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Red Internacional

Contrapunto con el economista Alfredo Zaiat, quien negó en su editorial que las medidas del Gobierno implicasen un ajuste, sino que se trataría de una "reconstrucción".

Lucía Ortega@OrtegaLu_

Lunes 16 de noviembre de 2020 | 00:01

En su editorial dominical de Página 12, el economista Alfredo Zaiat salió en defensa de la dirección de la política económica del Gobierno de Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán argumentando que no hay en curso ningún ajuste. Insólita afirmación, precisamente en la semana en la que se habla del "giro ortodoxo" de la política de Guzmán.

Este giro se adjudica a los últimos anuncios del ministro, en los que anticipó que buscará un acuerdo de facilidades extendidas con el FMI (que aterrizó en el país con alfombra roja), la eliminación del IFE (no habrá cuarta entrega), una nueva fórmula de movilidad para los jubilados, la eliminación de precios máximos, el descongelamiento de tarifas, la emisión de bonos de deuda a la medida de Fondos especulativos como Pimco y Templeton, entre otras medidas.

No obstante, bajo el título "Las mentiras del ajuste", Zaiat sostiene que "teniendo en cuenta el contexto económico y sanitario local e internacional" hay que "relativizar la excitación de calificar a esas iniciativas del gobierno de Fernández como parte de un "`plan de ajuste´". Es más, no sólo dice que no hay en curso un ajuste, sino que las medidas implicarían una "reconstrucción".

Realidad mata relato

- Presupuesto 2021: Zaiat sostiene que pasar de un 7 u 8 % del PBI de déficit primario a un 4,5 % del PBI, como estipula el proyecto de Presupuesto, no puede ser definido como un ajuste. Esto es así, según Zaiat, porque, por un lado, "el gasto primario de la Administración Nacional sube de 17,9 a 20,6 por ciento del PIB de 2019 a 2021". Y porque también, "el pago de los intereses de la deuda disminuye de 3,4 a 1,5 por ciento".

En primer lugar, lo que nos interesa ver cuando hablamos de "ajuste" desde nuestra óptica es si los sectores populares y los trabajadores verán recortadas las partidas sociales el año que viene en relación con la situación actual. Y aquí no hay forma de tapar el sol con las manos: el Presupuesto implica un recorte de 9,5 % del gasto primario en términos reales contra el 2020.

Para ser más exactos, el total de gastos sin contar los intereses de deuda pasará de $6,6 billones a $7,7 billones. Significa un incremento de 16,7% en términos nominales, lo cual descontando la inflación de 29 % que proyecta el propio Guzmán, representa un recorte real de casi 10 puntos (-9,5%).

Zaiat realiza el mismo artilugio contable del Gobierno: contrasta las partidas contra el año 2019 (omite que existe el año 2020) y no analiza su evolución real, sino que las muestra como proporción del PBI. El hecho de que para el año que viene el nivel de actividad será mucho más bajo que el del 2019 (que es lo que aparece en el denominador) hace parecer que las partidas presupuestarias son más elevadas, pero cualquier regla de tres simple matemática permite ver esa maniobra.

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La segunda falacia es decir que la reducción del déficit primario responde a una reducción de los intereses de la deuda, pues en el déficit primario por definición no se cuentan dichos intereses. Es decir, baja el déficit porque baja el gasto en relación con los ingresos, lo que para el común de los mortales significa un ajuste.

Servicios de deuda con los privados que, por otra parte, seguirán representando $550.560 millones, el 1,5% del PBI. Esto es, el equivalente a 6 rondas de pagos de IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) para 9 millones de personas.

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Pero hay una evidencia más clara del ajuste y para el cual no hay que hacer ningún cálculo matemático: Guzmán ya anunció que eliminará el IFE. En tanto que el Presupuesto prevé una reducción real del 36 % en la tarjeta alimentar, una rebaja del 7% de las AUH y un recorte de 9,4 % en salud. ¿Se terminó la emergencia sanitaria y la emergencia social? Nada de ello. La pobreza afecta a casi una de cada dos personas, el desempleo escaló y los ingresos se derrumbaron contra los precios. Sin contar que la pandemia no tiene fecha de expiración.

Para peor, contra dicho argumento de Zaiat, el propio Guzmán le adelantó a los enviados del Fondo que buscará reducir aún más el déficit, buscando acercarse lo más posible al 3% del PBI que pide el FMI. Se habla de 3,5% a 3,7 % como meta.

- Jubilados: Ante la nueva propuesta de movilidad previsional, que es la fórmula con la que se actualizan los haberes jubilatorios, las pensiones y las asignaciones familiares, Alfredo Zaiat repite el argumento de Cecilia Todesca respecto a que la nueva fórmula es mejor porque "permite compartir a los jubilados el crecimiento de la economía".

A decir de Zaiat, algunos números del ajuste a los jubilados son elocuentes:

  • Con el macrismo los jubilados perdieron casi 20 puntos de poder adquisitivo. Fernández prometió devolverles algo, pero lejos de eso, cristalizó la pérdida, lo que significó un "ahorro" de $ 72.000 millones gracias a la suspensión de la movilidad.
  • Un jubilado que en diciembre de 2019 cobraba la mínima tuvo este año un incremento del haber de 29% con los aumentos por decreto. Si hubiese percibido lo que arrojaba la movilidad previsional (que el Gobierno suspendió con la Ley de Solidaridad), el incremento hubiese sido de 36%. Es decir, hoy percibe $1.000 por mes menos de lo que le correspondería. En total perdió 4 mil pesos en lo que va del año.
  • Un jubilado que en diciembre de 2019 cobraba $30.000 tuvo en 2020 un incremento de 22,4% en lugar de 36%. En forma acumulada perdió casi $26.000 en los últimos 12 meses. Hoy percibe $4.000 menos por mes de lo que le correspondería.

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Si el objetivo no era hacer un ajuste, ¿para qué se suspendió la movilidad previsional? ¿por qué los aumentos por decreto fueron inferiores?

Pero hay más datos elocuentes:

  • La propuesta de movilidad previsional que presentó el Gobierno es una fórmula que ata las jubilaciones a la evolución salarial y a la recaudación de la Anses. Los haberes no podrán superar nunca la evolución de la recaudación anual del organismo más un 3 %. Es decir, que en el hipotético caso de que los salarios crezcan por encima de la inflación (cosa que no está sucediendo) el crecimiento no será "repartido" a los jubilados si la recaudación no acompaña. ¿A quién irá repartido el crecimiento?
  • Si el objetivo es mejorar la situación de los jubilados, ¿por qué la fórmula no establece un piso tal que los haberes nunca podrán crecer por debajo de los precios?
  • Si en lugar de un crecimiento hay una caída de la actividad y la recaudación también cae frente a la inflación, ¿la variable de ajuste serán los jubilados?
  • ¿Cuál es el motivo por el cual se vuelve a una actualización cada seis meses y no cada tres, como es actualmente?
  • El haber mínimo hoy es de $18.129, menos de la mitad de lo que cuesta la Canasta del Jubilado que elabora la Defensoría de la Tercera edad, que supera los $45.000 para llegar a fin de mes. Más del 85 % de las jubilaciones y pensiones se encuentran por debajo de ese nivel. Ninguna fórmula es buena ni podrá recomponer esta situación en sí misma, si no se parte por elevar la jubilación mínima que hoy está en niveles de miseria.
  • Ya en diciembre de 2015 esa relación daba como resultado que el haber mínimo, entonces fijado en $ 4.299, alcanzaba para cubrir apenas un 48% de esa Canasta, estimada en $ 8.940.

-Fondo Monetario Internacional: Zaiat sostiene que "la presencia del FMI en la economía argentina es el legado más pesado que ha dejado el macrismo, incluso superior a la deuda con acreedores privados". Y agrega "resulta fundamental eludir los lugares comunes del análisis sobre la negociación con el FMI, y detectar qué habilidad tiene la administración Fernández para ampliar esos estrechos márgenes de autonomía."

Interesante ejercicio el propuesto, toda vez que se omite en la búsqueda de esa "habilidad" el hecho de que Guzmán está negociando un acuerdo de facilidades extendidas con el organismo. Es decir, el acuerdo que mayores condiciones implica para el país y que somete lo somete al menos hasta 2030, de manera directa, a las directivas de Washington y al monitoreo de la economía por parte del FMI.

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¿Será esa misma habilidad la que tuvo Guzmán con los acreedores privados externos, a quienes les concedió, sólo entre una oferta y otra, una mejora de U$S 17.000 millones en sus rendimientos?

El acuerdo de facilidades extendidas vendrá a saldar la deuda que tiene el país con el Fondo por el acuerdo stand by. Se pagará así un total de casi U$S 50.000 millones, porque el Fondo no dejará de cobrarse sus intereses: prestó U$S 44.000 millones, recibirá U$S 5.000 millones más, y se quedará con una hipoteca sobre el país.

Veamos bien. Esa habilidad del Gobierno entonces consiste en convalidar y pagar toda la deuda que tomó Macri con el organismo y que, lo dijo Alberto, financió la campaña de Macri porque financió la fuga de capitales. En otras palabras, el préstamo del FMI sirvió para que un puñado de grandes empresas y especuladores comprara dólares baratos y los sacara del país. Un préstamo "flojo de papeles", sin ningún respaldo legal y además ilegítimo. La deuda recae sobre el pueblo trabajador, que la paga con ajuste. Y quien sabe, también con un intento de que le impongan nuevas reformas estructurales.

Si esto no es ajuste, qué es, qué es

Alfredo Zaiat intenta utilizar la discusión con la derecha para encubrir por izquierda un ajuste histórico. Explica que "en términos semánticos, durante el macrismo las políticas de ajuste se denominaban `sinceramiento´, mientras que ahora las medidas de reconstrucción son calificadas como `ajuste´".

Desde ya, los voceros del macrismo y de Juntos por el Cambio no tienen autoridad moral para denunciar un ajuste del cual fueron impulsores y partícipes, y que la izquierda también rechazó. Pero ello no puede dar lugar a validar un nuevo ataque con rostro "nacional y popular".

Más bien, si se trata de semántica, valdría decir que bajo el gobierno de Fernández al ajuste se lo denomina, ya no "sinceramiento", sino "solidaridad". Solidaridad de los jubilados con los bancos, vaya paradoja de inversión de prioridades.

Es sintomático que esta semana, ante la evidente deriva ajustadora del parsimonioso Guzmán, economistas defensores de la orientación oficial y hasta autodenominados heterodoxos hayan utilizado argumentos de la ortodoxia para justificar el ajuste basados en las "restricciones" económicas. En la jerga de la lucha de clases, esto significa no afectar los intereses de los grupos de poder: los agroexportadores, las mineras, los bonistas, el gran capital en su conjunto.

A las cosas por su nombre: esto es un ajuste, y es necesario no sólo explicarlo, sino también enfrentarlo.

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