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Red Internacional

Bajo el título de “Ley integral contra la Violencia Institucional”, diputados del Frente de Todos presentaron este miércoles un proyecto de ley con invitados de algunos organismos de Derechos Humanos y de algunas ONG derechistas.

Matías AufieriAbogado | CeProDH

Viernes 23 de abril | 16:00

El proyecto presentado en diciembre pasado, venía siendo anunciado desde mediados de 2020 como respuesta de parte del gobierno nacional a las numerosas denuncias de la situación represiva durante la pandemia.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria, desde la izquierda se denunció la escalada represiva de las fuerzas federales y provinciales, empoderadas por el Ejecutivo de la Nación y los gobernadores para administrar las situación sanitaria con el saldo de decenas de homicidios, torturas en comisarías y cárceles, y hasta desapariciones como la de Facundo Castro, o enormes represiones a los sectores más precarizados de la sociedad, como en Guernica. Ante la falta de respuestas a las familias de las víctimas de las fuerzas de seguridad y la falta de abordaje en el Congreso de la Nación, el Frente de Izquierda realizó una audiencia en julio de 2020 para darle voz a esas familias y a organismos de derechos humanos.

Como señaló Del Caño, la presentación pública del proyecto se da en el marco de la cacería y detenciones masivas de manifestantes ambientalistas en Andalgalá que además denuncian la circulación de camiones del ejército como método intimidatorio, y tras el enorme operativo represivo para desalojar a los trabajadores en lucha del puerto de Buenos Aires, incluyendo el posterior spot publicitario de la Policía Federal y la ministra Frederic que reivindica el desalojo, al mejor estilo de Sergio Berni.

En ese contexto, diputados y diputadas del Frente de Todos que presiden las comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad Interior convocaron a exponer a algunos organismos de derechos humanos. También estuvieron invitados representantes de organizaciones de derecha y defensoras de la mano dura como Usina de Justicia, y Red por la Libertad, que participó denunciando las medidas que rigen en la provincia de Formosa.

Desde la banca de Nicolás del Caño, se pudieron amplificar algunas de las consideraciones que el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) analizó respecto del proyecto y que a continuación se desarrollan.

Buena parte de las propuestas de este nuevo proyecto, son en mayor medida una reproducción de la Resolución 210 de 2011 dictada por la entonces ministra de seguridad Nilda Garré, que establecía “criterios mínimos” para la actuación de las fuerzas federales de seguridad en manifestaciones públicas. Hay que decir que las regulaciones establecidas por aquel protocolo, eran violadas e ignoradas por el mismo gobierno que lo dictó y por sus fuerzas federales en cada protesta de trabajadores ocupados o desocupados, como recordó Del Caño, en el extenso conflicto de la autopartista Lear, con brutales y reiteradas represiones de la Gendarmería, o la detención de un micro entero con familias desocupadas, mujeres y niños que Sergio Berni se llevó detenidos a una dependencia militar de Campo de Mayo por reclamar ayuda social en la Panamericana. O lo que reveló la denuncia del Proyecto X, que desde Gendarmería Nacional se infiltraban y espiaban todas y cada una de las protestas que se producían en las rutas y calles del país.

Es claro que durante el macrismo ese protocolo plasmado por la resolución 210/2011 del Ministerio de Seguridad, directamente se convirtió en papel mojado. La obligatoriedad para los efectivos de portar identificación, de no portar armas letales, de no utilizar agentes químicos, o de garantizar la actividad periodística en las manifestaciones, fueron ignoradas deliberadamente desde lo más alto del poder político hasta el último miembro de las fuerzas policiales.

Incluso durante un período de tiempo, no existió certeza respecto a cuál protocolo se encontraba vigente. Ante un pedido de información que hizo el CELS en el Senado, el gobierno de Mauricio Macri esgrimió que no se encontraba vigente ni el protocolo de 2011, ni aquel dictado en 2016 por Patricia Bullrich (aquel festejado por la derecha como "protocolo antipiquetes") ya que nunca había sido homologado en el Boletín Oficial.

Luego de eso, en distintas causas penales derivadas de la represión de diciembre de 2017 en el Congreso, en las que el propio Del Caño y Myriam Bregman fueron denunciados por oponerse a la reforma previsional del macrismo, desde el CEPRODH se requirió información acerca del protocolo vigente con el cual intervenían las fuerzas de seguridad en las manifestaciones, y el propio Ministerio de Seguridad de Bullrich (a través de su mano derecha, Pablo Noceti), respondió que el protocolo vigente era el de 2011.

De ello se desprende que si no fue derogado ni siquiera por el macrismo, se encuentra vigente a la actualidad, y el proyecto de ley ahora propuesto (que reproduce textualmente gran parte de ese protocolo de 2011) no agrega mucho a lo que ya rige actualmente.

El análisis de algunos otros aspectos del proyecto son abordados desde el CEPRODH. El artículo 32° hace una definición acotada de aquello que se consideraría manifestación pública, como “agrupamiento de personas ya sea en una concentración o una marcha,espontáneas o planificadas, con el objetivo de expresar un mensaje,reclamo o petición de manera pacífica,no violenta y sin afectar garantías de terceros. Esa definición implicaría incluso un retroceso sobre la normativa vigente, pues abriría la puerta a lo que son cotidianamente las excusas policiales para reprimir: que la marcha no era pacífica, que los manifestantes atacaron primero al operativo policial, o simplemente, que la manifestación ponía en riesgo a terceros, o afectaba el derecho a la circulación. En esos casos, que podrían abarcar a cualquier manifestación a discreción del gobierno de turno, parecerían quedar fuera de la protección de esta ley que propone el bloque de diputados del oficialismo. Esa preocupación fue compartida por algunos de los expositores, como Amnistía Internacional.

Por otro lado, la “formación en Derechos Humanos” propuesta por el proyecto para las fuerzas de seguridad ya existe. Desde hace años vemos a los policías mezclados en las universidades, lo cual muchas veces desde la izquierda hemos criticado. Pero la realidad es que eso ya ocurre. Y el gatillo fácil policial no se ha detenido, sino que aumenta. Si hay órdenes políticas de reprimir la protesta social, a quienes defienden sus derechos contra la minoría capitalista , la policía en su calidad de brazo armado del Estado inexorablemente desatará la violencia institucional.

Como se dijo, muchas de las previsiones propuestas en el proyecto de ley, ya se encuentran legisladas en la actualidad. Actualmente existe la PROCUVIN, una unidad fiscal especializada en investigar la violencia institucional, y otras áreas estatales similares a los nuevos órganos propuestos para recibir denuncias. Otras previsiones propuestas, directamente se perciben completamente infructuosas, como aquella del art 39° que establece la obligación de las fuerzas policiales a guardar el registro de sus operativos durante sólo doce meses, un lapso en el cual casi ninguna investigación judicial sobre el accionar de esas fuerzas tiene mayores avances.

Lo expuesto no quita que resulte necesario garantizar aquello que el proyecto denomina “control ciudadano” en dos artículos, y que reflejan situaciones repetidas incansablemente, ya sea de represalias a ciudadanos que intentan filmar el accionar policial, o la falta de identificación del personal policial, incluso con agentes infiltrados entre los manifestantes y que de buenas a primeras, se calzan un chaleco policial sin identificación alguna y detienen a participantes de la manifestación.

No puede ignorarse que si estas conductas fueran perseguidas judicialmente de manera consecuente, no habría tribunal que resulte suficiente. La mayoría de las causas como algunas de las mencionadas antes, demandan años y son escasas las que concluyen en responsabilidades de los uniformados, ya sea en la justicia ordinaria o en la federal. Ni hablar si la responsabilidad penal por violencia institucional se extendiera a los mandos políticos y civiles de las fuerzas represivas. Ello no está previsto en la ley que propone el oficialismo. Tampoco es claro si incluye entre las hipótesis de violencia institucional, el accionar de uniformados que no se encuentran en servicio, como ocurre tan a menudo.

También resultaría saludable, sin duda, y como plantea el proyecto, que los abogados del Estado no defiendan a los efectivos implicados en casos de violencia estatal. Eso es una constante hasta el día de hoy, con varios ejemplos en causas en las que el CEPRODH es denunciante. En el caso Maldonado, tanto a los gendarmes, como a quienes fueran funcionarios del Ministerio de Seguridad, aun los vemos defendidos en las causas penales por quienes ejercieran como abogados de ese Ministerio. También sucedió en la causa del recordado “gendarme carancho”, quien reveló que en 2014 el Ministerio de Seguridad por orden de Sergio Berni le asignó un abogado defensor de Gendarmería, y lo instó repetir un libreto elaborado en ese Ministerio, tras haber fingido ser atropellado por un manifestante para detenerlo y abrirle una causa.

Y retornando al caso Maldonado, resulta sintomático que continúen impunes todos los gendarmes y funcionarios que intervinieron en aquel operativo que terminó con la muerte de Santiago. Ni hablar de la información pública que hasta el día de hoy nos niega la conducción actual del Ministerio de Seguridad, al cual le requerimos nos informe sobre las actividades de espionaje ilegal del cuerpo de inteligencia de Gendarmería en Neuquén alrededor de éste y otros casos.

¿Con esto qué queremos decir? Que a las fuerzas represivas se las sigue defendiendo y encubriendo desde el Estado, lo cual no será modificado en esencia por esta ley, como no cambió con aquel protocolo tan parecido a este proyecto en lo que hace a manifestaciones públicas. Fue uno de los expositores de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, invitado por el bloque oficialista, que planteó con contundencia que “el Estado no se controla a sí mismo”.

Tras empoderarse a las fuerzas represivas, e incluso legitimar a las fuerzas armadas para que se muestren en las calles nuevamente bajo excusas sanitarias, un año después se pretende plantear un límite al gatillo fácil con una ley que en el mejor de los casos, propone medidas que ya rigen en la actualidad. No parece que desde allí podamos aguardar mayores soluciones.




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