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Red Internacional

Se cumplen 32 años de los saqueos que tuvieron lugar en mayo de 1989 bajo el gobierno de Alfonsín. Su huellas trágicas latentes reaparecen fantasmales en cada momento de crisis social y económica.

Lunes 24 de mayo | 00:00

Pertenecen al tipo de hechos sociales que quedan registrados en la memoria. Tal vez se pierdan detalles, pero no sus marcas, su huellas trágicas que latentes reaparecen fantasmales en cada momento de crisis social y económica. A pesar del deterioro social que se atravesaba, a diferencia de hoy, parecía improbable sucedieran. Recesión y un nivel hiperinflacionario que destruía salarios en horas, un cóctel explosivo que sacudió a casi todo el país, y mayormente en sus ciudades, aunque conglomerados como el Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba o el Gran Tucumán sintieron más duramente el golpe.

Haciendo memoria

Ya habían transcurrido casi cinco años de gobierno. La política de Alfonsín lejos de alterar la herencia económica recesiva de la dictadura intentó surfearla apostando a la ola de ilusiones que despertaba la vuelta democrática, “con la democracia se come, se educa y se cura” decía. Pero esa herencia implicaba una mayor dependencia del país al capital financiero, una extranjerización creciente de la economía y el alfonsinismo no se propuso modificarla. Por ese camino fracasó su terapia de shock del Plan Austral, un programa respaldado en Washington anclado en el congelamiento de precios y salarios, que incluía la desregulación del estratégico sector petrolero, abierto a la inversión de capitales extranjeros. El mismo final siguió el Plan Primavera (1988) alentando la apertura comercial, la liberación de tasas de interés, la eliminación de retenciones y un plan ofensivo de privatizaciones de empresas públicas, siempre bajo supervisión del FMI, que por el contrario agravaron la situación de endeudamiento y sometimiento del país, la pobreza y desempleo.

En los inicios de 1989, el anuncio del Banco Mundial y el FMI sobre el fin de los créditos al país fue la gota que rebalsó la crisis validando una brutal devaluación y la inflación alcanzó en abril de 1989 el 33% y escaló al 78,6% un mes después, para aproximarse, como detalla el historiador Ezequiel Adamovsky en Historia de la Argentina, al 3620% anual con los índices de pobreza e indigencia que treparon a niveles nunca antes registrados: 47,3% y 17,5% respectivamente.

En ese contexto el Plan Alimentario Nacional (PAN) o el subsidio al desempleo ya insuficientes en un contexto de pobreza agravada a lo largo de la década, no contuvieron la protesta social que se produjo en forma de saqueos masivos como legítima respuesta frente a la extrema necesidad. El 29 de mayo Alfonsín decretó el estado de sitio por 30 días, suspendiendo las clases, el cierre de bancos y el funcionamiento del transporte público. Medidas que no hicieron más que acelerar su renuncia y como salida, el adelantamiento del recambio presidencial. Hubo miles de detenidos, casi una veintena de muertos y cientos de heridos. El peronismo en el poder ampliará la distribución masiva de ayuda alimentaria y planes de empleo, los conocidos Planes Trabajar y las manzaneras duhaldistas, transformados en una política de estado buscando evitar que la chispa volviera a encender la pradera mientras el desempleo seguía en crescendo y se avanzaba en la entrega nacional.

Los saqueos

Los saqueos a supermercados y almacenes se produjeron entre los meses de mayo y junio de 1989, demandando esencialmente alimentos, inicialmente en Rosario y extendiéndose al Gran Buenos Aires que concentraba casi un cuarto poblacional del país. Se calculan saqueos a cientos de comercios. Una respuesta al hambre intolerable de amplios sectores populares. Se desarrollaron en grupo, no en forma individual, con fuerte presencia de mujeres entre quienes venía recayendo en aumento el peso del sustento familiar.

Los saqueos en Córdoba en 1989. Archivo La Voz.

Es interesante lo que el investigador Sergio Serunilkov señala en La Larga Historia de los saqueos en Argentina, respecto a que a pesar de que no eran pocas las evidencias y estadísticas que daban cuenta del deterioro social, la posibilidad de que el país se viera amenazado por las carencias y el hambre se percibía lejano. Podía ocurrir en Venezuela acuciada por el Caracazo, de todos modos más político y juvenil, pero no acá. Lo que el autor define como motín o revuelta de subsistencia, y la primera ola de saqueos por motivos económicos en la Argentina moderna, haría trizas en pocos días ese imaginario de integración y movilidad social, aquella imagen de pobreza y del hambre contingente circunscriptos a un sector minoritario de la población cambiaría para “siempre”.

En síntesis, recuerda Serunilkov, “la época en la que estalla la primera ola de saqueos de alimentos, había en el país muchos nuevos pobres, y los viejos pobres eran más pobres aún”. Señales de una reconfiguración de la pobreza que incluye a sectores medios y a obreros empobrecidos, que emergen en el país asociados al subempleo y el atraso salarial. Vale el dato del investigador Iñigo Carrera que señala que del total de la población que se encontraba en situación de pobreza, alrededor del 72% eran asalariados. El neoliberalismo menemista completó esa tarea al sentar las condiciones estructurales de la precarización y flexibilidad laboral.

Recursos hay

Pasaron varias décadas desde aquellas jornadas y los números de la pobreza y la indigencia se mantienen alarmantes, se ha reforzado la informalidad y precarización del trabajo, mientras los ricos se hicieron más ricos. En todo caso, a diferencia de aquel momento, la clase obrera no parte de la derrota legada de la dictadura y, aunque fragmentada, ha cambiado su fisonomía estratégicamente concentrada en nuevos sectores, tensando sus músculos en un momento de aires de combate latinoamericanos.

Lo que ha permanecido inalterable es el compromiso de los gobiernos de pagar la deuda externa, y por esa vía transferir a manos del capital financiero y los bancos la riqueza socialmente producida. Como señala Pablo Anino, bajo el régimen del endeudamiento eterno la pobreza que en la década de 1970 castigaba a menos del 5% de la población del país, en el segundo semestre de 2020 alcanzó el 42%, “se trata del porcentaje más alto desde 2004. Unos 19 millones de personas son pobres. Los partidos del Gran Buenos Aires viven una verdadera catástrofe social con más de la mitad de la población en la pobreza. En todo el país, el 60 % de las niñas y los niños son pobres.” El gobierno del Frente de Todos no ha sido excepción, demostrando que ha decidido honrar la deuda fraudulenta y el legado macrista postergando las necesidades e intereses de los trabajadores y sectores populares, incluso en tiempos de pandemia. Un dato inocultable hasta para algunos movimientos sociales oficialistas obligados a reconocer que “el estado nacional se dedica a la asistencia” y lo hace en forma regresiva.

En los sucesos que hoy recordamos, la desesperación de los sectores populares fue encauzada por los partidos políticos por la vía de una masiva orientación asistencialista estatal que sin resolver la desigualdad social aseguró su contención y pasivización, aunque a mediados de los ’90 el aumento de la desocupación daría lugar a nuevas formas de lucha y organización del movimiento de desocupados. Necesitamos recuperar el camino de la unidad de los trabajadores y el pueblo para terminar con la pobreza y el hambre. Recursos hay, se trata de atacar las usinas que generan y reproducen la pobreza: el poder político y los grupos e intereses para los que gobiernan.




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