Política Internacional

TRIBUNA ABIERTA

¿Qué constituyente necesitamos?: nuestras diferencias con el “Nuevo Perú”

La posibilidad que el presidente Pedro Pablo Kuczynski sea cesado desde el parlamento, abrió también una polémica en la izquierda peruana sobre cómo encarar la crisis por la que atraviesa el estado. En este marco, reproducimos comunicado de la agrupación Resistencia Sur de Tacna con quiénes, desde la Fracción Trotkista Cuarta Internacional (FT-CI), venimos explorando posibles convergencias programáticas y estratégicas.

Sábado 23 de diciembre de 2017 | 09:55

Foto: Sitio web La Mula

Reproducimos comunicado de la agrupación Resistencia Sur de Tacna con quiénes, desde la Fracción Trotkista Cuarta Internacional (FT-CI), venimos explorando posibles convergencias programáticas y estratégicas.


El Nuevo Perú, organización liderada por Verónika Mendoza que actualmente cuenta con 10 congresistas, parte de la consideración que el estado es un espacio neutro, el cual en los últimos 25 años de hegemonía neoliberal fue capturado por lobistas y mafiosos, quienes lo alejaron de la “gente”, por tanto, la tarea central que esta organización se propone es: “recuperar el estado para la gente a través de un proceso constituyente que de vida a una nueva constitución”.

Por eso, cuando se presentó el problema de la probable cesación de Kuczynski, ellos desde un inicio apelaron a una salida institucional basada en el respeto al “estado de derecho”, lo cual significaba que se agote la investigación al presidente en los fueros del poder judicial y si aquí se demostraba su culpabilidad, este pudiera ser reemplazado por su vicepresidente, sin que esto signifique violentar el orden constitucional y lo que ellos llaman la “independencia de poderes”.

Su respeto a las instituciones burguesas, los lleva a crear expectativas en el poder judicial y en el ministerio público, al grado tal que en un comunicado oficial del 20 de diciembre último dan por descontado que los líderes del fujimorismo implicados en casos de corrupción terminaran presos a partir de las declaraciones de Barata (representante de la empresa Odebrecht en Perú). Olvidan, sin embargo, que el ministerio público permitió la fuga de Alejandro Toledo o la cárcel dorada de Fujimori, así mismo, que este ministerio público es el mismo que avala los despidos de miles de trabajadores y trabajadoras y blinda a las empresas mineras que contaminan el medio ambiente y evaden impuestos.

De lo expuesto, se puede deducir que la visión que el Nuevo Perú tiene del proceso constituyente, es dándole la espalda a las legítimas aspiraciones, de los trabajadores y el pueblo peruano, de cambiarlo todo. Encubre esta política respetuosa del orden fujimorista con un lenguaje gradualista y reformista, ya que, al propugnar la defensa férrea de los poderes del estado, la asamblea constituyente que daría vida a la nueva constitución que ellos proponen, deberá nacer o por iniciativa del parlamento o del ejecutivo, pero sin que esto signifique una ruptura con el actual orden jurídico expresado en la constitución de 1993.

Cuando hablan, entonces, de movilizarse por una nueva constitución, a lo que se refieren realmente es a la “presión” que desde la “sociedad civil” se pueda hacer para que el legislativo o el ejecutivo convoquen a una asamblea constituyente en el marco de los poderes existentes, lo cual desde ya la castraría de todo elemento progresivo ya que - de darse - seria en conciliación no solo con los partidos de la derecha más conservadora que hoy controlan estos poderes del estado, sino también con los capitalistas que son los que controlan los hilos de la economía nacional.

Nosotros, desde Resistencia Sur, no compartimos esta posición ya que consideramos que no ayuda a solucionar los problemas de fondo del país, sino todo lo contrario, en un hipotético proceso de ascenso social se puede convertir en un freno que ayudaría a desviar la voluntad de las masas por empezar a cambiarlo todo y que ahora se expresa embrionalmente en el “que se vayan todos”.

Por eso, nosotros llamamos a una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, la cual no podrá nacer de los poderes impuestos por la dictadura de Alberto Fujimori a través de la constitución de 1993 - llámese ejecutivo, legislativo o judicial - sino todo lo contrario, deberá ser impuesta por la lucha de la clase trabajadora y el pueblo, negando precisamente las instituciones del actual régimen ya que estas reflejan los intereses de los grandes capitalistas y de una casta de políticos corruptos al servicio de los ricos. Solo una Asamblea Constituyente que goce de la libertad para legislar sin ningún tipo de presión de los poderes fácticos y que tenga la soberanía para imponer su voluntad, podrá asegurar la posibilidad de empezar a cambiarlo todo.

Aquí podremos decidir si los recursos naturales siguen en manos de unos pocos que no pagan impuestos, que nos sobre explotan con la tercerización laboral y contaminan el medio ambiente o si los nacionalizamos y los ponemos a producir bajo control de los trabajadores y con la fiscalización del pueblo organizado.

En esta Asamblea Constituyente Libre y Soberana podremos también acabar con los privilegios de los políticos corruptos aprobando que desde el presidente para abajo sean revocados por el pueblo cuando incumplen sus promesas y que los diputados y otros funcionarios elegidos por voto popular, a diferencia de lo que sucede hoy que son designados a “dedo”, ganen como un docente. Aquí podremos decidir también si la prioridad del estado es el pago de la fraudulenta deuda externa o la salud, la vivienda y la educación del pueblo trabajador. Desde aquí también podremos acabar con el desempleo, el sub empleo y la precarización laboral aprobando que la jornada laboral para todos sea de 6 horas diarias, cinco días a la semana y que el salario mínimo sea acorde al valor de la canasta básica familiar. Para acabar con la corrupción de los empresarios aprobaremos que se hagan públicos los libros de contabilidad de sus empresas para saber realmente cuánto ganan, así mismo, quienes incumplan con sus trabajadores y cometan actos ilícitos como Odebrechet deberán ser expropiados sin derecho a indemnización. Así mismo y para acabar con la corrupción del poder judicial y del ministerio público, aquí aprobaremos que los jueces y fiscales sean elegidos por votación universal.

Solo una Asamblea Constituyente Libre y Soberana nos podrá asegurar la posibilidad de discutir estos y otros puntos. Pelear por ella, implica crear desde ahora espacios de discusión en las bases (sindicatos, centros de estudiantes, centros de trabajo, etc.), así como espacios de organización y de lucha.








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