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Red Internacional

Con el aval de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, el superministro busca imponer un plan de grandes recortes al presupuesto nacional con graves consecuencias para las grandes mayorías. Su objetivo es cumplir con las exigencias del FMI y prepara nuevos ataques para intentar lograrlo.

Matías Hof@HofMatias

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Miércoles 24 de agosto | 23:25

Sergio Massa se mostró orgulloso en Twitter de haber cumplido sus primeras 20 jornadas de mandato publicando la resolución que congeló las contrataciones en el Estado y aprovechó la ocasión para remarcar que: “Uno de los compromisos que marcan nuestra hoja de ruta es el orden fiscal de los gastos del Estado”, una forma elegante de referirse al ajuste. El lunes ya había oficializado un recorte presupuestario por $ 110.000 millones en educación, vivienda y salud, sumando más ataques a las grandes mayorías, luego de haber realizado un tarifazo en los servicios públicos. El “orden” de Massa, es el del régimen del FMI que exige hacer caer el presupuesto nacional para bajar el déficit fiscal (la diferencia entre gastos e ingresos) hasta el 2,5 % del PBI.

Veamos las principales medidas de esa “hoja de ruta”:

  • Servicios públicos: con la baja en los subsidios que se convertirán en un tarifazo para millones de familias, el Gobierno estima que dejará de destinar $ 47.500 millones para 2022 en energía y $ 2.000 millones en agua (el recorte en gas será sobre todo en 2023, por estar terminando el invierno).
  • Derechos que debería garantizar el Estado: el ministro redujo los fondos disponibles en $ 50.000 millones para educación, en $ 10.000 millones para salud y en $ 50.000 millones al programa Procrear (créditos para primera vivienda).
  • También recortó $ 70.000 millones en incentivos a la producción y $ 20.000 millones en obra pública. Dos de los pilares del crecimiento económico, según el discurso del Frente de Todos.
  • Congelamiento de las contrataciones en el Estado: afecta a los trabajadores de la planta y de las empresas del sector público, así como a las privadas prestadoras de servicios. Además, las nóminas de personal serán monitoreadas e informadas mensualmente por el INDEC.
  • Inflación: se estima que la inflación de agosto volverá a ser alta, alrededor del 6 %. La suba general de los precios no depende sólo del Estado, pero Massa no ha tomado ninguna medida nueva para combatirla y la sigue utilizando para licuar el conjunto de las partidas presupuestarias.

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El ajuste no es para todos

Las disposiciones que no dejó de tomar son aquellas que benefician a las grandes empresas:

  • Concesiones a las patronales agrarias: este miércoles confirmaron que extenderán la vigencia del corte de biodiesel del 12,5 %, garantizando un importante caudal de ventas a los productores de soja (materia prima necesaria para su fabricación). Además ya habían puesto en funcionamiento el sistema de prefinanciación de exportaciones, que permite los productores agropecuarios quedarse hasta 6 meses con los dólares de sus ventas antes de liquidarlos (antes tenían sólo 5 días). Están en discusión mejoras fiscales y modificaciones en el “dólar soja”.
  • Tasa de interés: el Banco Central definió una suba de tasas de casi 10 puntos a comienzos de agosto. Con esa decisión, la tasa que se paga por las Leliq escaló al 69.5 % (TNA). Esta medida, además de beneficiar a quienes especulan con tienen Leliqs (grandes bancos en su mayoría) tiene como consecuencia un mayor enfriamiento de la economía, al encarecer cualquier tipo de actividad que de alguna forma esté ligada al crédito.
  • Empresas exportadoras de servicios: a las corporaciones de la llamada “economía del conocimiento”, como Mercado Libre, le fueron aumentadas sus exenciones impositivas.

Ante la gravedad de la crisis económica generada por las propias políticas del Frente de Todos, Alberto Fernández y Cristina Kirchner acordaron empoderar a Massa para que profundice el ajuste que ya estaba en curso. Lo realizado en estas tres semanas aunque ya implica graves ataques a las grandes mayorías, no alcanza para cumplir las metas pactadas con el Fondo Monetario. Para ponerle un freno al plan del Gobierno es fundamental un paro nacional y un plan de lucha que exige recomponer los ingresos de los trabajadores y sus familias, poniendo los recursos del Estado en función de las necesidades de la mayoría de la sociedad y no de los intereses de unos pocos empresarios.

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