SEMANARIO

¿Qué rol cumplen el Senado y el Tribunal Constitucional en la discusión del segundo retiro del 10%?

Juan Valenzuela

¿Qué rol cumplen el Senado y el Tribunal Constitucional en la discusión del segundo retiro del 10%?

Juan Valenzuela

Ideas de Izquierda

Que Piñera recurra al TC con un tema tan sensible en medio del proceso constitucional, nos recuerda que necesitamos prepararnos para los meses que vienen, en los que los grandes poderes políticos y económicos se movilizarán para conservar sus privilegios.

El pasado domingo 22 de noviembre, el gobierno de Sebastián Piñera recurrió al Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de frenar el proyecto de reforma constitucional que iba a permitir un segundo retiro del 10% de los ahorros previsionales, que había sido impulsado principalmente por la diputada Pamela Jiles. Una reforma que ya había sido aprobada en la cámara y con la cual en primera instancia se alinearon varios parlamentarios oficialistas, como consecuencia de la presión popular. Además de invocar al TC, el gobierno presentó su propio proyecto de retiro del 10%, con letra chica, para discutirse con suma urgencia en el Congreso.

El solo hecho de que Piñera invocara al TC, propició que en el Senado predomine el proyecto del gobierno y no el de la diputada PH. Una vez más el TC con su autoritarismo consagrado en la Constitución de 1980, demostró ser una herramienta confiable para defender los intereses de los capitalistas y le dio espacio al gobierno para cocinar su política en el Senado, que actuó como una institución contraria a la voluntad mayoritaria y más bien proclive a negociar con un gobierno odiado. Como veremos, con plena complicidad de los partidos de oposición.

El senado contra el pueblo

Si bien es cierto que retirar los propios fondos previsionales no atenta en contra de la lógica del ahorro individual que es esencial al sistema de AFP, el gobierno no podía permitir un segundo retiro impulsado en la cámara de diputados. Si se aprobaba el proyecto, el gobierno no ganaba nada y quedaba como débil frente a los empresarios. Si se caía, y no había ninguna alternativa para viabilizar el segundo retiro, el gobierno iba a concitar odio popular. Por esta razón, buscando evitar tanto ponerse abiertamente en contra de la aspiración popular de obtener un segundo retiro del 10% antes de navidad, como aparecer sin capacidad de control de la situación frente a los capitalistas, Piñera y su equipo, se decidieron por recurrir al TC y -al mismo tiempo- presentar un proyecto de retiro del 10% con letra chica.

¿Cuál era la “letra chica” del proyecto de Piñera? Originalmente, la obligación de devolver lo retirado, plazos más extensos para la entrega y segmentación del retiro en dos cuotas, impuestos a las “rentas” superiores a $700.000, entre otras cuestiones. Finalmente, la comisión de trabajo y la comisión de pensiones del Senado, en una sesión conjunta, procesaron el proyecto del gobierno tratando de asemejarlo al proyecto de Pamela Jiles. El gobierno aceptó todos los cambios, menos cobrarle impuesto a quienes perciben sobre los $700.000, medida que ha continuado siendo defendida por Hacienda. Necesita una señal de que el mando es suyo.

Este proyecto de retiro del 10% “con letra chica” pudo abrirse paso en el Senado no sólo gracias a las volteretas -para nada sorprendentes- que tuvieron senadores como Manuel José Ossandón o Iván Moreira que primero apoyaban el proyecto de Jiles y que luego pasaron a apoyar el proyecto de Piñera. Si pudo abrirse paso fue fundamentalmente gracias al papel de los senadores de oposición. Primero, el martes 24, los senadores Juan Pablo Letelier (PS), Alejandro Pizarro (DC) y Carolina Goic (DC), en la sesión conjunta de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, se abstuvieron en la votación sobre la “idea de legislar” el proyecto del gobierno, lo que le dió mayoría a esa opción, con cuatro votos a favor versus tres en contra. Los senadores justificaron su votación afirmando que si le cerraban las puertas al proyecto del gobierno para pasar al debate legislativo en el Congreso, un eventual fallo del TC contra el proyecto impulsado por Pamela Jiles y la oposición, podría resultar en una clausura de todas las vías para obtener el segundo retiro.
En realidad, lo que hicieron fue aceptar la disciplina que impuso Piñera y su equipo. Se callaron la boca respecto a que el primer retiro fue posible no por la acción parlamentaria sino por la presión de la calle. Un paro en las puertos del país y protestas en las poblaciones acompañaron la tramitación del primer retiro. Al abstenerse estos senadores en la reunión conjunta de las comisiones, en los hechos asumían que el “campo de lo posible” lo ponía Piñera y no las calles.

Por eso no fue sorprendente que dos días después, el 26 de noviembre, el proyecto de Pamela Jiles naufragara en el senado porque no logró los 26 votos que necesitaba para que se aprobara la idea de legislar, 3/5 del Senado. Sólo obtuvo 22 votos. Hubo 10 votos en contra y 8 abstenciones. El proyecto del gobierno, por su parte obtuvo 35 votos a favor, 1 en contra, y 5 abstenciones. Conviene tener a la vista que de los 35 votos a favor del proyecto del gobierno, 15 provinieron de la oposición, incluyendo a los tres senadores que dos días antes se habían abstenido en las comisiones de Trabajo y Previsión Social. El proyecto de Piñera incluso obtuvo un voto del senador de Revolución Democrática Juan Ignacio Latorre.

La reforma constitucional de oposición deberá ir a una Comisión Mixta para resolver las votaciones divergentes de ambas cámaras. Pero se trata de una mera formalidad. La votación de una amplia gama de senadores de la oposición a favor del proyecto del gobierno y el papel disuasivo del TC para no persistir en el proyecto de la diputada Jiles, al mismo tiempo que el proyecto de Piñera pasa a la cámara, hacen probable que el segundo retiro lleve la firma de Piñera y letra chica.

Si resulta esta jugada, el gobierno obtiene un terreno más favorable para avanzar en su reforma previsional que preserva en lo esencial el sistema de pensiones heredado de la dictadura pinochetista y que fue ideado por el hermano del actual presidente.

El significado político de recurrir al TC ahora

Que el gobierno recurra al TC no es menor. Se trata de una acción que tiene un importante significado político.

Recordemos que el TC está compuesto por diez personas de las cuales tres son designadas por el presidente de la República, cuatro por el Congreso -de las cuales dos son nombradas por el Senado y dos por la cámara de Diputados para su aprobación o rechazo por el Senado-, y tres son elegidos por la Corte Suprema. Actualmente es presidido por María Luisa Brahm, una abogada que fue ex funcionaria de ODEPLAN en dictadura; que durante veinte años se desempeñó en el Instituto Libertad, un think thank vinculado a Renovación Nacional y que además fue jefa de asesores del primer gabinete de Piñera, entre otras funciones que asumió. Su ingreso a la institución fue por nominación de Piñera. Es a la institución presidida por esta mujer que Piñera recurrió para frenar el segundo retiro del 10% impulsado por la oposición. ¿Acaso no es una manera de escupir en un criterio democrático básico de mayorías y minorías el recurrir a una institución en la que el sufragio popular no tiene ningún papel?

Agreguemos que este tipo de presidentes en el TC no son un problema nuevo, incluso después de la reforma de 2005 que aumentó el número de miembros del TC de 7 a 10 y le quitó poder de designación al COSENA. Recordemos a quien fuera presidente del TC entre 2009 y 2011, a Marcelo Venegas, que había ingresado a la institución impulsado por Renovación Nacional. Su integración al TC fue respaldada por una unimidad de las y los diputados y ratificada por todo el senado. ¿Quién era Venegas? “Venegas ejerció una serie de cargos durante la dictadura militar, entre 1974 y 1990, destacando sus cargos de director y fiscal de INDAP, director de asuntos indígenas, abogado del Ministerio del Interior y director de la División Nacional de Comunicación Social de Gobierno (Dinacos), órgano encargado de las comunicaciones durante la dictadura” [1]. Recordemos también el caso del ex diputado UDI Cristián Letelier, todavía ministro del TC, que no sólo estuvo involucrado en el caso Penta sino que además mostró ser profundamente homofóbico. Cuando se le consultó por una eventual homosexualidad de Jaime Guzmán, señaló que era una acusación “grave, porque la UDI, la original eso sí, defendía principios cristianos, entre ellos la defensa de la familia. Entonces que se muestre como un desviado, es alterar la esencia más profunda de Jaime; él murió por defender sus ideas y no merece ser ahora asesinado moralmente. Los muertos también tienen derecho a la honra” (p. 270). Como vemos, “defender la Constitución” para los políticos del régimen, se hace sí o sí con lo más rancio de la derecha. Cuando los senadores de “oposición”, de la DC, del PS o de Revolución Democrática, actúan como si “no quedara de otra que votar a favor del proyecto de Piñera para que haya segundo 10%”, en realidad no hacen más que arrodillarse ante la autoridad de esa institución autoritaria que es el TC. Un órgano que realiza funciones que, “son claves para el desempeño de los poderes del Estado en su conjunto” (p. 255), y que no son controladas por ninguna otra entidad del Estado y mucho menos por la sociedad civil. No podría ser de otra manera porque el mismo Senado es parte de ese entramado. Si la cámara propone y el Senado dispone para los miembros del TC, eso “obedece a una vieja lectura de representatividad y composición en clave de clase social, característica de los orígenes del Congreso bicameral, herencia del parlamentarismo inglés, donde los Lords son representados en una cámara y los Comunes en otra, con el fin de proteger los intereses de la aristocracia” (p. 258). Según Bassa en el libro citado, aunque la importancia del TC

«generalmente se justifica desde la lógica del sistema de contrapesos institucionales destinados a controlar el ejercicio del poder, lo cierto es que su diseño institucional lo ha marginado de esa lógica. En efecto, el TC ejerce control sobre otros órganos del Estado, incluso respecto de poderes políticos con legitimidad democrática; en cambio esta institución no es, a su vez, objeto de control institucional, toda vez que sus integrantes son inamovibles, no pueden ser acusados constitucionalmente y, en fin, contra sus sentencias no procede recurso alguno» (La constitución chilena, Bassa, Ferrada, Viera, p. 255).

Las facultades que tienen los ministros del TC no son menores. Entre otras cuestiones ejercen “el control de la constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación […]”, resuelven “las cuestiones sobre la constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso” y declaran “la inconstitucionalidad de las organizaciones y de los movimientos o partidos políticos, como asimismo la responsabilidad de las personas que participaron en los hechos que motivaron la declaración de inconstitucionalidad [...]” De esa manera se transforma en una tercera cámara de la que depende en última instancia la posibilidad de las leyes y otros actos de los poderes del Estado y que puede poner fuera de la ley a tendencias consideradas peligrosas por el régimen. Se trata de un enclave totalmente autoritario construido a la medida de los grandes capitalistas y como una de las casamatas de defensa de la vieja Constitución, contra la cual nos movilizamos en octubre y noviembre y contra la cual votamos el pasado 25 de octubre por aplastante mayoría. Diez personas con poderes extarordinarios. La oposición parlamentaria -incluyendo al senador de RD- decidió arrodillarse frente al TC y le produjo temor la perspectiva del regreso de las calles. Una vez más replicaron la vieja idea de que siempre son los sectores de la clase trabajadora y populares los que tienen que ceder algo: aunque sea un pequeño impuesto, para ganar aunque sea “algo” y no escalar en la confrontación con los grandes poderes. No es casual porque todas estas fuerzas sostuvieron el pacto por la paz y una Nueva Constitución que fue firmado por casi todo el espectro político del régimen incluyendo al Frente Amplio y sostenido por el PC que desistió de la huelga general después del 12 N del año pasado.

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Cuando Provoste de la DC o Juan Ignacio Latorre de RD votan a favor de la propuesta del 10% del gobierno, no hacen más que avalar la existencia del TC que es la institución que fija las barreras de lo posible. Como si aceptaran que para ellos necesariamente debemos transigir con los sectores más concentrados del capital financiero que se expresan en el gobierno.

Contra el conformismo

Pero las grandes acciones de masas de octubre y noviembre de 2019 en la que participaron millones de personas en todo el país incluyendo a la gran mayoría de la clase trabajadora el 12 N y el aplastante triunfo del apruebo en el plebiscito del 25 N de este año, demostraron que una institución con facultades plenipotenciarias para defender la Constitución de la dictadura, como lo es el TC, es un anacronismo y que hay fuerzas sociales para tumbarla. Piñera pudo jugar con los bolsillos de millones, recurriendo a sus amigos del TC, a esta institución de diez personas, para imponer un 10% con letra chica en el Senado. Como si dijera con sus actos “para las cosas importantes ni la cámara de diputados vale. Menos la voluntad popular”. Piñera y su gobierno tienen el descaro de usar una institución emblemática del poder constituido a meses de la convocatoria a la Convención Constitucional. Una nueva señal de que buscarán imponer todo tipo de restricciones al pueblo trabajador en el proceso de discutir una nueva Constitución, por mucho que el segundo 10% llegue. Construir una alternativa política que se enfrente decididamente a estas trampas políticas y no abandone la perspectiva de terminar con este régimen político y sus enclaves autoritarios como el TC o el mismo Senado, convocando a una Asamblea Constituyente Libre y Soberana con una o un delegado cada 20.000 habitantes y con derecho a voto para los mayores de 14 años; en la que no existan quórums calificados como el actual de ⅔ ni temas prohibidos como los tratados internacionales, es una necesidad. Una AC así sólo puede ser convocada por la clase trabajadora autoorganizada y en lucha a través de sus métodos como la huelga general. Es para ese camino que nos preparamos. Que Piñera recurra al TC con un tema tan sensible en medio del proceso constitucional, nos recuerda que necesitamos prepararnos para los meses que vienen, en los que los grandes poderes políticos y económicos se movilizarán para conservar sus privilegios. Parte esencial de esta preparación es construir una izquierda revolucionaria con un programa y una estrategia anticapitalistas, y que confíe no en la falsa astucia parlamentaria de aceptar siempre “lo que hay” sino en la fuerza de millones de trabajadoras, trabajadores y mujeres que ya se pusieron en movimiento en el nuevo Chile posterior al 18 de octubre de 2019 y que quieren echar abajo toda la herencia económica y social de la dictadura que luego se profundizó durante 30 años.


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[1Bassa, Ferrada, Viera; La constitución chilena
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Juan Valenzuela

Profesor de filosofía. Dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios.
Santiago de Chile