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Red Internacional

El ministro de Hacienda Carlos Sadir confirmó el jueves en la Legislatura provincial que se destinarían 140 millones de pesos a las políticas contra la violencia de género y la implementación de la Ley Iara. A su vez, el presupuesto 2021 que está por aprobarse tiene estipulado la asignación de casi 1400 millones de pesos para la subvención de instituciones religiosas. Otro motivo por el cual es necesaria la separación de las Iglesias del Estado y ponerle fin al financiamiento.

Natalia MoralesDiputada del PTS-FIT en Jujuy | @NatuchaMorales

Martes 15 de diciembre de 2020 | 13:03

Como planteamos en esta nota, producto de las masivas movilizaciones en las calles de miles de mujeres en Jujuy puso en agenda el tratamiento y aprobación de una Ley de Emergencia contra la violencia de género.

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Unos de los aspectos planteados desde las bancas del PTS FIT para defender un despacho de minoría, es que el despacho mayoritario acordado por el bipartidismo, convertido en Ley 6.186, no establece un plan concreto de medidas de prevención (licencias, construcción refugios, acceso a la vivienda, subsidios a víctimas, equipos interdisciplinarios, entre otras medidas), con presupuesto acorde y derechos establecidos, como también plantearon las organizaciones de mujeres y diversidad que expusieron en la Legislatura. Además, la misma ley tiene un apartado donde si establece la creación de áreas e instituciones en el Ministerio de Seguridad que apunta a reforzar el aparato represivo policial y seguramente recibirá presupuesto.

Según el ministro Carlos Sadir, el presupuesto del Consejo de la Mujer y el resto de los ministerios de la provincia, para las políticas contra la violencia de género y aplicación de la Ley Iara rondaría en los 140 millones de pesos, 75 para la institución presidida por Alejandra Martínez, y 65 para las instituciones restantes.
La Ley contra la violencia de género aprobada, no establece, por ejemplo: cuántos subsidios y de qué monto estarían disponibles para las víctimas de violencia de género, cuántos refugios se construirán durante la emergencia, qué plan de viviendas, cuántas líneas telefónicas o equipos interdisciplicarios con plenos derechos, se garantizarán para implementar la ley, deja abierta la puerta para que la asignación de presupuesto sea “el posible” de un plan de ajuste en la provincia y a nivel nacional, donde ganan las corporaciones y multinacionales, y la vida y derechos de las mujeres siguen siendo relegadas.

Según los documentos del presupuesto enviado por el ejecutivo puesto a disposición de los legisladores, la provincia tiene asignado 65 millones de pesos del rubro Planes y Programas para erradicar la Violencia de Género, 24 millones del Plan de Prevención de Violencia de Género con Inserción…, y 12 millones en el Programa de Atención Integral de la Violencia de Género. El resto de las partidas, 39 millones, para llegar a un total de 140 millones de pesos, si tomamos la afirmación del ministro Sadir, no está detallado.

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Por otro lado, es llamativo el monto, que el presupuesto 2021 de Jujuy destina para subvencionar a las instituciones religiosas, establecido en 1.330.875.080 pesos, más 13 millones para el funcionamiento del Seminario Mayor, y 1.100.000 para pagar la energía eléctrica a las capillas e iglesias. O sea, que el Estado financia a las instituciones Eclesiásticas casi 10 veces más el presupuesto para políticas contra la violencia de género, una demandas de ciento de miles de mujeres y personas de la diversidad.

Esta información deja al descubierto que las mujeres y disidencias no somos jerarquía, a pesar de que lideramos los peores índices: de femicidios, embarazos adolescentes, pobreza y desocupación en Jujuy, y que a la misma vez es el Estado el que tiene profundos lazos con las Iglesias, la misma que avala a curas abusadores de menores como en El Carmen, para tengan injerencia en la vida de las mujeres y niñas, obstaculizando la garantía de derechos de hace cien años como la ILE o la interrupción legal del embarazo, sino que también, es financiada por el mismo.

Queda claro, que el accionar del bipartidismo en la provincia, y la preocupación expresada ante los femicidios y violencia de género, fue una puesta en escena para desviar la lucha de miles que coparon las calles de Jujuy. Por eso, además de financiar a las Iglesias, cuyas instituciones y referentes como el cura Germán Macagno militan la campaña a favor de la clandestinidad del aborto, destinan un presupuesto donde ganarán los ricos de Jujuy, como las multinacionales mineras, Blaquier y Ledesma y los empresarios del tabaco y el agronegocio.

Otro motivo por el cual se hace urgente la separación de las Iglesias del Estado, para ponerle fin al financiamiento, como también reforzar nuestra lucha en las calles por presupuesto acorde para políticas de prevención contra la violencia de género y no para el FM. Para que se garantice ILE, ESI, por aborto legal sin objeciones y por todos los derechos de las mujeres trabajadoras, jóvenes y pobres de Jujuy.

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