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Precios desatados: causas, responsables y perdedores de la inflación

Mónica Arancibia

ECONOMÍA
Ilustración: @marnedelcu

Precios desatados: causas, responsables y perdedores de la inflación

Mónica Arancibia

Ideas de Izquierda

El Gobierno nacional previó una inflación del 29 % para 2021, pero desde octubre del año pasado la suba de precios se aceleró. En julio de este año la inflación registró un aumento del 51,8 % interanual, y la proyección de Martín Guzmán quedó totalmente desdibujada en los primeros meses del año. Si bien se desaceleró en los últimos meses, la inflación todavía no bajó del 3 % mensual.

Los empresarios apuntan contra las subas desmedidas de salarios como los responsables de la inflación, pero en los últimos años los salarios corren por detrás de los precios. Se profundizó el saqueo al bolsillo de la clase trabajadora. Según un informe de Cifra [1], el salario real mantuvo la tendencia descendente que se constató desde 2015, y en especial desde las crisis de 2018 y 2019. En el segundo trimestre del año el salario real promedio de los trabajadores registrados en el sector privado es un 20,1 % inferior al cuarto trimestre de 2015. Para los trabajadores públicos la caída del poder de compra alcanza el 30 %.

La inflación no es un problema nuevo en Argentina. Desde hace más de 15 años la economía Argentina entró en un nuevo proceso inflacionario que no ha hecho más que acelerarse y cuyos costos se reparten de forma muy asimétrica. Unos pocos empresarios situados en sectores estratégicos del comercio, agro e industria logran sacar tajada de esta desorganización de la economía, mientras que la clase trabajadora y otros sectores populares corren de atrás peleando por evitar que la carestía destruya su poder adquisitivo. Los distintos gobiernos oscilaron entre minimizar o hasta dibujar la inflación, como Néstor Kirchner y CFK con Guillermo Moreno, o prometer que "era lo más fácil" ponerle fin, como Macri. Unos y otros alimentaron el fuego del proceso hasta hoy.

La inflación en Argentina es un fenómeno que responde a un conjunto de causas que se retroalimentan, aunque desde distintas vertientes políticas e ideológicas ponen énfasis en uno u otro elemento como el déficit fiscal, o la emisión monetaria o dicen que es multicausal.

¿Cuál es el rol del dólar?

El capitalismo dependiente argentino atravesó en las últimas décadas una serie de crisis agudas que, además de devastadores efectos sociales (que tuvieron lugar mientras algunos empresarios y buitres financieros hicieron fortunas) generó un deterioro de la capacidad de la moneda argentina, el peso, para actuar como tal. Más que el peso argentino, es el dólar el que hoy juega un verdadero rol monetario a la hora de considerar el ahorro o la inversión, dos dimensiones centrales en cualquier economía capitalista. Por eso, la relación peso/dólar se ha convertido en fundamental para la evolución de los precios. Y está relación entre el peso y el dólar quedó trastocada una y otra vez, en las últimas décadas, como resultado del desequilibrio casi crónico en las cuentas externas (la relación económica con el resto del mundo) de la Argentina. ¿Qué explica estos desequilibrios? Para decirlo resumidamente: el atraso económico, la desarticulación productiva profundizada desde los años 90, y la “propensión fugadora” de los capitales que se valorizan en el país, sumada a la sangría de los pagos de deuda. Esto convirtió a las devaluaciones reiteradas del peso frente al dólar en una causa central del proceso inflacionario.

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La megadevaluación de 2002 está en la génesis del proceso inflacionario. Actuó con “retraso” porque la depresión económica impidió en ese momento que se trasladara a precios todo el peso de la devaluación. En 2005, en un contexto completamente diferente, empezó a ponerse en movimiento la remarcación de precios, y desde entonces no se detuvo. Cada ajuste del tipo de cambio del peso frente al dólar se trasladaría con creces a los precios desde entonces.

Inversión anémica: ¿cómo incide en la inflación?

Otro factor que repercute en la inflación es la débil inversión en Argentina, lo que algunos investigadores denominan “reticencia inversora”, y profundiza los problemas de baja productividad del conjunto de la economía argentina. La burguesía en lugar de invertir para mejorar la infraestructura de transporte, o aumentar la capacidad productiva, fuga gran parte de esos recursos. Desde fines de los setenta hasta la actualidad un gran porcentaje de la masa de ganancias que se apropian los empresarios se destinaron a la fuga de capitales. Cuando las reservas son escasas en el Banco Central, la fuga contribuye a posibles devaluaciones que impactarán en los precios. El comportamiento empresarial es la consecuencia de las contradicciones que afronta la acumulación de capital en un país atrasado y dependiente con las características de la Argentina [2].

La baja inversión limita un aumento sostenido de la producción, cuando la demanda mantiene un fuerte ritmo de crecimiento. Esto sucedió durante los primeros años de los gobiernos kirchneristas por el boom internacional en los precios de los commodities y la devaluación durante el gobierno de Duhalde. Cuando eso ocurre la débil inversión contribuye a la inercia inflacionaria.

¿Es solo la emisión monetaria la responsable de la inflación?

Los economistas liberales o de derecha suelen señalar que la emisión de billetes del Banco Central es la causante única de la suba de precios con la cual pretenden justificar el ajuste sobre el gasto público.

Si se observa la evolución de la emisión (crecimiento de la base monetaria, billetes y monedas del Banco Central) en los últimos años estuvo por detrás de la suba de la inflación. El nivel de la base monetaria en los primeros siete meses de 2021 es menor en términos reales a 2019 (-3,8 %), es el nivel más bajo desde 2004, según Cifra [3].

En el tramo final del Gobierno de Mauricio Macri, en acuerdo con el FMI, se redujo drásticamente la emisión monetaria y, sin embargo, la inflación se elevó a 53,8 % en 2019. También se vio que las grandes potencias para atender las consecuencias de la pandemia financiaron gran parte del gasto del Estado con emisión monetaria sin que haya niveles elevados de inflación.

No es posible establecer una relación mecánica entre emisión e inflación, pero tampoco se puede desconocer su influencia sobre la evolución del nivel general de precios de la economía. Por ejemplo, el año pasado por la emisión monetaria para asistir a las empresas, como el programa ATP para pagar salarios, les permitió canalizar recursos hacia la compra de dólares, que estimuló las corridas contra el peso. Los liberales y también hubo voces del oficialismo que bajo el supuesto que la emisión causa inflación cuestionaron programas como el IFE con el argumento de que los sectores más vulnerables se volcaron al dólar. No son los sectores más vulnerables que solo pudieron sobrevivir con $10.000 cada dos meses los responsables de la presión sobre el dólar, fueron los grandes empresarios.

Las privatizadas y los tarifazos en este lío

Otro factor que incide en la inflación es la dolarización de tarifas de la energía y del combustible que viene del menemismo.

Las devaluaciones provocan la reducción de las ganancias en dólares de las empresas de servicios privatizadas, las cuales, ejercen presión para sostener sus beneficios, a través de más subsidios del Estado o ajustando las tarifas al nuevo valor del dólar.

Por los problemas de financiamiento del Estado aumentaron las tarifas de los servicios públicos que empezaron en el último gobierno de Cristina Fernández. Tras los cruces internos dentro de la coalición de Gobierno por el nivel de suba de las facturas, se vendrán nuevos tarifazos para cumplir con las exigencias de ajuste fiscal que demandará el FMI y el conjunto de los acreedores de la deuda pública para que la prioridad del gasto del Estado sea pagar sus deudas.

Los sospechosos de siempre: ¿quiénes aprovechan para remarcar precios?

El Gobierno apuntó contra los empresarios como los responsables de la inflación. Pero es una visión parcial de las causas de la suba de precios. En el escenario complejo de factores que inciden en la inflación, como desarrollamos antes, las grandes empresas que operan en el mercado interno, en productos y servicios que no están atados directamente al dólar, aprovechan para remarcar precios para recomponer, sostener o mejorar sus ganancias. Por este motivo, buscaron burlar los programas y controles oficiales como Precios Cuidados.

En esta carrera por preservar sus beneficios, los grupos económicos más concentrados tienen ventaja para influir en la fijación de los precios. Según la Encuesta Nacional a Grandes Empresas (Enge) del Indec [4], en 2019 de las 500 grandes empresas, 270 corresponden a la industria manufacturera (54%), y 100 corresponden a empresas industriales de alimentos y bebidas (un 20%). Además, de las 500 grandes empresas del país, 309 tienen participación extranjera. Entre las grandes, el capital foráneo explica el 76% de la facturación, el 78% de las ganancias, 82% de las exportaciones y el 84% de las importaciones.

En la producción de alimentos, grandes empresas se concentran en los principales rubros. Por ejemplo, en el rubro de la producción láctea, tres compañías acaparan el 75 % de la facturación total (Sancor, La Serenísima, Danone). En el rubro aceites tres firmas concentran el 90 % de la facturación (Molinos Río de la Plata, Molinos Cañuelas y AGD), y en el sector de productos para cuidado del hogar también son tres empresas las que acaparan el 76 % del total de la facturación (Unilever, Procter&Gamble y Papelera del Plata). La concentración también se observa en otros rubros como analizó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

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Mientras la pobreza subió en 2020 las principales empresas productoras de alimentos mejoraron sus ganancias como Molinos Río de la Plata (familia Pérez Companc), Ledesma (familia Blaquier) y Arcor (familia Pagani), como publicó el periodista Alfredo Zaiat en Página/12.

Otro sector de peso son los supermercados, las grandes cadenas concentran alrededor del 80 % de las ventas totales del sector supermercadista en Argentina, entre las que se encuentran Carrefour, Cencosud (Disco, Jumbo, Vea), Coto, y Wal-Mart.

Ilustración: @marnedelcu
Ilustración: @marnedelcu

Por su parte, el incremento del precio de la soja y otras materias primas también presionó sobre los precios locales por la importancia de las exportaciones agrarias. Las patronales agrarias priorizan sus ganancias a que la población pueda comprar alimentos baratos en el mercado doméstico. Solo diez multinacionales concentran el 80% de las exportaciones agrícolas.

Hoy existe un monopolio privado del comercio exterior, que se profundizó desde los 90, donde unas pocas empresas mayormente extranjeras, como Cargill, Cofco, AGD, Bunge, entre otras, pueden hacer lo que quieran. Muchas firmas controlan sus propios puertos, Cargill tiene incluso una flota propia.

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Otro ejemplo es lo que sucede con el aumento del precio de la carne. En la fijación de precios intervienen los grandes ganaderos y los frigoríficos, muchos de los cuales exportan al exterior obteniendo jugosos ingresos. Así, esperan obtener en el mercado interno ganancias equivalentes. Por ejemplo el kilo de asado subió un 82,9% en 2020 en el Gran Buenos Aires, según el Indec, mientras que la inflación fue de 36,1% en el mismo período. Los principales frigoríficos que exportan son Compañía Bernal, Coto, JBS, Swift, Ecocarnes, Grupo Beltrán, American Meet Company, Frigoríficos Rioplatense, Carne Hereford S.A., Arrebeef, entre otras. En la industria avícola (pollo y huevos) las empresas de peso son el Frigorífico Soychu, Avícola Capitán Sarmiento (Granja Tres Arroyos) o Las Camelias. En el caso del azúcar, los que presionan sobre los precios son los ingenios del norte, como Ledesma de la familia Blaquier.

¿Quiénes pierden con la inflación?

Mientras los grandes empresarios presionan por mantener sus ganancias, lo contrario ocurre con los salarios que son devorados por la inflación. Las reiteradas devaluaciones de las últimas décadas (2002, 2014, 2016, 2018, 2019), si bien fueron de distinta magnitud tuvieron como resultado: reducir el costo salarial en dólares y en pesos, atacar el poder adquisitivo del salario.

En los últimos tres años los aumentos de salarios estuvieron por detrás de la inflación. En el acumulado hasta junio de este año solo los salarios del sector privado registrado están prácticamente empatados con la inflación, mientras pierden los trabajadores públicos y los no registrados. Todos los segmentos laborales en junio de este año tenían un poder de compra menor que en el mismo mes de 2020 y menor que cuando asumió Alberto Fernández. De seguir esta tendencia, este año sería el cuarto año de caída del poder de compra.

Los justos reclamos de recomposición salarial que buscan recuperar la pérdida provocada por la inflación, será respondida por la clase capitalista con un aumento de precios para compensarse, cuando se vea obligada a pagar mayores salarios. Al mismo tiempo, el Gobierno del Frente de Todos, con la activa participación del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, se encargó de que las paritarias corran detrás de la inflación a pesar del discurso electoral que indica que los salarios tenían que recuperar poder de compra.

De Macri a Fernández: responsabilidades en alimentar a la bestia

En el marco del conjunto de factores que inciden en la inflación, los gobiernos de Macri y de Fernández comparten responsabilidades por las políticas que amplificaron la suba de precios.

El gobierno de Macri profundizó los desequilibrios de la economía como la inflación. La devaluación del peso frente al dólar en diciembre de 2015, los tarifazos y la dolarización de las tarifas de los servicios públicos agravaron la inflación durante 2016. La corrida cambiaria de abril del 2018 terminó en el regreso del FMI y se aceleró el ritmo de ajuste fiscal para cumplir con la repetida meta del “déficit cero”. Tras la derrota en las Paso en 2019 hubo una nueva disparada del dólar.

Durante el gobierno anterior ingresaron dólares de los capitales especulativos para aprovechar el diferencial de las altas tasas de interés locales para aumentar sus ganancias en poco tiempo y después los cambiaban a dólares. Se creó un gran negocio para los bancos, fondos de inversión amigos y otros. Cuando los especuladores perdieron confianza en recibir los dólares a cambio de sus inversiones en pesos salieron del país abruptamente vendiendo las Lebacs (y otros títulos) a cambio de dólares y generaron un salto del tipo de cambio, que como toda devaluación, provocó que se retroalimenta la inercia inflacionaria.

Luego el Banco Central, durante el Gobierno de Alberto Fernández, tuvo una política de minidevaluaciones administradas del tipo de cambio oficial que empujaron a una suba de precios. En 2020 el dólar oficial subió por encima de la inflación. Y la inflación por encima de los salarios. En 2021 decidió frenar los ajustes del tipo de cambio para contener la suba de precios, pero con la inercia desatada la inflación todavía no bajó del 3 % mensual en lo que va del año.

La responsabilidad oficial en la inflación también se plasmó en las subas en los combustibles bajo la lógica de mejorar la ecuación de ganancias de las petroleras, en particular los negocios de Tecpetrol (Techint), YPF, Chevron, PAE, entre otras compañías que operan en Vaca Muerta. Desde agosto del 2020, cuando se decidió un incremento, hasta mayo de este año, en promedio, aumentaron alrededor del 55 %. Esto impacta en todos los otros sectores económicos que usan los combustibles como insumos.

¿Cómo atacar la inflación?

Ante las maniobras empresarias para remarcar precios una medida elemental son los comités de trabajadores y usuarios para el control de precios desde los lugares de producción, pasando por todos los canales de distribución hasta la venta, y la exigencia de apertura de los libros de contabilidad de todas las empresas que aducen que “necesitan” ajustar sus precios. También control de los stocks dado que las empresas recurren muchas veces al desabastecimiento para presionar y aumentar precios.

La pelea contra la remarcación debe estar unida a la defensa del poder de compra del salario y, más en general, de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Por eso son necesarias medidas como la escala móvil de salarios en función de la inflación, y un salario mínimo igual a la canasta familiar [5]. También hay que actualizar automáticamente por la inflación las jubilaciones, asignación universal por hijo, y otras prestaciones sociales.

Para poner un freno a la inflación se necesitan medidas orientadas a atacar sus causas. La expropiación de los 4.000 principales terratenientes, los puertos en manos privadas y los complejos cerealeros, impediría que jueguen con los precios de los alimentos, a la vez que reorientar la producción hacia el mercado local para evitar la presión de establecer precios internos según los precios internacionales. Con la nacionalización de los servicios públicos, bajo control, administración y gestión de trabajadores y control de los usuarios populares, se podría acceder a tarifas bajas o gratuitas para quienes no pueden pagarlas.

El comercio exterior no puede estar concentrado en pocas manos privadas. Medidas como establecer la nacionalización del comercio exterior, bajo gestión de sus trabajadores, permitirían disponer de los dólares que entran y salen del país. De esta manera, se evitarían las devaluaciones violentas porque sería más sencillo el control del tipo de cambio. En el mismo sentido, para frenar la fuga de capitales hay que nacionalizar el sistema financiero, y crear una banca estatal única: permitiría reorientar el crédito interno, hacerlo barato y accesible, de modo que permita el acceso a la vivienda popular algo imposible en las actuales condiciones donde casi no existe el préstamo hipotecario; también para que el pequeño comercio y productor en crisis pueda acceder a financiamiento barato no como ahora que los bancos cobran tasas usurarias; también para el consumo popular terminando con el robo que hacen las tarjetas de crédito con tasas de interés por las nubes; pero también para que existan recursos para la inversión en actividades industriales y de los servicios e infraestructura que apunten a subir la productividad del conjunto de la economía.

Se trata de un conjunto de medidas de otra clase, que llevará adelante la clase trabajadora con el apoyo de los pequeños productores y comerciantes para reorganizar la economía en función de las necesidades de las mayorías y no de unos pocos en la perspectiva de un gobierno de trabajadores.


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NOTAS AL PIE

[1Pablo Manzanelli y Daniela Calvo, “Informe de coyuntura N.° 36”, en http://www.centrocifra.org.ar/docs/Informe%20Coyuntura%20N%2036.pdf.

[2Para un análisis de este proceso y sus causas en la Argentina reciente, ver Esteban Mercatante, La economía argentina en su laberinto. Lo que dejan doce años de kirchnerismo, Buenos Aires, Ediciones IPS, 2015, capítulo 6.

[3El dato corresponde a 2019 y surge de la última Encuesta Nacional a Grandes Empresas que elabora Indec. Disponible en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/enge_01_21A14C3F4BA3.pdf.

[4Pablo Manzanelli y Daniela Calvo, “Informe de coyuntura N° 36”, en http://www.centrocifra.org.ar/docs/Informe%20Coyuntura%20N%2036.pdf.

[5La Junta Interna de ATE INDEC calcula una canasta de consumos mínimos que se aproxima más a lo que necesita una familia para llegar a fin de mes: en julio el costo fue de $106.361.
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Mónica Arancibia

@monidi12
Nacida en Bs. As. en 1984. Es economista. Miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas desde 2008. Coedita la sección de Economía de La Izquierda Diario.