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Red Internacional

El empresario instigaba la detención ilegal y torturas a 17 trabajadores de Salta y Tucumán que eran parte de una corriente sindical combativa.

Maximiliano Olivera@maxiolivera77

Jueves 17 de diciembre de 2020 | 15:45

La Justicia Federal procesó al empresario Marcos Levín como “instigador” del delito de privación ilegítima de la libertad y tormentos contra 17 trabajadores de su empresa La Veloz del Norte durante la última dictadura. La resolución del juez Julio Bavio, del Juzgado Federal N°1 de Salta, también incluyó un embargo a Levín por la suma de 1.200.000 pesos.

Bavio también procesó a José Antonio Grueso (ex jefe de Personal de la empresa), al ex comisario Víctor Hugo Almirón y al ex oficial auxiliar Enrique Víctor Cardozo (ambos de la Comisaría Cuarta de la capital provincial). Este es el tercer procesamiento por delitos de lesa humanidad para Levin, quien ya fue condenado en una primera instancia por el secuestro y la tortura del delegado Víctor Cobos, aunque por una anulación posterior continúa en libertad.

Dueño de La Veloz del Norte hasta 2012, Levin continuó sus negocios como dueño de la Terminal salteña, del hotel Alejandro I, la asegurador Nivel, en otros. Fue en su hotel de lujo donde recibió en 2015 a Mauricio Macri y entre abrazos le aseguró que iba a ser el próximo presidente.

Un engranaje represivo

Los testimonios presentados en la elevación de esta causa y los vertidos durante el juicio por Cobos, revelaron que Levín junto a Grueso, Almirón y Cardozo montaron una maquinaria para perseguir, detener ilegalmente y torturar a empleados. El objetivo era avanzar sobre el grupo de trabajadores que apoyaba a Cobos, delegado gremial de la UTA, quien era la cabeza visible de un reclamo salarial en La Veloz del Norte.

El modus operandi incluía la confección de lista de choferes y empleados para su detención ilegal en la Comisaría Cuarta. Allí eran sometidos a todo tipo de torturas para amedrentarlos o que confiesen falsos robos en perjuicio de la empresa. Con esas “confesiones” se armó la fachada legal de una causa penal por delitos de defraudación contra trabajadores de Salta y Tucumán.

“En el legajo se han reunido evidencias suficientes para sustentar un juicio de probabilidad sobre la existencia de las torturas denunciadas”, resaltó Bavio en su fallo. “Se advierte que de los numerosos testimonios brindados por los empleados y ex empleados de ‘La Veloz del Norte’, no existen contradicciones esenciales, palmarias o evidentes que justifiquen invalidarlas, sino por el contrario, la mayoría de los testigos coinciden en que en la ocasión de ser detenidos por una causa seguida por la defraudación en perjuicio de la empresa ‘La Veloz del Norte’, fueron cruentamente torturados con el fin de que confesaran haber participado en la defraudación, suministrando información o inclusive para que involucraran a sus compañeros de trabajo”, explicó el juez.

Además, los testigos y víctimas “fueron contestes en señalar que había una lista con el personal de La Veloz del Norte, en la que se indicaba a la policía quienes debían ser retirados de las diferentes terminales o de sus domicilios y que ésta había sido confeccionada por Grueso, añadiendo que el nombrado era que él indicaba a quiénes tenían que picanear”.

Un genocidio contra los trabajadores

Durante los años que van entre 1973 y 1976 los trabajadores de la UTA protagonizaron en Salta una serie de luchas reivindicativas, centralmente en las empresas La Veloz del Norte y Atahualpa (propiedad de Balut). Tras el golpe de Estado de 1976, los dirigentes sindicales fueron centro de la acción represiva. Carlos Norberto Hoyos, secretario General de la UTA-Salta, fue detenido el mismo 24 de marzo. Días antes, el 2 de marzo, la UTA nacional había declarado el estado de alerta en todas las provincias del NOA por aumentos de salarios, mientras que el 19 la UTA-Salta había anunciado un paro por tiempo indeterminado que fue ilegalizado por el Gobierno. En esos procesos de lucha participó como delegado de La Veloz del Norte, Víctor Cobos quien fue parte de los trabajadores perseguidos por Levin.

Este ilustra el carácter del golpe genocida que buscaba llevar adelante los planes neoliberales, con una represión brutal dirigida a los trabajadores que venían siendo parte de un ascenso revolucionario. Así como Levin, hubo muchos empresarios que fueron parte fundamental del genocidio, como Pedro Blaquier en Ledesma o la burguesía tucumana que prestó sus ingenios para que funcionen centros clandestinos, como pasó también en la Ford o con Paolo Rocca.

En 2016 Levin fue el primer empresario en ser condenado por delitos de lesa humanidad, aunque luego en 2017 la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal de Salta anuló esa condena a 12 años. Esta causa está en manos de la Corte Suprema de Justicia. En la pelea por memoria, verdad y justicia queda una vasta lista de aquellos que fueron partícipes del genocidios y continúan impunemente haciendo negocios mientras pasan los gobiernos.




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