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Red Internacional

Atentado CFK. Procesaron sin prisión preventiva a los miembros de Revolución Federal

El juez consideró que hay elementos suficientes para acusarlos del delito de buscar instaurar sus ideas por temor o la fuerza, en base a las actividades de sus miembros alentando actividades violentas y amenazas contra funcionarios del Gobiern

Jueves 3 de noviembre | 19:40

El juez Marcelo Martínez de Giorgi procesó a Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, miembros de la agrupación de ultra derecha Revolución Federal este jueves. En la resolución el juez consideró acreditado que los imputados “llevaron a cabo un plan criminal, que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor”.

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Al considerar que las conductas exceden el ejercicio de la libertad de expresión y el ámbito de reserva constitucionalmente amparado, Martínez de Giorgi aplicó el artículo 213 bis del Código Penal para procesarlos, que prevé penas de tres a ocho años de prisión al que “organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”. Además, fueron embargados por nueve millones de pesos cada uno.

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El procesamiento se da luego de que la Cámara Federal dispusiera la excarcelación de los acusados, que fueron liberados este miércoles. Por eso el procesamiento se dicta sin prisión preventiva, acatando la decisión de los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi de la Sala I.

La causa que lleva Martínez de Giorgi investiga las actividades de la agrupación Revolución Federal, de forma separada e independiente de la investigación sobre el atentado contra Cristina Fernández, y la Cámara Federal reafirmó que no hay relación directa. El fallo de Martínez de Giorgi no sostiene que la agrupación estuviera comprometida directamente en la ejecución del atentado a CFK. Pero señala que el accionar de la agrupación “desembocó en la instauración de un estado de alarma social en virtud del atentado contra la vida de la vicepresidenta de la Nación”.

Hay que señalar que, por más reaccionarias y de ultraderecha que sean las ideas de esta u otras agrupaciones similares, es necesario rechazar la persecución por expresar ideas o posiciones ideológicas. Si estas ideas encuentran un “caldo de cultivo”, es por la brutal situación de ajuste y crisis social que sufren millones por responsabilidad del Gobierno, la oposición patronal y los grandes empresarios.

La "grieta" y la investigación del atentado

Esta investigación, como la que sigue el atentado contra la vicepresidenta, abrieron nuevamente una especie de “grieta” entre Gobierno y oposición macrista. Pero lo principal a destacar es que aún queda mucho por investigar y dilucidar en los hechos y preparación del atentado. Por un lado, la querella de Cristina Fernández, presentada en las dos causas, busca investigar que hubo un plan detrás de Sabag Montiel y Uriarte, atribuyendo vínculos financieros hacia la empresa Caputo Hermanos, y atribuyendo conocimiento sobre un “entramado” al diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, entre otras hipótesis. También la querella había pedido que la investigación sobre Revolución Federal sea conjunta a la del atentado, lo cual fue rechazado por la jueza Capuchetti, y respaldado por la Cámara Federal.

Por el otro lado, que la resolución de la Cámara sea por magistrados vinculados íntimamente al macrismo como Llorens, Bruglia y Bertuzzi inevitablemente cubre de parcialidad las evaluaciones y decisiones sobre la investigación. Sus fallos otorgando impunidad al espionaje ilegal del ex gobierno macrista son una muestra de que no buscarán investigar a determinados sectores políticos si resultaran vinculados a estas causas.

Los abogados de Cristina Fernández adelantaron que apelarán la decisión de los camaristas por considerar un “escándalo” la excarcelación de los imputados de Revolución Federal. Este miércoles Alberto Fernández criticó duramente a los jueces Bertuzzi y Bruglia por usurpar su cargo, y no investigar seriamente el atentado contra la vicepresidenta, lo que precipitó que hoy Bruglia renunciara a la Asociación de Magistrados y adelantara que prepara una demanda contra el presidente.


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