que fue Eduardo Santamaría, director de la policía municipal, quien dio la orden de disparar al aire para dispersar a las manifestantes que buscaban “invadir las oficinas de la presidencia municipal”.

En las últimas horas, el gobernador anunció que Santamaría ha sido ya separado de su cargo por dar la orden de “disparar al aire” además, en redes circulan imágenes del jefe de la policía vestido de civil durante la represión.

Dan a conocer imágenes de Eduardo Santamaria, Secretario de seguridad pública de Cancún vestido de civil y al mando del...

Publicado por Cancún Urbano en Martes, 10 de noviembre de 2020

Este es pues, un escenario clásico de deslinde de responsabilidad de funcionarios tras una brutal represión. La investigación podrá apuntar a Eduardo Santamaría como el responsable inmediato por haber ordenado los disparos, que falsamente se ha dicho que eran de balas de goma. Otros, como Capella, dirán que fueron los policías quienes de manera individual decidieron abrir fuego.

Pero quienes hemos visto actuar a la policía, a los militares y a la Guardia Nacional, quienes hemos vivido en carne propia la represión, sabemos que el problema no son unas cuantas manzanas podridas en los “cuerpos de seguridad” o funcionarios "desalineados" que no siguen el comando único.

En lo que va de la pandemia, han sido reprimidas movilizaciones en al menos cinco entidades federativas, la mayoría de ellas han sido feministas. Esto se ha dado a la par de un incremento descomunal de la presencia de la Guardia Nacional en todos los rincones del país, que a partir del decreto presidencial de mayo tiene funciones de policía civil, es decir, mayor terreno para reprimir y violar derechos humanos.

Hoy, funcionarios tanto del Morena como del PAN buscan tener un chivo expiatorio, que seguro no está más libre de culpas que los demás, pero no nos dejemos engañar, fue el PAN de Felipe Calderón el primer impulsor de la militarización del país.

Desde Mara Ledezma, pasando por Joaquín González, hasta Olga Sánchez Cordero y López Obrador han dicho estar a favor de los derechos de las mujeres, pero sus partidos no solo son responsables de las detenciones, golpes, encapsulamientos y disparos en las marchas contra el feminicidio y el derecho al aborto, sino que también son responsables de que la violencia hacia nosotras continúe reproduciéndose.

La represión podrá haber sido mayor a la que los funcionarios esperaban, pero la simple presencia de la Guardia Nacional, la policía municipal y estatal en la movilización era ya un mensaje a quienes se manifestaban. Y es que para los gobiernos municipales, estatales y el federal, sin importar su partido, exigir nuestros derechos es un delito. Los grandes medios de comunicación también forman parte de esta cadena de violencia estatal, criminalizando la protesta.

No nos conformamos con sus chivos expiatorios y con su justicia que defiende únicamente a las mujeres y hombres de la burguesía y sus instituciones de dominación. La justicia para Alexis, para las diez mujeres que la violencia feminicida nos arranca día con día, sólo vendrá de la movilización en las calles, con las mujeres trabajadoras y precarizadas, las principales víctimas de los feminicidios y las muertes por abortos clandestinos, y con nuestros compañeros jóvenes y trabajadores.

Exijamos la disolución de la Guardia Nacional y de los cuerpos policiacos, que como una y otra vez hemos denunciado, son el brazo armado de intereses ajenos a los de las grandes mayorías.




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