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Red Internacional

Educación.. Presupuesto UNAM 2022: Más antidemocracia y desigualdad salarial

El Consejo Universitario aprobó el presupuesto de la UNAM para este 2022, el cual consta de un total de 48 mil 803 millones 369 mil 865 pesos, lo que representa un aumento del 4.6% sin contemplar la inflación, que de contemplarla en realidad no representa ningún aumento, pues las últimas cifras arrojan que el 2021 dejó a México con una inflación del 7.36%.

Jueves 13 de enero | Edición del día

Aún así, el rector Enrique Graue hizo un reconocimiento a los poderes ejecutivo y legislativo “por el esfuerzo que hace la nación para otorgar el presupuesto” a la UNAM, un reconocimiento que en todo caso debería ser al pueblo trabajador que con sus impuestos mantiene la UNAM a pesar de que tan solo un pequeño porcentaje de la población puede acceder a estudiar en la misma.

Del total de presupuesto anual, el 61% estará destinado a la docencia, es decir 29 mil 774 millones 904 mil 641 pesos. Esto representa un 1% más de presupuesto que lo que se destinó a este rubro en el 2021, un poco menos de 2 millones de menos de pesos, sin embargo esto no tiene ninguna correlación ni en contratación de más planta docente ni en un aumento a sus salarios, que como es bien sabido, son altamente precarios.

Al porcentaje destinado a docencia hay que restar los 120 millones de pesos que se llevan los 85 funcionarios de la casta dorada al año en conjunto, que corresponde a sueldos de entre 90 y 183 mil pesos mensuales para cada uno.

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Según datos del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM, actualmente hay contratados unos 45,519 docentes, contando a las y los de carrera, de asignatura, ayudantes y técnicos académicos, que sobra decir, perciben salarios muy desiguales.

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El resto del presupuesto se divide de la siguiente manera: 26.9% para investigación, 7.5% a Extensión Universitaria y 4.6% a Gestión Institucional. Es preciso preguntarnos quién decide la distribución del presupuesto en la UNAM y cómo lo hacen. Como explicamos en esta nota, es el Patronato, conformado por tres “ personas que tengan experiencia en asuntos financieros y gocen de estimación general como personas honorables”, quien presenta ante el Consejo Universitario el proyecto de presupuesto para que este lo apruebe.

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Es decir, la comunidad universitaria no tiene ninguna participación ni en la decisión de la distribución del presupuesto ni en su gestión, que también pasa por el Patronato, conformado por tres personas que tampoco elige la comunidad.

Lo grave del asunto, es que es la comunidad, compuesta por docentes, trabajadores y estudiantes, quien resiente las consecuencias de la distribución del presupuesto. Las consecuencias son concretas, empezando por la precariedad de los salarios de las y los profesores de asignatura que representan el 70% de la planta docentes, la falta de becas suficientes que cubran todas las necesidades del estudiantado para que ese no tenga trabajar para garantizarse el derecho a estudiar, la falta de infraestructura para garantizar espacios higiénicos y seguros en el marco del covid y un largo etcétera.

Esos 120 millones de pesos que se embolsan los altos funcionarios, deberían estar destinados a mejorar las condiciones mencionadas en el párrafo anterior, así como servicios gratuitos para toda la comunidad como serían comedores saludables, transporte seguro, guarderías y centros de lactancia.

Frente al 60% de aumento presupuestal que recibieron las Fuerzas Armadas para este 2021, el 4.6% de aumento a la UNAM es una lágrima y evidencia una vez más cuáles son las jerarquías de este gobierno que desde un inicio prometió que garantizaría la gratuidad y obligatoriedad a la educación, promesa que es aún más irreal si nos vamos al resto de instituciones educativas del país, aún menos afortunadas que la UNAM.

Si ese enorme presupuesto destinado a la militarización del país -que solo puede significar más represión para los migrantes y sectores en lucha, así como más control en los megaproyectos del gobierno y en sectores estratégicos como puertos, aeropuertos y carreteras- fuese destinado a educación, podría no solo garantizarse todo lo que hemos planteado hasta el momentos, sino también la construcción de más infraestructura y contratación de más trabajadores y docentes tanto a nivel básico, medio superior como superior, para cubrir el 100% de la demanda educativa y generar muchas más fuentes de dinero.

Esta es una perspectiva que sólo puede ser conquistada mediante la organización y la lucha de los docentes, estudiantes y trabajadores del conjunto del sector educativo que hoy se enfrenta no solo al raquítico presupuesto otorgado por el gobierno, sino al regreso forzoso a las aulas en plena cuarta ola de contagios en una dinámica en la que día con día se rompe el récord de contagios.

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