Megaproyectos. Proyecto Integral Morelos: origen del conflicto por termoeléctrica en Huexca

Este fin de semana, el Presidente López Obrador anunció la realización de una consulta en el estado de Morelos con motivo de la construcción de una planta termoeléctrica en el poblado de Huexca.

Durante su visita a Morelos, AMLO enfrentó protestas de pobladores y activistas a quienes buscó descalificar (al igual que al magisterio michoacano), llamándolos "radicales de izquierda".

El tema fue eje durante la conferencia de prensa de AMLO de este lunes en Palacio Nacional, en donde el tabasqueño insistió en la realización de la consulta y justificó la necesidad de la termoeléctrica presentando un informe sobre la política de abandono a la Comisión Federal de Electricidad por parte de las últimas administraciones del PRI y el PAN, agudizada con el impulso de la Reforma energética.

El jefe del ejecutivo señaló "conflictos de intereses" incubados durante las administraciones de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, entre funcionarios públicos que después "migraron" a empresas privadas; sin embargo, nada mencionó de su propio consejo asesor empresarial, que cuenta con la participación de empresarios como Ricardo Salinas Pliego, que en 2015 recibió por medio de su Grupo Dragón la primera concesión en la historia de México para generar energía eléctrica por medio de geotermia en un campo al sur del estado de Nayarit.

Poco se dijo también sobre la inconformidad de pobladores de la zona con un megaproyecto industrial que, alertan, atenta contra la salud y recursos vitales de un poblado dedicado a la siembra y a la ganadería.

A menos de cien días de gobierno, este es el tercer megaproyecto en la agenda de López Obrador, luego del Nuevo Aeropuerto y el Tren maya, cuyo saldo ha sido hasta el momento favorable a las empresas y a las Fuerzas Armadas -quienes administrarán los recursos de Santa Lucía. No así para quienes denuncian la devastación y el despojo en que se traduce la imposición de megaproyectos.

Huexca: Un conflicto de larga data

El conflicto por la imposición de megaproyectos industriales en el poblado de Huexca inició hace ocho años, cuando en 2011, aún bajo la administración del panista Felipe Calderón, la Comisión Federal de Electricidad comenzó el impulso de uno de sus proyectos más ambiciosos en Morelos, a medio camino entre Cuautla e Izúcar de Matamoros. La Central de Ciclo Combinado (CCC Centro) produciría 622 megawatts por medio de la combustión de gas natural y reuso de gases para calentar agua y convertirla en vapor.

Junto a un gasoducto (que atraviesa zonas de riesgo cercanas al volcán Popocatépetl) y un acueducto (que sobreexplota el caudal del río Cuautla, vital para los ejidos), la construcción de dos termoeléctricas en Huexca forma parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), un plan de inversión mixta con miles de millones de dólares en juego.

Huexca: la resistencia de una comunidad al despojo

El Proyecto busca llevar energía al oriente del estado, particularmente en la zona industrial aledaña a Cuautla, en donde se asientan distintas empresas trasnacionales como Saint Gobain Glass, Continental y Gruinda. Empresas como Bonatti y Enagas, o las españolas Abengoa y Elecnor son las grandes beneficiadas por las termoeléctricas del PIM.

Defensores del territorio llevan varios años en pugna en los estados de Morelos, Tlaxcala y Puebla, enfrentando la persecución y la cárcel, acusados por delitos cuyas penas van de los 4 a los 30 años de prisión.

"Las consultas las gana el que las hace": nieto de Emiliano Zapata

Las promesas de empleo, progreso y turismo no son nuevas para los pobladores de Huexca. Ya desde 2012 Graco Ramírez, entonces en campaña para gobernar Morelos, había invocado el mismo "respeto a la voluntad del pueblo" ante la inconformidad con la megaobra. Unos meses después, tras su toma de protesta, Ramírez envió a la Policía estatal para disolver un plantón con el que los pobladores, desesperados, buscaban detener la construcción.

Pobladores, activistas, defensores de los derechos humanos y organizaciones políticas y sociales suman a la problemática que rodea el PIM la forma en la que la administración de López Obrador busca resolver el conflicto. La consulta, herramienta que ya ha servido a AMLO para aprobar dos megaproyectos muy polémicos, nuevamente está siendo cuestionada y señalada por figuras como Jorge Zapata, nieto del caudillo del sur, Emiliano Zapata, quien calificó la consulta como "amañada". "Las consultas las gana el que las hace", declaró.

Referentes de la lucha contra los megaproyectos, como el Frente de Pueblos en Defensa del Agua, la Tierra y el Aire (FPDTA) de Morelos, Puebla y Tlaxcala, así como la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos han manifestado su rechazo a la iniciativa de López Obrador.

Exigimos que [AMLO] cumpla con el cambio. Jaime Dominguez, poblador opositor al PIM detenido y torturado por el gobierno de Graco Ramírez.

Denuncian que la administración actual ha desoído no sólo los reclamos de la población, sino también las distintas pruebas y argumentos que han aportado especialistas. Retaron al Presidente a beber un vaso de agua despedida por la termoeléctrica, contaminada por metales pesados difíciles de tratar y que, denuncian, sale inclusive de color rojo.

Pobladores que rechazan la consulta exigen, además de la cancelación de ésta, la reparación integral de los daños ocasionados por las obras del PIM.

A pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (la misma a la que AMLO solicitó una recomendación sobre el conflicto magisterial en Michoacán), concluyó en 2018 que el Proyecto Integral Morelos es violatorio de los derechos humanos de la población, la administración obradorista buscar reactivar las obras por medio de una "revisión" al Proyecto.

Según alertan expertos del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) entrevistados este lunes por Carmen Aristegui, tanto el gasoducto como la termoeléctrica están asentados en zonas de peligro eruptivo, cuestión que también fue eludida por el informe de López Obrador.