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OPINIÓN

Premio al agronegocio y las mineras: ¿“reconstruir Argentina” con quienes la destruyen?

Mientras el país está en llamas por las quemas intencionales, el Gobierno nacional entrega más beneficios al extractivismo. Malabares oficiales para disfrazar una política ecodestructiva.

Valeria Foglia

@valeriafgl | Editora de Ecología y ambiente

Viernes 2 de octubre | 15:52

Quemas, desmontes, fumigaciones, explosión de cerros, saqueo y contaminación del agua… El agronegocio y la minería a cielo abierto no detuvieron su derrotero de destrucción ni siquiera en cuarentena. El país en llamas, pelado de flora y fauna, contaminado y consumido no bastó para que Alberto Fernández desista de seguir profundizando un rumbo que ya había anunciado durante su campaña electoral. Aunque tardó un poco más que Macri, este 1º de octubre, a diez meses de Gobierno, el Frente de Todos anunció la baja de retenciones a los sectores del agro y las mineras. ¿La excusa? El supuesto de que generan empleo y llenan de dólares las arcas del Estado.

La reducción de las retenciones para el complejo sojero será de 33 % a 30 % en octubre, y según el ministro aumentarán paulatinamente en noviembre (31,5 %), diciembre (32 %), para finalmente volver al 33 % en enero. En tanto, para el sector minero se fijará un tope de 8 % para las retenciones a partir de la reglamentación de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

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Los anuncios estuvieron a cargo Martín Guzmán, ministro de Economía, acompañado por Luis Basterra (Agricultura, Ganadería y Pesca) y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), que presentaron un paquete de medidas con el objetivo de fomentar la producción y el ingreso de dólares a las reservas del Banco Central a través de la exportación de los sectores agropecuario e industrial. Para que no quedaran dudas, de la conferencia participaron los popes del empresariado extractivista: el titular de la UIA, Miguel Acevedo, el presidente de la cámara aceitera, Gustavo Idógoras, Dardo Chiesa de Confederaciones Rurales, Alberto Carlocchia de la Cámara Minera y José Martines, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires e integrante del Consejo Agroindustrial.

Este verdadero festival de extractivistas y remate de beneficios a la crema del agronegocio y la industria contrasta groseramente con las bolsas de mercadería podrida que el Gobierno bonaerense, también del Frente de Todos, arroja a la zanja en Guernica tras la negativa a ingresar al predio por parte de las familias que defienden su derecho a la vivienda y rechazan el desalojo y la represión. También en el marco de una pobreza que ya superó el 40 %.

Guzmán aseguró que buscan “propiciar la recuperación económica de nuestro país”. Junto al estímulo y la compensación a “pequeños productores de soja y cooperativas”, con una inversión de $ 11 550 millones para el sector, también "se reducen hasta fin de año las alícuotas para las ventas al exterior de grano de soja, así como para sus principales derivados”. Sin embargo, el “nada solidario” sector del campo acumula dólares a la espera de una devaluación e incluso exige una baja mayor de retenciones.

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Premio al extractivismo

Con un Gobierno que hace oídos sordos a las protestas en las calles y al activismo virtual contra el acuerdo para instalar megagranjas porcinas, los incendios intencionales en el delta del Paraná, Córdoba y otras provincias, no resulta tan insólito que beneficien a los sectores extractivistas. Y eso pese a una narrativa que apela en ocasiones a la crisis climática y ecológica, que en vistas de las políticas concretas que se impulsan no es otra cosa que un saludo a la bandera en días festivos, como en ocasión de la presentación del deslucido Plan de Políticas Ambientales, que pretende “combatir” la crisis ambiental con educación, en una reunión donde no se habló contra el acuerdo porcino ni el rechazo al pago de la deuda fraudulenta que usan como excusa para desatar aún más el extractivismo.

Control de daños y división de tareas parecen ser la apuesta del Gobierno: por un lado, el ministro Juan Cabandié y Leonardo Grosso, titular de la comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, que pasan de Zoom en Zoom con jóvenes activistas y trazan un diagnóstico de la grave situación ambiental en el país y en el mundo, de la que todos seríamos igualmente responsables. Por el otro, el tridente del extractivismo representado por Guzmán-Kulfas-Basterra, al que se suma el aliado histórico de Grosso, el canciller Felipe Solá, principal impulsor del memorándum de entendimiento con China para habilitar el establecimiento de decenas de factorías de cerdos en el país, con potencial pandémico y contaminante incluido.

Mientras los “verdes” del Frente de Todos militan una inofensiva ley de educación ambiental, hacen malabares para denunciar al agronegocio en general sin señalar las ventajas y los avales que su propio Gobierno otorga a este sector de la mano del área económico-productiva. Son los mismos que en diciembre reclamaban el veto a la modificación de la ley 7722 que protege el agua de Mendoza… y que el Frente de Todos había negociado con el radicalismo.

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Pero este teatro no es gratuito. Los nuevos beneficios a los sectores que arrasan el país despertó el rechazo de ambientalistas. Y es que, más allá de poses y retórica verde de algunos funcionarios, cada vez queda más claro que no hay forma de defender la “casa común” con quienes la destrozan por puro afán de ganancia.







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