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Red Internacional

Junto a una decena de civiles, militares y policías retirados, Etchecolatz fue procesado por violaciones a los derechos humanos a travestis y trans durante el terrorismo de Estado en centros clandestinos de la zona sur del conurbano bonaerense.

Pablo Herón@PhabloHeron

Viernes 22 de abril | 11:32
Foto: fiscales.gob.ar

La decisión la tomó Ernesto Kreplak, juez federal de La Plata, junto a una serie de procesamientos que involucran a más de un centenar de víctimas en causas de delitos durante el terrorismo de Estado, incluyó denuncias por perseguir, secuestrar, torturar y abusar de personas travestis y trans. Entre los acusados se encuentran civiles, militares y policías retirados, por hechos ubicados en centros clandestinos de la zona sur del conurbano bonaerense: el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y El infierno.

En el Pozo de Banfield “se cometieron diversos crímenes que tuvieron por víctimas a personas en razón de su orientación sexual e identidad de género autopercibida al tiempo de los hechos, evidenciando una situación de palmaria discriminación”, detalló Kreplak.

Hasta el momento en dicha causa consta una denuncia de una mujer trans que se presentó como víctima querellante, es el caso de Valeria del Mar Ramírez. A partir de un trabajo impulsado por Ana Oberlin, auxiliar fiscal que trabajó en los expedientes, se sumaron siete víctimas más que contarán sus historias. Sobre esta base el juez responsabilizó con distintos niveles de participación y responsabilidad a Jaime Smart, Miguel Osvaldo Etchecolatz, Jorge Antonio Bergés, Roberto Balmaceda, Alberto Candioti, Carlos María Romero Pavón, Juan Miguel Wolk, Héctor Di Pasquale y Luis Horacio Castillo por secuestros, torturas y vejámenes.

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En los relatos se describen secuestros encontrándose en situación de prostitución, golpizas y traslados al centro clandestino ubicado en Banfield. Una de ellas denunció que allí las “tiraron como animales, con hambre, frío, maltrato, corte de pelo, violadas, tratadas malísimamente”. A su vez describieron maltratos físicos, insultos por su identidad de género y sometimiento a la servidumbre.

El juez consideró que “el constante hostigamiento y criminalización sufrido estructural e históricamente por las disidencias sexo-genéricas (...) alcanzó niveles de intensidad y sistematicidad mayores en la época”. La contextualización vale para la época. Previo a la dictadura la persecución y hostigamiento estatales a las personas LGBTIQ+ eran la norma, la extrema derecha peronista, bajo el gobierno de Isabel Perón, llegó a publicar panfletos titulados “Acabar con los homosexuales” proponiendo formar brigadas callejeras para dar “caza a estos sujetos vestidos como mujeres”.

La dictadura tuvo como objetivo disciplinar y aniquilar a los sectores organizados de trabajadores y estudiantes que protagonizaron gestas como el Cordobazo y planteaban un cuestionamiento abierto al poder de la clase capitalista. Por eso desarrolló una maquinaria represiva en pos de realizar una reestructuración política, social, económica y cultural. En ese camino tuvo un ensañamiento particular con las mujeres y las personas LGBT, como describen las víctimas en sus testimonios.

Pasaron décadas desde aquellos hechos, por eso persiste hasta el día de hoy el reclamo por justicia, de cárcel a los genocidas y apertura de todos los archivos, tras la larga lucha de las víctimas, los sobrevivientes y los organismos de derechos humanos independientes de todos los gobiernos y el movimiento democrático.




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