Mundo Obrero

DEBATE (I)

¿Qué hay detrás de la discusión sobre la conflictividad laboral?

El 31/08 La Nación publicó algunos datos del último informe sobre empleo del Observatorio del Derecho Social de la CTA (ODS) con el sugestivo título “Los gremios oficialistas son los más afectados por el ajuste laboral”. El lunes 01/09 Página/12 responde levantando los últimos datos del Ministerio de Trabajo y titulando “Conflictividad laboral en baja”. Hacia el final de la nota, como quien no quiere la cosa, cita los datos del ODS y descalifica los “observatorios privados” por carecer de rigor científico. De este modo, y por primera vez en ocho años, el Ministerio sale a la ofensiva en una “batalla cultural” por los datos de la conflictividad laboral en el país. Algunas claves de esa cruzada.

Sábado 20 de septiembre de 2014 | Edición del día

Método: desde arriba no se ve

Lo primero que hay que decir, como destacan, en honor a la claridad metodológica, Luis Campos, Julia Campos y Jimena Frankel, [1](responsables del ODS), es que las bases del Ministerio y las del Observatorio no son conmensurables porque miden cosas distintas [2]. El Ministerio mide conflictos con paro (cantidad de huelguistas y días caídos) y el ODS mide conflictos con paro y otras formas de conflictividad laboral como ocupación, cortes, movilización, etc. [3] Ambas decisiones metodológicas implican un sesgo (y, de hecho, una posición teórica respecto de qué es el conflicto laboral).
La opción del Ministerio de reducir el relevamiento a los conflictos con paro tiene la virtud de poner al paro como herramienta privilegiada de los trabajadores asalariados (lo cual es importante luego de años neoliberales en los que no solo dejó de medirse la huelga, sino que casi se la declaró una pieza de museo). Pero tiene la debilidad de excluir del análisis otras formas que son indudablemente parte de la conflictividad de los trabajadores asalariados. Para ir a hechos concretos, las nueve jornadas de lucha de los trabajadores de Lear (de las que nadie serio puede negar su carácter laboral en la medida en que responden al despido de trabajadores y, sobre llovido, al intento de desafuero de delegados elegidos hace menos de un año por el 70 % de los votos) quedan fuera de la medición del Ministerio. Para decirlo brutalmente, para el Ministerio de Trabajo hoy en Lear no hay conflicto porque ni la carpa que está instalada en la puerta, ni las denuncias de amenazas y violencia por parte de la patota del SMATA que los delegados realizan, ni los cortes de la Panamericana junto con otras organizaciones ni las marchas al Ministerio (de facto, a la misma sede donde está el observatorio oficial) cuentan como conflictividad laboral. Más aún, la actual toma y puesta a producir de la ex Donnelley, y las movilizaciones con las que el 18/09 obtuvieron el reconocimiento del INAES de la cooperativa Madygraf, tampoco computan como conflicto laboral.

Este sesgo no es casual, responde a una ubicación “institucionalista” (a nivel teórico) y “estatalista” (a nivel político) respecto de la conflictividad laboral en la medida en que tiende a sobrevalorar las protestas con reconocimiento estatal (que pueden acudir al paro con cobertura legal) e invisibilizar todo tipo de protesta de los asalariados que se desarrolle por fuera de las vías institucionales concertadas entre el Estado, las cúpulas sindicales y las empresas. En un contexto en el que, justamente, la relación entre las bases opositoras organizadas en comisiones internas y las cúpulas se tensa, y en el que, como el caso del SMATA, la burocracia desnuda su papel de Policía, la negación de otras formas de protesta de los trabajadores (como cortes, marchas, piquetes o carpas) redunda en distorsión de la realidad. Pero en el caso del Ministerio de Trabajo redunda también en cierto cinismo. Porque es el propio Ministerio el que “ilegaliza” la protesta de los trabajadores opositores al avalar, por ejemplo, destituciones de delegados truchas como las del SMATA en LEAR (“en una cárcel, las votaciones las gana el carcelero”, decía una nota publicada hace poco en este diario). ¿Qué posibilidad tienen delegados destituidos a punta de despido de impulsar un paro para protestar por los despidos y la persecución? ¿Qué cobertura tienen los trabajadores para realizar ese paro si el Ministerio acepta, livianamente, la dictadura del SMATA (que es, casualmente, la de la multinacional Lear)? Ninguna. Entonces, ¿qué hacen? Protestan incansablemente sin hacer paro (cualquier ciudadano que acceda a la televisión conoce cuán incansables son los operarios de Lear).

A eso hay que sumarle un segundo elemento que hace que la reducción del conflicto laboral al paro tienda a redundar en una distorsión de la realidad: la recesión económica que el propio INDEC reconoce. En un escenario recesivo, con suspensiones y despidos, la disminución de los paros (y el aumento de otras formas de conflictividad laboral) suele deberse justamente al clásico argumento de las cúpulas sindicales de “No paremos para no darle motivos a la patronal para despedir”. Argumento con el que se facilita que en el segundo trimestre de 2014 en Argentina haya habido un aumento de la desocupación de 4.2 % (en comparación con el segundo trimestre de 2013, según datos del INDEC) y argumento que, por otra parte, el Gobierno nacional apoya con la palabra en los discursos y con la espada en la Panamericana del gendarme Berni. Estos elementos no pueden escapar (y seguramente no escapan) al análisis de los investigadores del Ministerio. Pero, lamentablemente, están ausentes en sus elaboraciones públicas.

¿Qué ves?

Ahora bien, lo interesante es que, más allá de este sesgo estatalista en la medición del Ministerio, los datos producidos por sus investigadores vienen presentando una tendencia al alza de la conflictividad laboral desde 2006 en adelante, en la cual, hasta ahora, no puede probarse que el 2014 sea la excepción. En 2013 esta tendencia encontró una meseta (los niveles de conflictos con paro fueron casi idénticos al 2012) ante la cual, lamentablemente, el Ministerio optó por titular su informe anual con la distorsiva frase “La disminución de la conflictividad laboral en 2013”, título que, cuando se veía el informe, no era corroborado por los datos porque las variaciones numéricas daban más bien un sostenimiento de los niveles récord de 2012 y no una reducción. En 2014 aún no tenemos los datos que permitan observar si esos niveles récord se mantienen, aumentan o decrecen. Pero sí sabemos que “la conflictividad laboral en el primer trimestre se ubicó por encima del promedio registrado para esos meses entre 2006 y 2013” [4]. ¿Qué es lo que bajó, entonces? La conflictividad (siempre con esta medición reducida a conflicto con paro) entre el primer y el segundo trimestre. Es esa variación, en un contexto al alza que el propio Ministerio expone, el que suscita el polémico titular “La conflictividad laboral en baja”. A esto hay que agregar que los datos del segundo trimestre de 2014 no llegaron a contabilizar el paro general opositor del 28A ocurrido días antes de la publicación (o sea, no contabilizó ni el conflicto en sí mismo, ni la cantidad de huelguistas ni su influencia en días no trabajados). En síntesis, el título es más una expresión de deseo y una puesta en escena para la “batalla cultural” que un análisis estadístico.

¿Qué es, entonces, lo que quiere ocultar el Ministerio con titulares más grandilocuentes que descriptivos? Un doble movimiento que emana de sus propias bases de datos y que puede enriquecerse con otras bases (como el ODS): la constante alza de la conflictividad desde 2006, con cambios significativos en relación a quiénes protagonizan los conflictos y cuáles son sus motivos. Lo que el Ministerio no está diciendo es que estamos observando el pasaje de “los conflictos del crecimiento” a los “conflictos de la crisis” en un marco de siete años de aumento de la conflictividad laboral. Es esa combinación la que el Ministerio no quiere medir por el simple hecho de que lo obliga a despegarse (y debería hacerlo al menos en honor al rigor científico) del discurso gubernamental que establece que en 2012 se terminaron los conflictos “buenos, legítimos, genuinos” y comenzaron los conflictos “malos, ilegítimos, destituyentes”. El intento de establecer en 2013 el punto de inflexión de la conflictividad laboral pareciera que responde a la búsqueda de acompañar, en base a datos estadísticos, el discurso gubernamental de deslegitimar los actuales conflictos laborales. Y con ello, deslegitimar también los reclamos de los trabajadores y cubrir, “científicamente”, una política gubernamental que da como resultado (medible también en datos estadísticos) la caída del salario real, del empleo y el aumento de la represión.

El problema al que se enfrentan los investigadores del Ministerio es que hacer propio el oportunismo gubernamental de considerar legítimos los conflictos que los favorecen (y contabilizarlos) e ilegítimos los que los denuncian (y no contabilizarlos) se da de patadas con el rigor científico. De allí a decir que los obreros de Lear le hacen el “juego a la derecha” por defender sus puestos de trabajo solo se requiere una brisa. Los investigadores del Ministerio (que vienen haciendo un trabajo muy útil en estos años) están ante la disyuntiva de, o bien tirar todo ese trabajo por la borda y comenzar un proceso de “INDECización” del que no se vuelve, o bien continuar la producción y el análisis estadístico y denunciar la manipulación ideológica del Gobierno nacional, que transforma lo que hasta ayer era positivo (y digno de ser medido) en acciones destituyentes (y dignas de ser reprimidas).

En la próxima nota analizaremos los cambios en la conflictividad laboral, que emanan de las bases del Ministerio y del ODS, en relación a quiénes son los protagonistas y qué piden.

[1] Agradecemos a los responsables del ODS por la entrevista concedida.

[2] También usan fuentes distintas. El Ministerio releva 140 medios de prensa entre nacionales, provinciales y municipales; y el ODS relava los tres diarios nacionales más importantes (La Nación, Clarín y Página/12). Eso hace que la base del Ministerio sea mucho más completa y mucho más nacional, pero al mismo tiempo equipara un paro en la Municipalidad de Morteros (Córdoba) con un paro nacional de la UOM (ambos aparecen como un conflicto con paro, aunque pueden diferenciarse en cuanto a su cantidad de huelguistas, por ejemplo). El relevamiento vía diarios nacionales suele destacar los conflictos más relevantes a nivel nacional, aunque al mismo tiempo tiende a dar más prioridad a lo que pasa en Buenos Aires (donde está el centro político y laboral del país y donde están las redacciones) y a subvaluar el interior del país.

[3] Como señala la Red de Observatorios de Conflictividad Social en su carta publicada en este diario el 18/09, las unidades de análisis distintas obligan a un trabajo metodológico para la comparabilidad de las distintas bases. En el caso del ODS las acciones que son tenidas en cuenta son: declaración de alerta y movilización; asamblea y reunión; acciones comunicacionales; trabajo a reglamento/quite de colaboración; paro de actividades; ocupación; actividades en la vía pública; cortes de ruta; movilización/marcha; acciones legales o administrativas; piquete de abastecimiento.

[4] Ver Conflictividad laboral en baja, 01/09/2014, Página/12.







Temas relacionados

Conflictividad laboral   /    Conflictividad social   /    ODS   /    Observatorio   /    CTA   /    Observatorio del Movimiento Obrero   /    Mundo Obrero

Comentarios

DEJAR COMENTARIO