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Red Internacional

Basta de ataques. Prestaciones de salud y escolares en peligro: las consecuencias del ajuste en discapacidad

Trabajadores, pacientes y familias de personas con discapacidad viven con gran preocupación e incertumbre estos días. Una nueva demora en los pagos de las prestaciones, que se produce después del recorte en salud realizado por Massa, fue denunciada en movilizaciones de todo el país. Un nuevo ajuste sobre un ajuste que ya se siente y sufre todos los días.

Celeste Vazquez@celvazquez1

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Martes 30 de agosto | 16:57

“Queridas Familias: queremos compartir con ustedes nuestra gran preocupación por el agravamiento de la situación del Sector de Discapacidad. Nos encontramos sufriendo un nuevo retraso generalizado en los pagos de todas las prestaciones. Las cobranzas, que actualmente tienen un plazo de pago promedio de meses, suman un nuevo diferimiento informado por la Superintendencia de Servicios de Salud el pasado jueves 25 de agosto. Por tal motivo, nos mantenemos en estado de alerta, y los iremos manteniendo informados sobre la evolución de la situación”.

Mensajes como este, enviado en este caso por un centro terapéutico dedicado al tratamiento de niños y jóvenes con trastornos neurológicos a sus pacientes, circulan de manera masiva desde este lunes en las listas de mails y grupos de whatsapp de prestadores y familias de personas con discapacidad, que viven estos días con extrema preocupación e incertidumbre.

El “nuevo diferimiento informado por la Superintendencia de Servicios de Salud” en los pagos en las prestaciones por discapacidad fue informado luego de que se conociera la decisión de Sergio Massa de producir un recorte de $ 10.000 millones en el sector salud. Una muestra clara de lo que significa en concreto ese recorte.

Hay que agregar que Massa también recortó fondos en educación (afectando al presupuesto destinado a jardines iniciales y el programa Conectar Igualdad) y vivienda. Todo una señal de hacia dónde va la gestión del superministro, con el apoyo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

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El tijeretazo de Massa y la primera respuesta en las calles, en una serie de acciones a nivel nacional y Ciudad de Buenos Aires, pusieron bajo la lupa la precariedad en la que trabajan quienes se ocupan de dar prestaciones a personas con discapacidad y la angustia de pacientes (y sus familias) que no pueden interrumpir sus tratamientos o que necesitan dichas prestaciones para cosas básicas y cotidianas.

Quitarle a un niño, niña o adolescente el transporte diario para ir a la escuela o impedirles que estén acompañados dentro del aula ya sea porque tienen alguna dificultad física o porque necesitan ayuda en su proceso de aprendizaje es más que inhumano. Estas son las duras implicancias del ajuste en curso para muchas familias.

Pero hay que decir que el ajuste en discapacidad viene de antes y de hace rato. Fernando Gallarraga, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en diálogo con Ernesto Tenenbaum y su equipo del programa Y ahora quien podrá ayudarnos (Radio con Vos) en la mañana de este martes quiso minimizar las protestas que se realizan en rechazo al ajuste. Y en su defensa expresó que “fueron solo 7 días de atraso”. No son solo 7 días, porque quienes trabajan brindando prestaciones están cobrando, como mínimo, con una demora de 3 meses en un contexto inflacionario muy fuerte. Es decir que son días de atrasados, después de 3 meses de atrasos.

El ajuste viene de antes y hace rato también porque además de esta demora en los pagos, ya hay pedidos de cirugías y tratamientos por discapacidad que están congelados o no son autorizados por obras sociales y pre-pagas. Porque ya hay demoras de 3, 4 y hasta 5 meses en turnos médicos. Porque los montos de las pensiones y asignaciones por discapacidad están muy lejos de cubrir necesidades mínimas. En muchos casos además, estamos hablando de pacientes que todavía sufren las consecuencias de la pandemia.

Se trata entonces, de un nuevo ajuste sobre un ajuste que se siente y sufre todos los días en la salud y en las economías de los hogares de las familias con personas con discapacidad y trabajadores del sector.

Aunque suene trillado, cumplir con las exigencias del FMI tiene estos costos y hay que denunciarlos claramente.

No es una novedad que las personas enfermas o con discapacidad son consideradas un estorbo y un gasto por el capitalismo, que a su vez se encarga de demostraselos. El contexto actual de profunda crisis social amerita más que nunca la total cobertura de los todos los tratamientos necesarios, el pago en término de las prestaciones, la recomposición salarial de las y los trabajadores y un aumento urgente de pensiones y asignaciones por discapacidad.

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